¿Te imaginas aprender infinidad de idiomas? ¿Conocer los pensamientos de las personas? ¿O paliar los efectos negativos de las discapacidades físicas e intelectuales? La neurotecnología avanza en este sentido y algunos de estos escenarios podrían estar cerca de hacerse realidad. Pero este desarrollo plantea nuevos desafíos éticos. Es así cómo desde la filosofía, la ciencia y el ámbito jurídico se ha extendido la noción de los llamados "neuroderechos", que pretenden garantizar un futuro –y un presente– en el que las libertades de la ciudadanía no se vean menoscabadas. 

En un estudio publicado el pasado agosto en la revista Cell, investigadores de la Universidad de Stanford mostraron cómo las interfaces cerebro-máquina podían ayudar a descifrar el monólogo interior de personas con parálisis. Esto permitiría restaurar la comunicación con personas que no pueden moverse, pero el equipo científico también reveló preocupación por la posibilidad de leer el discurso privado de los pacientes sin que estos tuvieran intención de expresarlo en alto. Para ello, desarrollaron una estrategia basada en una palabra clave que activa el decodificador. 

"Todo lo que ahora consideramos una discapacidad o una diferencia intelectual o física puede desaparecer y muchas personas que ahora mismo no tienen las condiciones que consideramos normativas pueden acceder a una mejor calidad de vida", declara a Público Ofelia Tejerina, abogada experta en derechos digitales y presidenta de la Asociación Internautas. Estas tecnologías también son útiles para tratar otras enfermedades como el alzhéimer o el párkinson, según apunta Emilia Zaballos, abogada y presidenta fundadora de la Fundación Zaballos. Esta colabora con la Fundación Neurociencias para el desarrollo de los llamados neuroderechos. 

La amenaza de la tecnología para la intimidad 

El desarrollo de esta tecnología puede tener múltiples utilidades, pero también puede hacernos "tecnodependientes", según advierte a este diario Álvaro San Román, investigador en el programa de Doctorado de Filosofía la UNED. "Primero fue el ordenador, sin él ya no podemos trabajar; luego el teléfono inteligente, sin él ya no podemos realizar acciones cotidianas como pagar o realizar trámites administrativos; en algún momento podrán ser los chips intracraneales". Además, con estos dispositivos "no solamente se puede acceder a la información que hay en el cerebro, sino que también se puede extraer y almacenar fuera", destaca Zaballos. Esta nueva realidad tensiona así la garantía de los derechos y libertades fundamentales. 

En concreto, Tejerina apunta a la dignidad humana como el "principal derecho que se puede ver amenazado" y el cual "da fundamento a todos los demás". "Lo que dices, tus movimientos, cómo te mueves, los gestos de tu cara o la expresión no verbal... Todo eso pasa a un segundo plano y llegas al plano de lo que estás pensando". La abogada incide en que "el control de la voluntad humana a través de la conciencia es lo que puede hacer peligrar el resto de derechos y libertades fundamentales a través de la dignidad". 

Álvaro San Román, filósofo: "Los neuroderechos salvaguardan algo que peligra, la privacidad y la autonomía del pensamiento"

"Estamos hablando de tecnología que puede actuar sobre la mente humana de varias formas, como implantes u ondas electromagnéticas, y que puede afectar al individuo", abunda Adolfo Castilla, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Antonio Nebrija. Esto es lo que ha llevado a expertas y expertos de diferentes ámbitos a abordar los peligros de las neurotecnologías y abogar por su regulación. Es así cómo han llegado a desarrollar la noción de los neuroderechos. "Si las interfaces cerebro-máquina son capaces de interpretar nuestra actividad mental, y de alterar nuestras funciones cerebrales, entonces los neuroderechos salvaguardan algo que peligra: la privacidad y la autonomía del pensamiento", explica San Román. 

El neurobiólogo español Rafael Yuste, profesor en la Universidad de Columbia, creó en 2022 la Neurorights Foundation, una organización cuya misión es que "las neurotecnologías se aprovechen para el bien social y se protejan contra el uso indebido", según afirma en su página web. Yuste también es el ideólogo de la Iniciativa BRAIN, un proyecto anunciado durante la segunda Administración Obama y que pretende apoyar el desarrollo y la aplicación de tecnologías que puedan crear una comprensión dinámica de la función cerebral.

Emilia Zaballos trabaja en coordinación con Yuste para algunas de las actividades de la colaboración entre su organización y la Fundación Neurociencias. Indica a este medio que fue con la Iniciativa BRAIN cuando comienza a preocupar la regulación de las neurotecnologías. "Las personas que empiezan con estos avances son los primeros que quieren poner límites", valora. En septiembre de 2021, Chile se convirtió en el primer país en regular esta materia al aprobar modificar su Constitución. La actual Carta Magna del país recoge en su artículo 19 lo siguiente: "La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella". 

Existen otras iniciativas legislativas a escala más local. Dentro de EEUU, en los estados de Montana, Colorado, Connecticut y California; o en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Cantabria busca convertirse en el primer territorio europeo en legislar la protección de los datos cerebrales a través de su ley de salud digital, todavía en elaboración. Sin embargo, Zaballos considera que "hacer leyes locales no resuelve mucho". En su lugar, la jurista defiende el desarrollo legislativo de la protección de la ciudadanía a escala internacional. 

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Neuroderechos fundamentales y tecnoexpansionismo

Estas garantías jurídicas siguen unas líneas generales que se componen de cinco neuroderechos fundamentales. El primero es el derecho a la privacidad mental, que se refiere a "todo el contenido que hay en el cerebro", aclara Zaballos. El segundo es el derecho a la identidad personal, relacionada con la conciencia, los principios y los valores de la persona. El tercero es el derecho al libre albedrío, "es decir, que la tecnología no interfiera en nuestra toma de decisiones", explica Adolfo Castilla. El cuarto hace referencia a otro aspecto de la privacidad: si acceden al contenido de tu cerebro, que esta información no pueda ser utilizada por terceros. 

El quinto es el derecho equitativo. Zaballos aduce que si se desarrollan dispositivos para aumentar la memoria cerebral o ser capaz de hablar más idiomas, "estaríamos creando superhombres y supermujeres y se marcarían más las diferencias sociales", ya que las personas más ricas accederían con mayor facilidad. La jurista remarca la necesidad de garantizar "un acceso equitativo y de manera justificada" para "evitar generar un sistema de discriminación basado en el poder adquisitivo". 

El concepto de los neuroderechos no convence a todo el mundo. "Por la urgencia de la situación, los neuroderechos son de gran utilidad", reconoce Álvaro San Román. "Sin embargo, su misma definición ya muestra la debilidad del derecho frente a la tecnología", matiza. El investigador subraya que "el derecho debe recordar que tiene como fundamento la dignidad de la persona, ya sea en su dimensión subjetiva (neurológica), interpersonal o incluso ambiental, y por lo tanto no debe fragmentarse". 

San Román hace hincapié en que "más nos valdría un sistema jurídico bien armado legalmente frente al desarrollo tecnológico, en lugar de una plétora de derechos elaborados de manera reactiva". El investigador define la neurotecnología como "una nueva fase de la vieja pretensión de control y dominio que trae consigo el desarrollo tecnológico". Un desarrollo que no se ha realizado con la participación de la ciudadanía, sino a expensas de esta, critica. "Frente a la obligación de vivir nuestras vidas tecnológicamente, necesitamos un derecho a la desconexión, porque lo que está amenazado es un mundo en el que poder vivir de maneras altertecnológicas", concluye.