Paquillo Fernández viajó a Madrid el pasado 10 de febrero, dos meses después de que en su domicilio la Guardia Civil encontrase sustancias dopantes. En la sede del Consejo Superior de Deportes, se desarrollaba una reunión decisiva para el futuro del subcampeón olímpico de los 20 kilómetros marcha. El de Guadix prefirió no asistir. 'No quiero que me vean', explicó. Aguardó en la capital a que finalizara la reunión y sus abogados le indicaran lo que debía hacer.

La reunión era delicada. La presidió Albert Soler, director general del CSD y responsable máximo de las sanciones por dopaje, con José María Odriozola presidente de la Federación de Atletismo, dos miembros de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (la prestigiosa UCO) y uno de los abogados del atleta.

El propio Paquillo había desencadenado la necesidad de una decisión urgente al poner a la federación en una situación de difícil salida. El marchador había anunciado su regreso a la competición en Granollers el sábado siguiente y la federación se negaba a impedirlo hasta no tener un documento oficial que lo implicara en el escándalo de dopaje de la operación Grial. Pero el hecho de que el caso estuviera aún bajo secreto de sumario lo complicaba todo. Nada se podía hacer público de forma oficial.

José Rodríguez, abogado de Paquillo, y también del ciclista Valverde y de los principales deportistas españoles que han dado positivo en los últimos años, estaba a favor de la confesión. El letrado con mayor experiencia en España en casos de dopaje había logrado convencerle: 'Si confiesas, te reducirán la sanción a un año, como al ciclista Dueñas', le había dicho. La cantidad de sustancias halladas en su domicilio no le dejaban escapatoria.

Pero al marchador le preo-cupaba perder su cuantiosa beca ADO. Su abogado planteó en la reunión que el granadino siguiera recibiendo el dinero (40.000 euros) por detrás, a través de la Junta de Andalucía, y salió de ella convencido de haber conseguido el visto bueno al trueque. Se selló el acuerdo de confesión y Paquillo acudió a mediodía a la sede de la UCO en Madrid y admitió que tenía la droga en su domicilio porque pretendía doparse para mejorar su rendimiento.

El comunicado oficial habló de confesión 'de forma voluntaria'. Pero no fue exactamente así. La ironía es que, dos meses después, la Junta ha despedido a Paquillo de la Escuela de Marcha de Guadix. Fue destituido de forma fulminante como director del centro.