Los expertos de Trabajo proponen que los empleados ocupen entre un tercio y la mitad de los sillones de los consejos de administración

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha participado el mediodía de este lunes en la presentación del informe de la Comisión de Expertos sobre la Democracia en el Trabajo. El paso previo al impulso de una nueva ley, destinada a promover la participación de las y los trabajadores en los mecanismos de gobernanza de las empresas. O, lo que es lo mismo, la implicación directa de las plantillas en la toma de decisiones empresariales.

Una posibilidad que, para el comité de expertos, pasa por un nuevo modelo de cogestión empresarial, en el que los trabajadores ocupen entre un tercio y la mitad de los puestos en los consejos de administración de las empresas. En concreto, el informe plantea que la futura norma obligue a las empresas de entre 50 y 1.000 empleados a entregar un tercio de sus sillones a los trabajadores y que, en compañías de mayor tamaño, la participación de la plantilla crezca hasta representar el 50% del consejo de dirección.

Los expertos de Trabajo recomiendan, asimismo, democratizar la propiedad de las compañías, facilitando el acceso de los empleados a un mínimo del 2% de sus acciones. Un porcentaje que se aplicaría en empresas a partir de los 25 trabajadores y que ascendería hasta el 10% en las empresas con una plantilla de más de 1.000 personas. Todo ello a través de un plan de propiedad de acciones para empleados (ESOP por sus siglas en inglés).

La comisión de expertos reclama, además, una serie de mecanismos complementarios para reforzar "la voz de los trabajadores". Entre ellas, el "fortalecimiento" de las competencias de los comités de empresa y de los delegados de personal. También la creación del "representante conjunto de personal" para las compañías más pequeñas, de menos de diez trabajadores. O la incorporación del "derecho de codecisión" en asuntos como el fomento de la IA en los entornos de trabajo.

La futura ley se negociará con la patronal y los organismos sindicales en "un periodo breve de tiempo", según ha explicado durante la presentación la propia ministra. Poniendo en marcha, de esta forma, una reforma "pendiente en España". La propia Constitución, ha recordado Díaz, recoge la democratización del tejido empresarial en su artículo 129.2: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

España es, en este sentido, "una anomalía en Europa". 18 de los 27 países que componen la UE han regulado ya la implicación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas. A pesar de esto, el nuevo modelo participativo tampoco es del todo una novedad. Ya se aplica, ha enumerado Díaz, en cooperativas, en empresas públicas como Navantia e incluso en algunas compañías privadas del País Vasco.

Por último, la comisión de expertos prevé que Trabajo negocie una serie de "incentivos" para animar a las empresas a comprometerse con la vía de la democratización. Estos alicientes podrían consistir en ayudas públicas directas, beneficios fiscales de diferente tipo o el acceso prioritario a la contratación pública, entre otras fórmulas.