Los sindicatos se plantan ante un plan de Cultura para privatizar centros nacionales: "Serían un servicio para la élite"

El Ministerio de Cultura se está planteando externalizar la gestión del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para convertir la institución en una fundación pública, una reforma que podría tener como consecuencia la privatización del organismo encargado de gestionar la música, el teatro y las artes escénicas producidas por el Estado.

Se trata de una medida que ya se introdujo en el Teatro Real en 1996 y que, entre otras cosas, ha precarizado las condiciones de sus trabajadores. Además, ha convertido actividades como la ópera, la zarzuela o el ballet en espectáculos todavía más elitistas, al plantear precios que son completamente inaccesibles para los bolsillos de los ciudadanos, con entradas que alcanzan los

600 euros por persona.

Los sindicatos, atónitos, comparan el proyecto de reforma planteado por el Ejecutivo con los intentos privatizadores del Partido Popular y advierten de que los nuevos empleados se quedarían desprotegidos, ya que dejarían de tener la cobertura del convenio y del estatuto único.

Tanto UGT como CCOO y el CSIF se oponen radicalmente a esta conversión, ya que la consideran "un retroceso enorme como institución garante del servicio público cultural".

El INAEM es una entidad pública dedicada a "impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio, dentro y fuera del país, a través de un amplio programa de actividades e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores".

Dicha institución gestiona las salas del Auditorio Nacional de Música, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Comedia, el Teatro Valle-Inclán, el Teatro María Guerrero, el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Nacional de España, el Coro Nacional de España, el Centro Nacional de Difusión Musical, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Museo Nacional del Teatro, entre otros.

Una reforma necesaria

Desde el Ministerio arguyen que la reestructuración es urgente y plantean aprobarla por la vía del real decreto antes de que acabe la legislatura con el objetivo de "potenciar la actividad artística frente a la gestión administrativa".

Explican que la gestión económica del INAEM es demasiado engorrosa y que el exceso de burocratización en la administración de las subvenciones, convenios y fondos europeos es completamente ineficiente, siendo frecuentes las quejas por los retrasos en los pagos de las nóminas. Movimientos que en el sector privado se ejecutan, a su juicio, con más ligereza.

De momento, sólo se han iniciado acciones internas con la subsecretaría y el ministro, que está impulsando esta posibilidad, y, según ha podido confirmar Público, el ministerio se ha comprometido a alcanzar un acuerdo con las centrales sindicales antes de proceder a tramitar cualquier propuesta de cambio.

Por su parte, los sindicatos sostienen que la reforma debería "ser una oportunidad para mejorar la calidad del organismo, homogeneizar e igualar las relaciones laborales y resolver aspectos como la brecha salarial que dificultan el buen funcionamiento de este". Tienen claro que si algo aligeran las privatizaciones son los salarios y las condiciones laborales de los empleados.

"No estamos en contra de la reforma del organismo, pues lleva ya 37 años desde que se constituyó. Entendemos que el mundo ha cambiado, la política cultural ha cambiado, los públicos han cambiado y, por lo tanto, el organismo tiene que cambiar", dice, Javier Figueroa, secretario general de UGT en el Ministerio de Cultura y Deportes, que apuesta por un modelo más flexible que se adecúe a las especificidades del oficio.

No obstante, Neftalí Rodríguez, secretario general de CCOO, añade que desde el principio establecieron como línea roja la condición de que la reforma "se tenía que ejecutar dentro del ámbito del servicio público, tanto en lo que sería su financiación recursos y la gestión como en los empleados".

El sindicalista sitúa el origen del fango burocrático en las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2012 y 2013: "Ya sabemos lo que buscaban, enturbiar el funcionamiento de los servicios para forzar su privatización".

Ambos defienden que las carencias estructurales del INAEM "no se van a resolver porque se convierta en una fundación" y proponen alternativas para eludir la gestión indirecta como puede ser la creación de una agencia estatal o un empresa pública.

Más allá de la escasa financiación, algo que atribuyen a un "mal orgánico de la administración pública", los representantes señalan la falta de funcionarios como uno de los principales problemas de Cultura: "Los funcionarios de esta institución son los que perciben menos complementos específicos de productividad de todos los ministerios, por lo que vienen y se van

continuamente. No hay estabilidad".

