El deterioro del arroyo del Val y el río Queiles, en el sur del Moncayo, y con ellos el del embalse de Los Fayos, inutilizado en la práctica tras haber sido proyectado para abastecer a más de 50.000 personas, era ya insoportable hace unos años. Y la situación ha ido a más ante la creciente intensidad de la presión que la industria, la ganadería y la agricultura, y desde hace poco también la minería, ejercen sobre ese sistema fluvial, en un cuadro de deterioro para el que resulta clave la negligente depuración de las aguas de los pujantes polígonos industriales de las localidades sorianas de Ágreda y Ólvega, cuyos ayuntamientos han sido sancionados en varias ocasiones por ese motivo.

"Somos conscientes de que se trata de pueblos con mucha actividad industrial y de que las aguas residuales se tienen que verter en la depuradora de Ágreda, en la que hay una serie de obras pendientes desde hace años", admite la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez (PP), que lleva tres años al frente del ayuntamiento.

"La depuradora de Ágreda estaba prevista ya a principios de los años 2000, pero con la crisis y con los recortes de la Junta de Castilla y León la obra se hizo a medias. Ahora hay un plan para ampliarla, y es urgente, pero seguimos esperando a que se haga", refuerza Mario Calonge, concejal de Podemos en esa misma localidad, que anota que "nuestro problema es quién paga las sanciones, porque no es justo que paguemos todos si quien contamina son las empresas".

Se refiere a las sanciones que con relativa frecuencia impone a los consistorios por rebasar la carga contaminante que permiten las autorizaciones de vertido la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), un organismo dependiente del Miteco (Ministerio de Transición Ecológica), responsable de la gestión de las aguas de esa cuenca y de la vigilancia de su calidad.

El Miteco lleva el caso a la Fiscalía

La última de esas sanciones llegaba hace unas semanas al Ayuntamiento de Ágreda: 157.388,34 euros por una infracción grave más otros 15.738,84 para reparar los daños que un vertido de aspecto lechoso provocó entre el cinco y el diez de enero a lo largo de los ocho kilómetros del arroyo de El Val que discurren entre la depuradora y Los Fayos, aunque Ecologistas en Acción, que fue quien lo denunció, mantiene que el derrame "se prolongó durante 46 días", ya que el "aspecto de color blanco del río" se mantuvo hasta el 20 de febrero.

Los dos consistorios negocian estos días un acuerdo para pagar entre ambos la sanción, que no es la primera ni mucho menos. Otro similar que se prolongó durante 27 días en mayo de 2019, y que como el último parece relacionado con la actividad láctea (ya sea productiva o de transformación) de la zona, le salió al consistorio de Ágreda por 51.748 euros gracias a un "descuento por pronto pago".

"Este tipo de vertidos al río Val se vienen reproduciendo de forma recurrente desde que se instaló en Ólvega una fábrica de quesos en el año 2017", apuntó la organización conservacionista, aunque "oficialmente no se conoce al responsable primero de los vertidos al colector municipal".

El enésimo episodio de contaminación por caudales que salen de la depuradora de Ágreda ha hecho que la CHE decidiera suspender el trámite de ejecución de la sanción y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, con el Ayuntamiento de esa localidad como denunciado, para que investigue si pueden constituir un delito ambiental.

"Proliferaciones de cianobacterias potencialmente tóxicas"

Tampoco es la primera vez que los vertidos en el arroyo acaban en la vía penal. Hace unas semanas, Daniel C. A., responsable de la empresa Distiller, de Ólvega, aceptaba una condena de cinco meses de prisión y una multa tras confesar su responsabilidad en un vertido de líquidos tóxicos detectado a finales de 2016 en un colector de aguas pluviales de la localidad, un asunto en cuya investigación afloró que se trataba de una práctica que también realizaban otras factorías de ese mismo polígono, algo que también comprobó poco después la concesionaria de la red de saneamiento.

"A la raya del Moncayo parece que la ha mirado un tuerto", ironiza Jesús Sampériz, de Ecologistas en Acción, que apunta cómo a los efectos de los polígonos se les suma la intensa actividad agropecuaria de la zona, en la que se encuentra la macrogranja de vacas lecheras de Noviercas y una piscifactoría en Vozmediano junto con otras 70.000 cabezas de ganado, y, desde hace unos años, la explotación de una mina de magnesitas en Borobia.

Esa intensa presión sobre la calidad del agua de los ecosistemas fluviales del sur del Moncayo ha dejado en la práctica fuera de servicio el embalse de Los Fayos, construido en la primera década de este siglo con un gasto de 90 millones de euros para abastecer a núcleos urbanos que suman más de 50.000 habitantes y para poner en regadío 12.000 hectáreas de secanos en Aragón y Navarra. Ni lo uno ni lo otro ha terminado por ocurrir.

Un informe de la CHE, que lleva cuatro años estudiando la situación del pantano con una sonda multiparamétrica para tratar de calibrar los efectos de cada tipo de contaminación que recibe aunque sus técnicos tienen claro que cualquier solución pasa por la depuración de las aguas residuales (domésticas e industriales) de Ágreda y Ólvega, describe un cuadro difícil de revertir cuando la propia falta de uso de la infraestructura potencia los efectos de los vertidos.

La elevada presencia de fósforo y de nitrógeno que recibe dispara los procesos de eutrofización y favorece la expansión de colonias de algas que alteran su equilibrio ecológico hasta el punto de causar mortandades de peces y de registrar "proliferaciones de cianobacterias potencialmente tóxicas" para las personas, algo que, junto con el hecho de que el 90% de la población piscícola sea de una especie invasora como la carpa, ha llevado a la CHE a plantearse la posibilidad de transformar el embalse en un humedal.

"El embalse se ha convertido en un peligro"

"El embalse de El Val es un pozo de vertidos y se ha convertido en un peligro", explica Sampériz, que anota que "eso se intentó remediar con el agua del Queiles, pero también baja contaminada".

Mientras tanto, Ólvega ha puesto en marcha un sistema de control de los vertidos de las industrias de su polígono, a las que exige un tratamiento previo del agua residual, del que se encarga un técnico local y que incluye una catalogación de las factorías en función de los residuos que generan.

"Yo puedo hablar de lo que hemos hecho en esta legislatura", señala la alcaldesa, que asegura que "realizamos un control exhaustivo de las autorizaciones de vertido" y de su uso para evitar que la carga contaminante que llega a los colectores las rebase.

"En los ayuntamientos se está planteando que sean las empresas las que soporten las multas", añade Calonge.