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Trabajo La acuciante agenda de los autónomos pone a prueba la coordinación del nuevo Gobierno

El acuerdo de coalición separa las competencias de empleo y de Seguridad Social mientras el colectivo afronta retos como la cotización por ingresos, el fin de la tarifa plana y la regulación de los servicios para las plataformas tecnológicas, además de las medidas contra la morosidad, el tratamiento fiscal de la manutención, los efectos del envejecimiento del trabajo por cuenta propia en el mundo rural o la debacle del pequeño comercio.

Yolanda Díaz, nueva ministra de Trabajo y Economía Social, gestionará el grueso de las competencias sobre el trabajo autónomo./ Europa Press

La acuciante agenda los autónomos será una de las pruebas del nueve de la coordinación del nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP y el “firme propósito de unidad” que la atribuye su presidente, Pedro Sánchez, quien, por lo pronto, ha añadido al diseñar la estructura ministerial un poco más de dispersión a las competencias que afectan a los este colectivo, formado por 3,26 millones de personas al cierre de 2019.

La disgregación del antiguo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre los nuevos de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirigirán, respectivamente, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, añade una nueva ventanilla para los interlocutores de un colectivo que mantiene flecos abiertos con Hacienda, Economía, Industria y, desde este lunes, también con la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera, a la que la nueva estructura del Gobierno encomienda las políticas “frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial” y “la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación”.

Estos son los principales temas que siguen abiertos en la agenda de los autónomos tras el desbloqueo de la vida política y la formación del nuevo ejecutivo:

Cotizar en función de los ingresos reales

Un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre la última Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria señala cómo en 2017, último ejercicio con datos, la “media de ingresos anuales fue de 10.892 euros” en el sector, lo que supone menos de mil por encima de los 9.906,40 que ese año marcaba el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y 1.700 por debajo de los 12.600 del actual.

Eso como media, ya que el panorama es tan variado como para que 510.609 autónomos pierdan dinero con su negocio y otros 1,51 millones declaren facturaciones por debajo de los 12.000, mientras, de los 1,64 millones que superan ese nivel, 690.279 no llegan a 21.000, cifras que, descontados los 3.400 euros de la cotización mínima, se quedan en 8.600 y 17.600: 716 y 1.466 euros mensuales, 614 y 1.257 en formato de catorce pagas, para vivir y cubrir gastos.

Por el contrario, menos de un millón de autónomos gana más dinero bruto: 356.725 facturan entre 21.000 y 30.000, otros 411.816 llegan a 60.000 y 181.462 superan esa cifra. “Este último colectivo, con más de 60.000 euros anuales de rendimiento neto individual, en su conjunto representa más del 40% del rendimiento total atribuible, ya que declara 11.352.546 millones de euros del total de 31.000 millones”, destaca el estudio de UPTA.

En ese contexto, para nada imprevisible cuando el colectivo lo integran repartidores y notarios, dentistas y camareros, las asociaciones de autónomos, y especialmente UPTA, llevan años reclamando la aplicación de un sistema de cotización vinculado a los ingresos reales, algo a lo que tanto el Gobierno como algunos sindicatos de clase se han mostrado favorables y para lo que llegó a haber un principio de acuerdo la pasada legislatura que ya conllevó la desvinculación de la cuota y la base mínimas de la evolución del SMI.  

Lo que había sobre la mesa era un sistema de tres tramoscon bajas cotizaciones y prestaciones para quienes obtengan ingresos por debajo del SMI, lo que permitiría aflorar una parte de la economía sumergida, y un aumento de las cuotas por encima de los 40.000 euros netos, lo que elevaría la recaudación en más de 1.600 millones anuales.

La tarifa plana y el complemento de las cotizaciones

Se trata de los dos principales complementos a la cotización por ingresos, un sistema cuya implementación requiere, a priori, la participación de los ministerios de Trabajo y de Inclusión. 

La tarifa plana se ha confirmado como un enorme fiasco, con una merma de ingresos de 2.000 millones en cinco años para la Seguridad Social mientras solo uno de cada nueve beneficiarios seguía como autónomo, además de generar el efecto perverso de nutrir de falsos autónomos de bajo coste a las falsas plataformas colaborativas. “Nos ahorraríamos 700 millones al año” eliminándola y aplicando el sistema de cuotas por estratos de ingresos, explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA.

La posibilidad de complementar al alza las cotizaciones del ejercicio en el tramo final del año mediante una aportación extraordinaria no deja de consistir en trasladar al sistema público de pensiones uno de los componentes característicos del privado.

El objetivo de las tres medidas consiste en mejorar la carrera de cotización de los autónomos para evitar que lleguen a la jubilación con pensiones de subsistencia o que se vean obligados a seguir cotizando tras el cierre del negocio para alcanzar un subsidio digno.

