Un total de 228 empleados de CaixaBank se han adherido finalmente al Plan de desvinculaciones voluntarias de la entidad, dirigido únicamente a trabajadores de las provincias de Barcelona y Teruel y de 58 años o más, han explicado fuentes de la entidad.

La entidad presidida por Jordi Gual hizo pública esta medida a mediados de enero y a ella se podían acoger un máximo de 376 trabajadores, los que reunían las condiciones requeridas.

Según las mismas fuentes, CaixaBank prevé que este plan de prejubilaciones tenga un coste de alrededor de 100 millones de euros, y los trabajadores adheridos abandonarán la entidad el próximo 1 de abril.

Según el acuerdo alcanzado, los empleados adheridos recibirán un 70% de la retribución fija bruta anual, que CaixaBank abonará hasta que el trabajador se prejubile. La entidad financiera también abonará el Convenio Especial con la Seguridad Social y continuará realizando aportaciones al plan de pensiones y a la contingencia por riesgos para empleados.

CaixaBank ya preveía llevar a cabo esta medida desde el año pasado, ya que el compromiso de negociación se incluyó en el acuerdo laboral firmado con los representantes sindicales en mayo de 2019.

Tras este plan, que la entidad también ha llevado a cabo en años anteriores, CaixaBank también prevé contratar nuevo personal en la provincia de Barcelona, centrándose en perfiles jóvenes para impulsar la renovación de su equipo profesional.

Esta medida se dirige únicamente a las provincias de Barcelona y Teruel, que no estuvieron afectadas por el ERE que se pactó en 2019 y que afectó a 2.023 trabajadores, ya que en estos territorios no existía excedente de personal.

Reducción del consejo de administración

De otro lado, Caixabank propondrá a sus accionistas en la junta general que prevé celebrar el próximo día 3 de abril amortizar un puesto en el consejo de administración y reducir su número desde los actuales 16 sillones a 15.

Así figura en el orden del día remitido por el banco este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde también incluye la reelección como consejera de Verónica Fisas Vergés con el carácter de consejera independiente por un mandato de cuatro años.

El consejo de administración del banco pedirá autorización además para reelegir a PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas para el ejercicio 2021 y la distribución del beneficio y abono de dividendo.

Del resultado total de 2.073,52 millones de euros a distribuir correspondiente al pasado ejercicio, el banco repartirá 897,21 millones en pago de dividendos y los 1.17630 millones restantes los aplicará a reservas legales y voluntarias.

Su abono corresponde a un dividendo bruto de 0,15 euros por acción, que pagará en efectivo el próximo día 15 abril de 2020. El orden del día incluye la habitual autorización al consejo para ampliar capital o adquirir acciones propias y aprobar la política de remuneración para los consejeros en el trienio 2020-2022.

Asimismo, someterá a autorización de los accionistas el número máximo de acciones a entregar por ejecución de la segunda oleada del plan de incentivos anuales en favor de los consejeros ejecutivos, la alta dirección y "empleados clave", vinculados a la consecución del Plan Estratégico 2019-2021.

Para este segundo ciclo del plan de incentivos propondrá, en concreto, destinar algo más de 1,49 millones de acciones si se cubren todos los objetivos fijados en dicha hoja de ruta estratégica, de las que al consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, corresponderán un máximo de 87.369 acciones.