La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es un inmenso árbol que crece sobre los derechos de autor. La ley le impide tener ánimo de lucro y SGAE en sí, no lo tiene. La misma ley la obliga a proteger y gestionar la remuneración de los autores cuando otros usan sus obras. Y ese es el principal destino de su recaudación. También es la ley la que obliga a SGAE a destinar una parte (20%) de lo que recauda por el polémico canon por copia privada (o canon digital) a actividades asistenciales a autores y a promocionar la cultura.

A partir de las obligaciones y de lo que recauda (365 millones de euros en 2010), la ley permite muchas cosas. Permite que SGAE sea propietaria de sociedades que sí tienen ánimo de lucro, que defina el destino que da a los derechos que no reclama ningún autor y que la asistencia a autores y promoción de la cultura se haga a través de una fundación. Con todas estas posibilidades, SGAE creó desde 2003 un entramado societario que, por diversas vías, iba recibiendo parte del dinero recaudado.

Por un lado la Fundación Autor, elegida como la rama destinada a la asistencia a autores y promoción de la cultura, pasaba de contar a cierre de 2003 con unos activos de 509.226 euros a tener 55,63 millones a finales de 2006. La inyección de capital procedía de SGAE y en concreto del dinero que la gestora de derechos había ido acumulando durante años en un fondo que en sus estatutos se define como Título VI. Este fondo tenía la misión de encargarse de la formación y promoción de autores y de ocuparse de la conservación, restauración y difusión de los bienes del Patrimonio Histórico Español que perteneciesen a la Sociedad, entre otras funciones.

A la Fundación llegan, además, cada año otros cerca de 30 millones que proceden del 20% del canon digital, de otro 10% de lo recaudado que SGAE decidió añadir en sus estatutos y de los derechos de autor que no han sido reclamados en cinco años y que, según los estatutos de SGAE, se reconocen desde ese momento como prescritos.

La Fundación recibió en 2003 la tarea de ser la encargada de ir adquiriendo la red de teatros diseñada dentro del Plan Sedes Integrales 2003. Joyas como el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, cedida por el Consistorio de la capital vasca, y otras levantadas desde cero como la de Santiago de Compostela o la de La Cartuja en Sevilla, forman parte de una docena de edificios emblemáticos entre los que, para mayor dolor de Teddy Bautista, ya no se incluye el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, que le fue concedido a la Fundación por concurso siendo alcalde Arturo González Panero, implicado en la trama Gürtel.

El plan de sedes llegó a suponer tal carga para la Fundación, especialmente cuando fueron adquiridos los teatros madrileños Coliseum y Lope de Vega, que SGAE acabó cargándola de hipotecas por un importe que se elevaba a finales de 2009 a 110 millones.

La segunda rama que parte de SGAE es Iberautor, una sociedad limitada y, por tanto, con ánimo de lucro, cuyo nombre ha sido sustituido por el de Arteria. Su principal función es la de gestionar los activos, es decir, los teatros de la red de Sedes Integrales, cuya deuda sin embargo soporta la Fundación. Iberautor también creció especialmente entre 2003 y 2006 a base de contratos con SGAE, su propietaria. Las memorias de estos ejercicios recogían que entre el 93% y el 84% de la facturación de Iberautor era por contratos con SGAE, cuyo contenido no se especificaba, añadían las citadas memorias, porque podría “provocar perjuicios” a la sociedad.

De Iberautor dependían otras empresas como Sello Autor, que entró en causa de disolución en 2009 y ha sido ya prácticamente liquidada, y Ediciones Autor, empresa que ha corrido la misma suerte, ambas sociedades limitadas.

La tercera rama era la más larga, la rama tecnológica: la Sociedad Digital de Autores y Editores. Tras esta rama está el principal motivo de las actuaciones judiciales que se conocieron ayer, porque en ella anidaron empresas que no pertenecen al grupo SGAE y sí a algunos de sus directivos, que han estado durante años facturando a la gestora y a sus filiales por diferentes servicios desde compañías que compartían domicilio, directivos y a veces hasta el teléfono de contacto.

El enlace entre el mundo fuera y dentro de SGAE tiene una empresa protagonista, Microgénesis, y un directivo, José Luis Rodríguez Neri.

Neri es el director del Departamento de Informática de SGAE, director general de SDAE y director general y presidente de Microgénesis entre 1996 y 1999. SDAE ha debido durante años casi la totalidad de su facturación a servicios prestados a SGAE. Y a su vez, contrataba servicios exteriores a Microgénesis, que los subcontrataba a otras filiales de su propiedad.