La subida de precios de la electricidad y de los hidrocarburos está disparando de una manera exponencial los costes de las operadoras del transporte público, cuya patronal, ATUC (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos), estima en 702 millones de euros el descuadre achacable al encarecimiento de las fuentes de energía que están acumulado desde el comienzo del año.

Ese aumento de los costes se está comiendo prácticamente, y a escala estatal, uno de cada siete euros que los usuarios pagan en abonos y billetes, a lo que se suman otros descuadres derivados de la merma de usuarios por la pandemia que elevan la factura a 1.367.

"Esos más de 1.300 millones de euros son mucho dinero en un sector que factura 5.000 al año. Eso es el 27% del total, y eso es imposible aguantarlo", sostiene Jesús Herrero, secretario general de ATUC, organización que estima en 207 millones de euros el aumento de los costes energéticos que soportará al cabo del año los servicios de autobús de todo el país y en 495 los de metro, cercanías y tranvía.

La entidad, de la que forman parte la práctica totalidad de las empresas de transporte urbano y metropolitano de España, además de Renfe y varias operadoras de carretera como Alsa, Avanza o Subús, pronostica que los costes de la parte electrificada del sector llegarán a cuadruplicarse este año, mientras que el incremento medio superará los 10.000 euros por en los autobuses que consumen gasóleo y los 39.000 en los de gas natural, que ya son casi uno de cada seis en las flotas urbanas.

Alcaldes y presidentes optan por bajar billetes y dar ayudas directas a un año de votar

"Estamos hablando de un servicio básico que ya venía tocado por la pandemia", señala Herrero, después de que el año pasado el volumen total de usuarios se quedara en el 70% del previo a la crisis sanitaria, un nivel que en lo que va de año ha escalado al 85% por la reducción del teletrabajo y el menor uso del coche privado por el coste del combustible.

La situación económica del sector, en el que conviven concesionarias de servicios privatizados, empresas públicas y sociedades que explotan fórmulas mixtas, lleva camino de acabar costándole caro al ciudadano, no tanto por las posibilidades de que suban los billetes, que no deja de ser algo improbable por impopular cuando apenas falta un año para que los alcaldes y la mayoría de los presidentes autonómicos vuelvan a presentarse a unas elecciones, sino por las más probables del aumento del déficit de los ayuntamientos en los modelos de titularidad municipal y la revisión al alza de las concesiones en los externalizados.

De hecho, los primeros movimientos van en esas direcciones: el Gobierno balear ha vinculado a la cotización del gas las revisiones de los contratos de las concesionarias del transporte interurbano en su territorio, hasta ahora indexadas únicamente al gasóleo, cuyo uso comienza a se residual en las islas; el de La Rioja ha bajado un 11% el billete del autobús metropolitano y ha suspendido la subida del 3% prevista para el rural a partir del 1 de abril y, por último, la Xunta gallega prepara una inyección de 3,5 millones de euros en ayudas en sus 127 líneas interurbanas, adjudicadas a partir de una estimación de 1,20 euros para el litro de gasoil que le lleva a estimar en un 35% el déficit que ahora mismo provocan los costes energéticos.

El gasto en transporte, tanto público como privado, ya rondaba el año pasado el 10% del presupuesto de las familias españolas y no bajaba del 8,7% en ningún territorio, a lo que se añade el elevado precio de la electricidad en el ámbito doméstico.

El ejemplo de los estados con empresas energéticas públicas

En este contexto, las reivindicaciones del sector del transporte público se centran en tres ejes: reclamar la consideración de sector electrointensivo por su elevada dependencia de esta fuente de energía, especialmente en el ámbito ferroviario, una opción que hasta ahora queda limitada a la industria y que les supondría no pagar el Mwh (Megawatio.hora) a más de 70 euros (este miércoles supera los 250), pedir ayudas directas y solicitar una posibilidad de revisar al alza los costes similar a la de hasta el 20% que van a tener las constructoras que ejecutan obras públicas con un próximo decreto.

Paralelamente, desde ATUC consideran escasas las ayudas derivadas del decreto de medidas para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania, entre las que se incluyen los tres céntimos por Mwh de gas y los veinte céntimos por litro de hidrocarburo.

También miran a Francia e Italia, donde la existencia de empresas energéticas estatales permite topar en 70 y 30 euros respectivamente el precio máximo del Mwh para las empresas de transporte público al destinarles una parte de la producción, aunque eso parece una hipótesis más descartable que otra cosa por decisión de los gobiernos españoles, que llevan décadas renunciando a operar en el sector eléctrico como productores pese a las posibilidades que les ofrece la caducidad en cascada de las centrales hidroeléctricas.

¿Hay fórmulas para que una gran empresa pague más o menos por la electricidad?

En cualquier caso, depender en mayor medida de las fluctuaciones del mercado eléctrico no deja de ser en buena medida una decisión estratégica de las propias empresas (de cualquier sector) que en ocasiones ahorra costes y en otros, como ahora, los dispara.

Existen, por un lado, fórmulas como los PPA (Power Purchase Agreement), que son acuerdos de suministro a largo plazo de electricidad obtenida de fuentes renovables, y, por otro, la posibilidad de negociar tarifas fijas con las compañías como grandes consumidores, una posición de cierta fuerza de la que carecen por lo general los consumidores domésticos.

No obstante, según apuntan fuentes del comparador de tarifas Selectra, "en función de la situación del mercado se toman unas u otras, pero, normalmente, para diversificar el riesgo es probable que siempre tengan un porcentaje del consumo en un PPA, que son acuerdos de compra a largo plazo, y otro indexado al mercado".

Fuentes de Endesa se pronuncian en un sentido similar. "Para grandes clientes e industrias existen contratos a largo plazo y los hemos seguido firmando y fomentando de cara al futuro porque dan estabilidad y tranquilidad frente a al actual contexto de precios del pool", señalan, ya que "cuánto más largo es el plazo de los contratos, más razonables son los precios".

Solo esta compañía cerró el año pasado contratos de un mínimo de cinco años de duración para suministrar más de cuatro millones de Mwh por ejercicio, con lo que duplicaron esa cartera de grandes clientes.

España consume alrededor de 230 millones de Mwh al año, de los que una cuarta parte, 27 en el ámbito doméstico y casi 30 en el industrial, los primeros por llegar a casas con tarifas PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor) y los segundos por carecer sus consumidores de contratos a plazo, están expuestos a la fluctuación de los precios mayoristas, según una estimación de Aelec, una de las patronales del sector eléctrico.