La Defensora del Pueblo de la UE ha llegado a la conclusión inicial de que la falta de transparencia de la Comisión Europea en sus reuniones con la industria tabaquera constituye mala administración y exige una respuesta en el plazo de tres meses.

En una carta a la Comisión hecha pública el martes, la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, compartió las conclusiones preliminares de la investigación de su equipo sobre los contactos del ejecutivo de la UE con representantes de los intereses del tabaco en 2020 y 2021, continuación de un estudio anterior concluido en 2016.

La Defensora del Pueblo de la UE había aconsejado entonces que toda la Comisión adoptara la política de transparencia proactiva de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. Aparte de las mejoras en la unidad de fiscalidad y aduanas, esto no ha sucedido, decía la carta.

Esta transparencia es una exigencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias nocivas del consumo de tabaco.

"Mi opinión preliminar es que la ausencia de un enfoque global de la Comisión en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CMCT constituye mala administración", escribió el Defensor del Pueblo. Los contactos de las instituciones de la UE con los grupos de presión han sido objeto de un mayor escrutinio tras el escándalo del dinero por influencias en el Parlamento Europeo, dos de cuyos miembros han sido acusados de corrupción y blanqueo de dinero en Bélgica.

La Defensora del Pueblo detectó deficiencias en el mantenimiento de registros y la falta de actas de todas las reuniones de la Comisión con representantes de los intereses del sector del tabaco. La Defensora del Pueblo de la UE también cuestionó que los representantes de la Comisión limitaran sus interacciones con la industria tabaquera sólo a las "estrictamente necesarias".

O'Reilly escribió que esperaba una respuesta, que se publicaría en la página web del Defensor del Pueblo, en el plazo de tres meses.

El cargo de Defensor del Pueblo de la UE tiene un gran poder moral, aunque sus recomendaciones no son jurídicamente vinculantes.