La escalada de los precios de la electricidad está provocando un encarecimiento de más del 20% de los costes en los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento de la residual que amenaza con encarecer en una proporción similar el recibo de la luz de las familias, para las que ya supone un coste anual de 5.000 millones de euros que, en números redondos, se vería incrementado en otros mil.

La estimación del aumento de costes figura en la carta que Aeopas, la Asociación Española de Operadores de Abastecimiento y Saneamiento, ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar una serie de medidas que eviten, básicamente, que ese incremento de los costes acabe siendo repercutido a los hogares a través del recibo.

"Ante el aumento de los costes, la solución fácil sería incrementar sustancialmente las tarifas en un orden de entre el 20% y el 25%, o tratar de modular el impacto obteniendo créditos que se puedan devolver a largo plazo para no afectar a las maltrechas economías familiares", señala la carta, que añade que "urge, por ello, facilitar el crédito a los operadores públicos, pero antes es necesario que el Estado nos avale los créditos", ya que la Ley de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración les impide utilizar ese recurso.

El recibo del agua de los hogares españoles, que se ha encarecido en más de un 70% en los tres últimos lustros, ascendió en 2020, último ejercicio con datos en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), a 4.959 millones de euros, con una participación de algo más del 70% para el abastecimiento mientras el saneamiento superaba el 27%.

La primera de esas partidas, que alcanzó los 3.611 millones de euros en 2020 con la protección frente a los cortes por impago que el "escudo social" habilitó para las familias de menos rentas ya vigente, ha aumentado un 41% en los tres últimos lustros pese a la notable reducción del consumo mientras la de la depuración, creciente en varias comunidades autónomas, se triplicaba con creces en ese periodo para llegar a 1.347.

"No pedimos subvenciones sino medidas para mejorar la eficiencia"

Al encarecimiento de la electricidad se le suma el de otros materiales químicos que se utilizan en los procesos de tratamiento del agua, como el cloro, los reactivos o los floculantes, con lo que "está claro que el sector se enfrenta a un gran reto de tesorería a corto plazo y, en un horizonte no muy lejano, a problemas serios de sostenibilidad del sistema que solo se solucionarán tomando medidas estructurales".

Los servicios públicos del ciclo del agua, como los del transporte de personas operan mediante tres modalidades: gestión directa, concesión privada y mixta entre ambas. En la segunda, este tipo de descuadres se suelen saldar con una revisión de la concesión que, en la práctica, se traduce en nuevos pagos de la administración a la concesionaria.

En la primera, las recetas son la subida de las tarifas, improbable en los ayuntamientos españoles cuando apenas falta un año para las próximas elecciones municipales, la inyección de recursos en la empresa pública o un recurso al déficit que a menudo degenera en un argumento a favor de privatizaciones que añaden nuevos encarecimientos al servicio.

Los operadores públicos del agua "estamos preocupados por cómo afrontar con garantías los costes y la intensa crisis económica que se otea", indica la misiva, que propone, junto con el acceso al crédito y la modificación de esa ley, otras dos líneas de actuación: acceder a los fondos Next Generation para atajar con esa financiación los problemas de pérdidas por fugas que se dan en la red, y que llegan a alcanzar un 40% del caudal en algunas redes locales, y mejorar su eficiencia energética, así como facilidades para que puedan crear comunidades energéticas.

"Es el tiempo de actuar con actuaciones transformadoras en pro de los ciudadanos", añade el documento antes de anotar que "los operadores públicos de agua no pedimos subvenciones al precio de la energía, sino que se articulen medidas para mejorar la eficiencia para la prestación de los servicios (…) que deben ser siempre asequibles para las familias de nuestro país".

La sequía comienza a activar las alarmas en el sur

"No entendemos cómo el agua no tiene un IVA superreducido del 4%" en lugar del 10% actual, señala Luis Babiano, gerente de Aeopas, que anota que las medidas del Plan de Respuesta a la ola inflacionista reducirán la presión de los costes energéticos, aunque el aumento de estos seguirá siendo elevado: "puede que del rango del 20% al 25% baje a otro del 13% al 18%", aunque, en cualquier caso, se trata de "impactos que no se pueden repercutir porque las rentas no lo soportarían", especialmente en el mundo rural.

A ese cuadro de costes disparados y de ineficiencia de las redes se le añade un escenario de cambio climático que comienza a dificultar el acceso al recurso hídrico al haber aumentado la frecuencia de los periodos de sequía, que comienzan a encender las luces de alarma en algunas zonas de la mitad sur de España, y obligar a repensar los sistemas de almacenamiento de agua por la concentración de las lluvias y el aumento de la torrencialidad de los ríos como consecuencia de esa alteración de los patrones meteorológicos.