La pensión media de un autónomo era, según los datos del Ministerio de Trabajo, de 764,55 euros mensuales al cierre de 2019, un 33% inferior a la media de las contributivas (1.143), un 40,7% por debajo de la del régimen general (1.288) y a un 66% de la minera (2.248). De los 6,08 millones de jubilados del país, 1,31, algo más de la quinta parte, ´se retiraron como trabajadores por cuenta propia.

¿Llegará el coto a la morosidad?

La reforma de la Ley de Morosidad embarrancó la pasada legislatura en el Congreso tras sembrar la inquietud entre las grandes empresas, cuyas deudas de más de 60.000 millones de euros a pymes y autónomos están desatando una cascada de insolvencia letal para estas, y en la banca, cuyo renqueante negocio tiene uno de sus escasos flancos rentables en las necesidades de financiación de los pequeños negocios y en el descuento (del 2% al 4%) de sus facturas conformadas.

Levantar el mínimo de 30.000 euros para poder aplicar penalizaciones en forma de intereses a quien tarde más de dos meses en pagar tras recibir una mercancía o un servicio y establecer un sistema de sanciones efectivo supondría un cambio disruptivo para el tejido productivo, que recibiría una inyección de liquidez a coste cero para el Estado.

La pelota está en el tejado de la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, que a finales de año se comprometió a encarar esta materia. “Esperamos que tanto el nuevo Gobierno de coalición progresista como los partidos de la oposición hagan que en esta nueva legislatura la lucha contra la morosidad sea una realidad efectiva”, señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que recordó que “todos los partidos políticos han venido realizando declaraciones de apoyo a la mejora de la morosidad y a un régimen sancionador”, por lo que “ahora es el momento de pasar de las promesas a los hechos”.

En este sentido, y mientras los plazos de pago a proveedores siguen careciendo de un sistema de medición al margen de las administraciones y de las empresas cotizadas, obligadas a informar de ellos a la CNMV, UPTA aboga por otro cambio de calado como sería facilitar el acceso de los autónomos a las contratas públicas de menos de 100.000 euros, ya que ahora dos tercios de ellas recaen en grandes empresas que subcontratan el trabajo abaratando su precio.

El envejecimiento de los autónomos rurales

Tres de cada cuatro autónomos domiciliados en municipios de menos de 5.000 habitantes tiene más de 59 años, algo que entraña el riesgo de desproveer de servicios básicos la España vaciada y de agravar el cuadro de despoblación que sufre buena parte del país a medida que se vayan retirando.

Algunas comunidades autónomas han comenzado a trabajar en planes de relevo de estos trabajadores por cuenta propia, los efectos de cuya desaparición pasan desde este lunes a ser una de las materias de la vicepresidencia de Ribera. 

“Es necesario reforzar el emprendimiento rural y la puesta en marcha de medidas dirigidas al asentamiento poblacional y al fortalecimiento económico en las zonas de nuestro país menos pobladas”, señala Abad, que considera esas medidas como “actuaciones imprescindibles para contrarrestar la alarmante situación actual, en la que sin duda los autónomos son los principales activos”.

El IVA que se sigue adelantando y las deducciones imposibles

La ley de Reforma del del Trabajo Autónomo sigue desde mediados de 2017 pendiente de que sus tres grandes promesas se conviertan en realidad: el fin de la obligación de pagar el IVA facturado antes de cobrarlo y la posibilidad de aplicarse deducciones en el IRPF por los gastos de manutención, en una equiparación de los que las empresas se aplican en el Impuesto de Sociedades al deducir las dietas como gastos, y por la parte del domicilio habitual que se dedica al trabajo. Esta parte de la agenda pendiente de los autónomos corresponde al Ministerio de Hacienda, a cuyo frente continúa María Jesús Montero.

La nebulosa de las plataformas y el teletrabajo cualificado

Mientras algunos sectores del nuevo precariado comienzan a salir del limbo de los falsos autónomos para encajar en convenios sectoriales como los de la hostelería, en el caso de los riders, o el metal, para quienes se dedican al mantenimiento de los patinetes de alquiler, la irrupción de las ciberplataformas de servicios siguen generando una nebulosa laboral que engulle a decenas de miles de trabajadores sin que las instituciones acierten a regular su estatus.

Paralelamente, el teletrabajo se extiende entre empleados de alta cualificación mientras la figura del Trade, el Trabajador Autónomo Dependiente, sigue sin ser apenas aplicada trece años después de su creación. “No se puede considerar falso autónomo a quien realiza un trabajo profesional y tecnificado a distancia y en un régimen de exclusividad para una sola empresa. No es lo mismo un repartidor que un programador”, apunta Abad. 

La debacle del pequeño comercio

Afrontar la debacle del pequeño comercio, con casi 30.000 bajas de trabajadores por cuenta propia en ese sector en cuatro años, sería, por su parte, una de las responsabilidades del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que seguirá teniendo como titular a Reyes Maroto.

El pequeño comercio sigue en caída libre, y es necesario abordar y desarrollar un plan nacional de consolidación del comercio minorista”, indica Abad, para quien “el negocio de proximidad necesita urgentemente una drástica reforma”.