La mayoría de los análisis señalan a EEUU y China como los ogros de Durban, los países egoístas que acudieron a Suráfrica pensando únicamente en su propio ombligo. Mientras tanto, otras naciones mucho menos influyentes trataban de mantener vivo el Protocolo de Kioto con el pretexto de mejorar la situación del planeta pero con la aviesa intención de seguir sacando tajada, como en los últimos años, de este peculiar y complejo acuerdo para combatir el cambio climático. Son los países del Este de Europa, los antiguos miembros de la URSS y sus satélites, que siguen lucrándose al poner en el mercado sus derechos de emisiones de gases de efecto invernadero para que otros países, como España, puedan alcanzar sus objetivos de reducción de estas emisiones. Y salvo que la Unión Europea le ponga remedio en los próximos meses, habrán conseguido su objetivo.

Para conseguir que en 1997 un país como Rusia, de los mayores contaminantes del globo, rubricara el texto de Kioto, se añadió un punto que sirviera de zanahoria, una contrapartida jugosa que le hiciera ver con buenos ojos el resto de compromisos: la posibilidad de vender a terceros países sus excedentes de derechos de emisión. El protocolo fijaba para cada país unos límites de gases nocivos que podrían liberar a la atmósfera y, si rebajaba sus exigencias, podía mercadear con esos remanentes. La clave es que Kioto usó de referencia las emisiones del año 1990, cuando la industria soviética, altamente contaminante, ensuciaba los cielos del planeta a todo trapo. Durante esa década, todo ese poderío industrial murió o limitó su capacidad de dañar la atmósfera con escasos cambios, provocando una falsa caída de sus emisiones.

Rusia, Estonia, Polonia o Ucrania hacen negocio con Kioto

De ahí que hoy un país como Letonia pueda jactarse de haber reducido sus emisiones de CO2 en un 478%, un excedente que le supone importantes ingresos en el mercado de bonos de carbono. En los puestos siguientes del listado de los países que más han recortado la liberación de ese gas se encuentran Estonia (73%), Lituania (71%), Rusia (66%), Finlandia, Bielorrusia, Rumanía (64% cada uno) y Ucrania (60%). España ha comprado toneladas de CO2 a varios de estos países en diversas ocasiones para tratar de cumplir con sus acuerdos de reducción de emisiones comprometidos para Kioto, el tratado que cayó como el Gordo de la Lotería, muy repartido, más allá del antiguo telón de acero.

En Durban, Rusia el principal país por el que se creó esta peculiar situación no ha querido sumarse al reducido grupo que apostó por prorrogar Kioto. Pero la cuestión del aire caliente, que es como se denomina a esta ingente cantidad de derechos de emisión que poseen los países del Este, no se ha resuelto. Principalmente, por la incapacidad de la UE, una vez más, para ponerse de acuerdo. Por un lado, los países interesados en superar esos privilegios colaterales que suponen que todo el mundo cumpla sin mover un dedo (vendedores y compradores); por otro, los países orientales consideran estos derechos de emisión como sus particulares fondos de cohesión para reconvertir su industria. Y como guinda, Polonia, uno de los estados más beneficiados con este mercado durante este semestre, y por tanto en Suráfrica, ejerce la presidencia de turno de la UE.

El texto en el que los últimos de Kioto la UE, Suiza, Noruega, Australia y Nueva Zelanda acuerdan mantener vivo el tratado hasta 2017 o 2020 sólo recoge una petición para que se evalúen las 'consecuencias de la prórroga' de las cantidades de reducción de emisión de gases asignadas a cada país. 'Está claro que se trata de un problema importante que la Unión Europea debe atajar. En Durban no hubo manera de que unificaran su postura, también por la forma en la que Polonia quiso jugar sus cartas', explica la portavoz de Greenpeace sobre Cambio Climático, Aída Vila, recién llegada de la surafricana cumbre del clima.

En su organización esperan que esta situación se desatasque en la próxima reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas el próximo marzo. Dos meses después expira el plazo para que los firmantes de este Kioto 2 comuniquen sus objetivos de reducción o limitación cuantificada de emisiones, para un segundo periodo que entrará en vigor el 1 de enero de 2013. 'Esta situación se tendría que cancelar en Bruselas, pero no es algo que parezca fácil', asume Vila. Desde su perspectiva, al menos se tendría que tomar una 'opción intermedia' que redujera al máximo ese gigantesco globo lleno de futuribles gases contaminantes con los que Europa oriental se llena los bolsillos.

'Se trata de una situación sobrevenida que debemos corregir. El objetivo de Kioto no era hacer negocio ni quedarse con los brazos cruzados comprando derechos de emisión. Se está pervirtiendo la verdadera intención del protocolo', lamenta la ecologista. Según sus cálculos, se está poniendo tan barato el mercado de bonos de carbono que podría darse la situación de que todos los países de la UE cumplieran sus objetivos del segundo periodo de Kioto sin que 'nadie hiciera nada'.

'Se está pervirtiendo la verdadera intención del protocolo'

Para el responsable de Ecologistas en Acción en la cumbre surafricana, Tom Kucharz, la situación podría empezar a revertirse si países como España, 'que se dicen comprometidos contra el calentamiento global', dejaran de alimentar este mercado con su dinero. 'Todos los gobiernos están tomando decisiones demasiado cortoplacistas; se sirven de un truco, de un engaño que no salva el planeta', asegura Kucharz. Desde su punto de vista, con el dinero que se ha gastado hasta ahora en comprar derechos de emisión se podría haber dado un beneficioso empujón a las energías limpias. 'Es más fácil pagar que enfrentarse a determinados sectores económicos', concluye el activista.