Desde este jueves entra en vigor el real Decreto que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet. Con el gobierno de Mariano Rajoy, los trámites que empezó Ángeles González-Sinde han continuado. El 30 de diciembre de 2011 se aprobó la nueva regulación anti-descargas sin modificación alguna. La ley se hacía realidad así y señalaba el 1 de marzo como fecha de inicio para llevar a cabo el cierre de webs con contenidos que violan los derechos de autor.

Este Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios, cuyos nombres aún se mantienen en secreto, de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad; y Presidencia.

La Comisión se encargará de mantener las relaciones entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de las páginas web y se encargarán de controlar que se mantiene la legalidad en internet. Los miembros de esta Comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso cerrar páginas que alojen o enlacen a contenidos sin el permiso de los titulares. Este trámite ha sido muy criticado ya que supone la anulación de los jueces en el proceso.

El proceso comienza con una denuncia del autor que solicita que se retire un contenido suyo protegido por derechos de autor. En ese momento, la Comisión tendrá en cuenta si la web que se ha denunciado tiene ánimo de lucro o si ha causado un daño profesional. Se estima que el proceso puede durar cerca de 20 días y en este periodo el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.

Una vez una solicitud es aceptada a trámite, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle. La web tiene un plazo de 48 horas desde que recibe la notificación para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después, se establece un plazo de deliberación, tras el cual si la Comisión cree que hay vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.

Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará (al igual que a la hora de identificar) la colaboración del prestador de servicios de internet (empresas de telecomunicaciones).

Desde el cierre de Megaupload por la intervención del FBI, las páginas más populares en España de servicios de descargas y 'streaming', como Series Yonkies, llevan un tiempo retirando enlaces. Sin embargo, este jueves llega su verdadera fecha límite, según dicta la ley. La organización hacktivistas empezó una iniciativa para  intentar colapsar los cierres de webs.