El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha trasladado a las organizaciones sindicales su voluntad de alcanzar un acuerdo que zanje el conflicto laboral en esta sociedad pública, según ha informado en nota de presa el sindicato CSI-F.

La reunión entre Serrano y los sindicatos se celebró el jueves, tres meses después de que el presidente llegara al cargo, criticaron las propias organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre; que había solicitado el encuentro hace tiempo. Según los sindicatos, el presidente de Correos se comprometió a iniciar un diálogo que evite el conflicto laboral en la compañía, donde los trabajadores han convocado varias jornadas de huelga el mes que viene.

Según los sindicatos, Serrano se ha mostrado partidario de defender una "financiación justa del Servicio Postal Universal"; de un plan de viabilidad para la empresa y de la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores que, "tras años de recortes, están bajo mínimos", afirma este sindicato.

Los representantes de los trabajadores valoran positiva mente este encuentro pero advierten de que, si no hay cambios, las concentraciones convocadas entre el 5 y el 16 de noviembre seguirán su curso, así como la huelga general prevista para los días 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre. "La posibilidad de apagarla está ahora en manos de Correos y del Gobierno, como ha quedado claro en la reunión", aseguró CCOO, el sindicato mayoritario en la empresa pública.

Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, han denunciado que la situación de la empresa postal pública "es insostenible al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el brutal recorte en la financiación al Servicio Postal Público en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y sin un Plan de Empresa que permita incrementar los ingresos".

También denuncian una reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras menos en los últimos ocho años, en el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, en la que la plantilla "no sólo se ha visto mermada sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales", como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial, aseguran.