Lo que esconde la rebaja masiva de impuestos de los partidos de derecha

Corría el año 1995 cuando José María Aznar prometía desde la oposición que aplicaría una rebaja tributaria cuando llegase al poder. "En materia de impuestos defiendo el interés de la inmensa mayoría",  propugnaba entonces el líder del PP que sabía bien que Felipe González luchaba entonces por cuadrar las cuentas para poder entrar en el euro.

Una vez que le ganó la mano y entró en La Moncloa cambió la estructura tributaria, bajó los tipos impositivos, y aumentó la recaudación. Se encontró con un déficit del 5,5% y la deuda pública ascendía al 67,4%.  A término de su segundo mandato, en 2004, el déficit se había reducido cinco puntos situándose en el 0,1% y la deuda pública cayó hasta el 46,3%. Las cifras se enmarcan en un contexto de fuerte crecimiento de la economía, (con burbuja inmobiliaria incluida) y de los salarios. "Yo soy el milagro", proclamaba en una entrevista concedida a The Wall Street Journal. 

Ahora, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, se envuelve de aquel triunfalismo lejano y propone una "revolución fiscal". "Hoy voy a cuantificar mi propuesta de bajada de impuestos: 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles en la supresión de Donaciones, Sucesiones, Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados y en la bajada del IRPF por debajo del 40% y el impuesto de Sociedades por debajo del 20%", manifestó hace una semana en una entrevista en Onda Cero, para añadir que su "prioridad" es la economía pero, ¿hasta que punto se produjo el milagro alguna vez?

Casado propone una 'revolución fiscal' que incluye una rebaja de impuestos de 16.000 millones de euros

"Es cierto que ha habido reformas con bajadas de tipos impositivos que han supuesto aumentos de recaudación, pero no se tiene en cuenta qué parte corresponde a su entrada en vigor en fases expansivas. De 1.999 a 2.006 vivíamos una etapa alcista, con elevaciones de salarios muy por encima de la productividad, por no mencionar el efecto de un aumento de la población extranjera de casi el 10%", explica Jorge Onrubia, doctor en Economía y profesor en la Universidad Complutense. "Aznar acometió una reforma integral del IRPF que modificó otros elementos sustanciales del impuesto: eliminó deducciones, cambió el tratamiento de las cargas familiares de la cuota a la base y limitó mucho la deducción por compra de vivienda", añade.

Recortes en el Estado del Bienestar

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informa anual sobre tendencias tributarias en las 35 economías más desarrolladas del que se desprende que la mayoría ha utilizado las recientes reformas para reducir los impuestos a las empresas y a los individuos con el objetivo de impulsar la inversión, el consumo y la participación en el mercado laboral. Daniel Lacalle, el ideólogo económico y número dos del PP por Madrid, se suma a esta corriente y justifica su apuesta: "Ningún país europeo ha llegado a la consolidación fiscal vía subida de impuestos. Todos los países que lo han conseguido lo han hecho o recortando gastos o facilitando un mayor nivel de crecimiento". Y en esta frase se esconde la clave: recortes. No solo de impuestos, sino también del Estado del Bienestar.

"No hay país con un Estado del Bienestar desarrollado, con vocación universal en educación, sanidad, pensiones y asistencia, de calidad y eficaz en la cobertura de necesidades, que tenga un nivel de presión fiscal por debajo del 40% del PIB", mantiene Onrubia.

La ratio de ingresos fiscales sobre el producto interior bruto es del 38,3% en España, frente al 41,4% que rige la media de la Unión Europea, según los datos de Eurostat. En países como Francia y Dinamarca esta tasa ronda el 47% del PIB.  Alemania e Italia se sitúan también por encima de nuestro umbral, en el 40,3%, y 42,2%, respectivamente.

"Existen excepciones como Luxemburgo o Suiza, que se explican por su actividad financiera y su escaso tamaño. Reino Unido experimenta un traslado directo a precios públicos de una parte importante de servicios y Estados Unidos no tiene un sistema sanitario público de carácter universal. El resto de países a los que podemos aspirar compararnos están como mínimo siete u ocho puntos de presión fiscal por encima de España", argumenta.

La reparto de la presión fiscal en España

"En España, en conjunto, no se pagan demasiados impuestos. El problema está su distribución", adelanta Miren Etxezarreta, catedrática emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Si observamos el esfuerzo fiscal, nos encontramos con que las clases populares españolas pagan bastante más de lo que parece y no así en las clases altas del país. Es por ahí, donde habríamos de mirar", reclama la economista. 

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), apuntaba también en esta dirección y remitía a la raíz del problema en un debate sobre los impuestos en España: "Esto sucede por nuestro nivel de paro y porque una buena parte de la población obtiene unas rentas tan bajas que no tributan".

