Cuando el febrero pasado, la empresa Témpore Properties Socimi SA compró los bloques de pisos donde viven, estos vecinos del barrio del Raval Universitari de Castelló vieron como su tranquilidad y seguridad desaparecían de golpe. "Se cambiaron las cerraduras de todas las puertas de acceso a los lugares comunes (portal de la calle, portales de la escala, terrazas, garaje…) sin previo aviso (…). No recibiendo en ningún momento explicación. Los vecinos, durante las semanas que se tardó a facilitarnos las nuevas claves, realizamos dos denuncias a la Policía Municipal", se puede leer a la detallada denuncia que presentaron ante la Consellería de Vivenda y Arquitectura Bioclimàtica y a la que ha tenido acceso Público.

El documento detalla otras prácticas, como la contratación de un servicio de seguridad 24 horas –"que contribuyó a crear un clima hostil en la comunidad"-, el ofrecimiento de 1.000 euros a aquellos vecinos que renunciaron por escrito a su derecho al tanteo en la compraventa de sus viviendas o la negativa a arreglar desperfectos por las lluvias del 2019. Aunque, probablemente, el hecho más grave fue la denuncia a seis familias por impago, con la apertura de procedimientos judiciales incluidos, que obligaron a estas a probar en sede judicial –con los gastos que esto comporta- que sí que estaban en el día de todos los recibos. El resultado es que de los 178 vecinos de los bloques afectados, "ya solo quedamos 60 o 65", explica Javier Vázquez, afectado y presidente del Sindicato de Inquilinos de Castelló.

Todas estas prácticas pueden ser constitutivas de una infracción por acoso según la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda aprobada el 2017, pero aplicar la ley a veces no es tan sencillo. No hay precedentes de denuncias colectivas por acoso en el País Valencià y muy pocas en el ámbito español. Estos vecinos optaron por constituirse, en marzo, en Sindicato de Inquilinos y empezaron a presionar el Ayuntamiento de Castelló para que los amparara ante las prácticas de esta empresa.

Las acciones dieron frutos y el Pleno municipal aprobó una moción –con el apoyo del PSPV, Podem y Compromís- con medidas contra el impacto de los fines de inversión en el mercado de vivienda de la ciudad, incluida "la reprobación pública de aquellas entidades grandes tenedoras propietarias (...) que estén ocasionando graves situaciones de presión" sobre los inquilinos. Este texto fue enviado a los cuatro propietarios más grandes –que controlan entre el 10 y el 15% del mercado de alquiler de la ciudad, según cálculos de la Concejalía de Vivienda- como el mismo Témpore Properties, pero también Aliseda, Lazoda y Beta Properties Investments.

Denuncia a consellería

En septiembre, la denuncia, firmada como Sindicato de Inquilinos llegaba a la consellería de Vivienda. César Jiménez, secretario autonómico de Vivienda y Función Social ha explicado en Público que el expediente "está en estudio y se está haciendo lo cribage de las situaciones denunciadas para identificar exactamente las infracciones cometidas, pero nuestros recursos son limitados". Con todo Jiménez espera que para principios de año pueden emitir ya alguna resolución.

Raül Beltran, asesor de la concejalía de Vivienda de Castelló ha seguido el tema mucho de cerca y es consciente de la dificultad de la situación: "nunca se ha actuado por parte de la administración autonómica en términos de acoso inmobiliario y por parte de consellería están adaptándose, pero no tiene un cuerpo de inspección ni la experiencia ni un procedimiento engordado como para responder". Según Beltran es "la parte acosadora quién tiene que dar explicaciones, según la ley, pero los técnicos de la administración lo quieren tener todo ligado por miedo a los gabinetes de abogados caros de los fondos buitre".

Mientras tanto, si bien la situación es menos tensa que en la primavera, desde el Sindicato de Inquilinos denuncian continuas maniobras para expulsar los vecinos antiguos. El mismo Javier Vázquez denuncia que "hace dos meses que han dejado de cobrarme el alquiler” y no consigue nunca hablar con la propietaria: "nunca cogen el teléfono ni responden a los correos, es todo muy desesperante".

Una socimi procedente de la Sareb

Témpore Properties, la empresa que gestiona los bloques del Raval Universitari, es una Socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) creada a partir de los activos de alquiler residencial de la Sareb y que, según la misma información corporativa, en solo un año ha conseguido convertirse en el tercer operador en alquiler residencial en España, con más de 2.500 viviendas en nueve autonomías. El enero del 2019 un 75% de Témpore fue adquirida por TPG Real Estate Partners, un fondo de inversión internacional con sede en los EEUU.

Los pisos de Castelló en concreto pasaron bajo su control el febrero, después de llegar a un acuerdo con el Banco de Santander y Cerberus Capital Management, anteriores propietarios de las fincas.