Según Figueroa, "el propio ministro reconoció en una rueda de prensa hace unos meses que no disponía de manos para tramitar las subvenciones de los

fondos europeos y no les ha quedado más remedio que encomendar la gestión a una empresa pública".

Rodríguez lamenta que las consecuencias de la externalización recaigan también sobre el conjunto de la sociedad: "Al final, se terminan creando instituciones para una oligarquía, que es la que va al Teatro Real, con entradas carísimas, donde se reúnen cuatro empresarios para hacer sus negocios. Se convierte en un servicio para la élite, no para para la ciudadanía. Y eso,

desde nuestro punto de vista político, no lo podemos admitir".

Los derechos culturales, comprometidos

Durante la segunda mitad del siglo XX, los Estados, sobre todo los europeos, desarrollaron un sistema público de promoción cultural donde se fomentaron los museos, las bibliotecas y las artes escénicas. En estos años, desempeñaron un papel crucial para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la vida cultural. En el caso español, los ayuntamientos y las comunidades autónomas fueron instancias clave.

Sin embargo, las políticas de austeridad popularizadas durante la crisis de 2008 incorporaron la lógica empresarial a todos los niveles administrativos y promovieron el mecenazgo como medio para dejar de destinar recursos públicos a la cultura. Con esta dinámica, el dominio de la promoción cultural y artística por grandes empresas y fondos de inversión, así como el abandono

de sus obligaciones por el estado era una cuestión de tiempo.

En declaraciones a Público, el barítono Enrique Sánchez-Ramos pone de relieve la importancia del apoyo económico estatal y la gestión directa de la cultura por parte del sector público. "Me parece fundamental que el mundo de la cultura no esté exclusivamente controlado por el sector privado. Éste es el único modo de poder ofrecer a los ciudadanos el acceso a determinadas manifestaciones artísticas que, por ser menos populares o no ser susceptibles de generar rentabilidad económica directa, no podrían ser disfrutadas", afirma.

En la misma línea, la también cantante Sara Gómez -que prefiere ser nombrada bajo pseudónimo- sostiene que la cultura ha de ser 100% pública. "Si no lo fuera, solo sería accesible a unos pocos privilegiados que se lo pudieran permitir. Si nos fijamos en compañías privadas que ofrecen espectáculos culturales, el

precio de sus entradas es infinitamente mayor al que se da en los espectáculos que dependen de los organismos públicos", narra.

La artista se pregunta quién asistiría a los eventos si la cultura fuera privada: "¿Quién se lo podría permitir? ¿Cómo llegaría el teatro, la danza, la música a todo el mundo si hubiera que pagar el coste real de montar dichos espectáculos?".

La intérprete relata que incluso las compañías humildes tienen que poner entradas relativamente elevadas de precio "para poder, a veces, solo cubrir costes, sin grandes beneficios". "Imaginemos lo que sería que no fuera público, por ejemplo, un museo, una gran pinacoteca. ¿Podríamos asumir los ciudadanos de a pie el coste de lo que en ellos se expone?", se cuestiona.

La actividad cultural, salvo alguna excepción, tal y como cuenta el filósofo Fernando Broncano, "es entendida como una inversión en recursos improductivos". Y, a pesar de que los derechos culturales aparecieron contemplados ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el acceso a los bienes culturales está asegurado, ni se han desdibujado las diferencias entre alta y baja cultura.

Sánchez-Ramos destaca el valor del arte como generador de "capacidad crítica" y subraya su potencial en la formación de los ciudadanos. "La cultura gestionada por instituciones públicas, incluso determinados géneros que por su alto coste no generen una rentabilidad económica directa, puedan ser grandes generadores de actividad económica indirecta", asevera el también actor. "Aparte, por supuesto, de su importancia para la formación integral de una ciudadanía con un mínimo de cultura", añade.

"¿Se podrían hacer todas las actividades pedagógicas que hoy en día se desarrollan en el ámbito cultural? ¿Podrían colegios asistir a ensayos generales, conciertos, museos, actividades formativas realizadas por las distintas unidades?", plantea Gómez como reflexión final.