"En España, en conjunto, no se pagan demasiados impuestos. El problema está su distribución"

Eso explicaría por qué las encuestas del CIS reflejan que la mayor parte de los ciudadanos cree que en España se pagan muchos impuestos. El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, lo sabe y por eso ha apelado en varias ocasiones a lo que denomina como "política útil": la eliminación del impuesto de sucesiones. 

Aunque la propuesta es tentadora, los trabajadores pueden salir mal parados. "Las políticas de reducción de impuestos muchas veces llevan a que las rentas más altas paguen menos impuestos [reducción de la progresividad fiscal] y a que las empresas que obtienen más beneficios paguen menos impuestos", avisa Jorge Hernando Cuñado, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija. "Todas estas políticas llevan a que se cuestione la continuidad del Estado de Bienestar y al aumento de la desigualdad y empeoramiento de las clases medias", puntualiza. 

Un impuesto para combatir la desigualdad

Andalucía se ha convertido en el laboratorio perfecto para ensayar el programa económico del tripartito de derechas. "Quédense con estas siglas, BMI: Bajada masiva de impuestos", proclama Juanma Moreno en su carrera hasta la presidencia de la Junta.  Allí, PP y Ciudadanos quieren que dentro de cuatro años la comunidad autónoma tenga los impuestos más bajos del país y replican el modelo que inauguró Esperanza Aguirre en Madrid.  Sin embargo, Moreno ya ha abandonado el triunfalismo y admite que no puede bajar impuestos por ahora. Culpa a "herencia" recibida y, como recuerdo de aquella empresa, ha anunciado la bonificación al 99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones por encima del millón de euros. Una decisión que afectará a 10.000 contribuyentes y se calcula que supondrá una merma de ingresos para las arcas públicas de la comunidad autónoma de 42,5 millones de euros. 

Las regiones se juegan en las urnas 6.000 millones de euros en ingresos tributarios anuales

La OCDE critica la rebaja tributaria y apela a un estudio en el que aseguran que el impuesto de sucesiones es una herramienta más que adecuada para combatir la desigualdad en un Estado. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado en su informe Monitor Fiscal un aumento los impuestos a las herencias como medida para hacer frente a la próxima crisis y lograr un crecimiento económico más equitativo.

Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada y exrector de la Universidad Complutense de Madrid,  apoya esta perspectiva: "Las clases medias se han reducido bastante los países desarrollados, también en España, donde además soportamos una desigualdad creciente, tasas altas de desempleo y rentas bajas. Son motivos suficientes para apostar por unos impuestos más equitativos que transfieran el gravamen de las rentas del trabajo a las rentas del capital".  Por esa razón, el organismo han solicitado al Gobierno que se coordine con las autonomías para que se evite una "carrera a la baja" entre las Administraciones para en el cobro de este tributo.  Las regiones se juegan en las urnas 6.000 millones de euros en ingresos tributarios anuales. Todo depende de quién gane [y de que cumpla sus promesas electorales de suprimir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones].  "Lo justo es que se homogeneizase y para eso es necesario que el Gobierno imponga una pinza  de máximos y mínimos en la que se puedan mover los distintos territorios", agrega Berzosa.

La curva de Laffer, una campana controvertida

"Es ‘normal’ que los partidos de derechas jueguen con el tema de la reducción de impuestos. A nadie le gusta pagarlos y por eso tal argumento es populista de derechas de primera fila. Desde Margaret Tatcher y Reagan, por no referirnos a Trump, que ahora ha constituido una parte importante de sus programas con estas premisas", admite Etxezarreta. Todos ellos han sostenido su discurso en una célebre servilleta blanca, de tela, que exhibe actualmente en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Arthur Laffer, profesor de Economía de la Universidad de Chicago, dibujó en ella una especie de campana dividida en dos partes. En la primera, los ingresos por impuestos aumentaban a medida que subía el tipo impositivo. Sin embargo, al llegar a cierto punto —donde se iniciaba la segunda parte de la curva—, la recaudación caía a medida que se seguía incrementando el gravamen. Era 1974.  Desde entonces, se cuestiona su teoría de que reducir los impuestos ayuda a incrementar la actividad económica.

"No hay ninguna evidencia de que la curva de Laffer funcione. De hecho, siempre que se han reducido impuestos lo que ha ocurrido es un aumento del déficit y el endeudamiento público que acaba drenando muchos recursos públicos al pago del servicio de la deuda. Las políticas de ajuste fiscal impuestas en Europa en 2010 también mostraron que en lugar de reducir el endeudamiento provocaban una segunda recesión y un aumento del déficit público", recuerda Albert Recio, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El investigador principal de la think tank Civismo, Javier Santacruz, también pone en duda la propuesta sea idónea para el momento cíclico que atraviesa ahora la economía española.  "Estamos en plena fase de desaceleración del crecimiento del PIB y a poco más de un año de la próxima recesión", pronostica. "España todavía no ha ajustado las cuentas públicas, revisando al alza la estimación de déficit para 2019 y 2020 y, lo que es peor, vamos a entrar en la próxima crisis con casi 35.000 millones de euros de desventaja con respecto a nuestros socios europeos", detalla.

"Es más sensato centrarse en eliminar 'agujeros' de las bases gravadas que eliminar tributos"

La reforma de Montoro (2014) es un ejemplo perfecto de que la teoría de Laffer no es un instrumento válido para diseñar reformas tributarias. La retirada de las "tarifas complementarias de IRPF"  que fueron aprobadas en 2011 por Decreto Ley —nada más llegar Rajoy al Gobierno— supuso una pérdida de recaudación de unos 5.000 millones en 2015, 2.200 millones en 2016 y 3.300 millones en 2017. Y si se añade la bajada de tipo general en el Impuesto de Sociedades habría que sumar a la cuenta 1.100 millones perdidos en 2015  y otros 1.900,  en 2016. Esto sucedió, además, en pleno periodo de recuperación.  "Lo relevante de las reformas es su carácter integral y cómo afecten a la elasticidad recaudatoria. Es más sensato centrarse en eliminar “agujeros” de las bases gravadas, crear sistemas de infraestimación de rentas como los módulos de actividades económicas, etcétera", explica Onrubia. 

La comisión Lagares —un grupo de expertos liderado por el economista que le da nombre y convocado por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública— lo intentó. En 2014, presentaron un documento con 125 recomendaciones para construir un nueva sistema tributario en España. La idea era impulsar la recuperación, el ahorro, combatir el déficit público y aportar más justicia. Para conseguirlo, proponían una reducción de los tipos del IRPF y sociedades a cambio de tipo único para gravar las rentas del ahorro (dividendos e intereses bancarios), suprimir exenciones en el IVA y una apuesta fuerte para combatir el fraude fiscal. Montoro, sin embargo, decidió ignorarlo y optó por aplicar solamente algunas rebajas de impuestos. 

Y al final, ¿quién paga la fiesta?

Pero el exministro de Hacienda no ha sido el único en apostar por una versión 'creativa' de las propuestas de los expertos. En esta campaña electoral, Vox ha presentado un programa económico en el que abogan por defender la sanidad y la educación públicas, así como el sistema de pensiones pero, al mismo tiempo, plantean una rebaja radical del impuesto sobre la Renta, la reducción del IVA al 4%, una bajada del tipo general del impuesto de sociedades al 20% y la supresión del tributo sobre sucesiones. La pregunta queda en el aire: ¿cómo se puede financiar el Estado del Bienestar con un modelo fiscal semejante?

Rubén Manso, el gurú económico de Vox, confía en que las cuentas salgan con un esfuerzo centralizador y la erradicación de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal para reconducir esos recursos a otras partidas. 

"Reducir impuestos es una medida orientada a justificar recortes en el gasto público que después tiene un enorme impacto social"

A otros economistas, no les cuadra. "Es pura demagogia. Saben de sobra que lo que se ahorrarían sería una cantidad ínfima para cubrir al gasto social que se requiere", advierte Berzosa. En efecto, las últimas estimaciones indican que España invierte solo en sanidad cerca del 6,6% de su producto interior bruto. Es decir, cerca de 70.000 millones y algo más de 1.400 euros por persona. La cifra queda muy lejos de los 52 millones de euros que reciben los partidos en subvenciones “ordinarias” y los 12,3 millones que perciben en este concepto las 66 organizaciones sindicales con representación y otra decena más por su participación en los órganos de asesoramiento.

"Habría que llamar criminales a los políticos que en España llaman a bajar impuestos", dice tajante Recio. "Reducir impuestos es una medida orientada a justificar recortes en el gasto público que después tiene un enorme impacto social y económico", protesta el profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Algunos de los tuits que ha publicado el coordinador del programa económico de Vox deslizan que quizás su planteamiento para la protección de estos servicios pase por la privatización.  Según declaraciones de Manso recogidas por El País, “la iniciativa privada ha demostrado que lo hace mejor y más barato que las instituciones públicas”; una afirmación que choca con la experiencia de países como Estados Unidos, que gasta en sanidad el 15% del PIB con resultados mucho peores que España, con el 7%.

Para Hernando Cuñado, de la Universidad Nebrija, el gasto social debe sufragarse de manera muy distinta. "Es importante la racionalización del gasto público, eliminar los gastos innecesarios y reducir las duplicidades del gobierno central, autonómico y local", opina. 

Santacruz va más allá. "No sólo se necesita echar mano del gasto superfluo", anota el economista jefe de Civismo. "La ola demográfica exige un verdadero ajuste del gasto público. Es imprescindible generar ahorro en grandes cantidades durante las próximas décadas para que pueda sostenerse una atención universal de calidad", sentencia.