La empresa de tecnología y defensa Indra ha hecho público este miércoles el protocolo que regula la potencial "operación de integración" con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la "adecuada gestión de los conflictos de interés" y garantizar que el proceso se desarrolla "de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo", después de que así se lo haya pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de un protocolo aprobado por el consejo de administración el pasado 30 de julio, en el que se acordó crear una comisión ad hoc para llevar a cabo la posible operación.

El documento establece que el consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, será el responsable, como primer ejecutivo de la compañía, de asumir las funciones ordinarias de análisis, estructuración y ejecución de la posible operación de integración. De los Mozos "colaborará y mantendrá contacto constante con la comisión ad hoc y asistirá a sus reuniones, con voz pero sin voto".

En el protocolo, que ha publicado este viernes la CNMV, se establece que los consejeros o directivos, que pudieran verse afectados por determinados conflictos de interés directa o indirectamente se abstengan de participar.

El consejo de Indra ha identificado ya un conflicto de interés en relación con la operación que afecta a Javier Escribano, consejero dominical, y a su hermano, el presidente ejecutivo, Ángel Escribano, copropietarios de EM&E. En consecuencia, según el protocolo, ambos deberán ausentarse de cualquier reunión del consejo en la que se aborde la posible operación de integración, abstenerse de participar y votar en cualquier asunto vinculado a la misma y no tendrán acceso a la documentación relativa a la operación ni a los asesores designados por Indra.

EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).   

Decisiones no vinculantes

El protocolo detalla que, en cuanto a la aprobación de la operación, el consejero delegado deberá procurar, "en la medida de lo posible", obtener un informe favorable de la comisión ad Hçhoc'. No obstante, se remarca que dicho texto será necesario, pero "no vinculante", por lo que finalmente el consejo podrá aprobar la fusión aunque no haya recibido el visto bueno de la comisión de asesoramiento.

Así, en caso de no obtenerse un informe favorable de la comisión de supervisión para la aprobación de la operación, el protocolo determina que De los Mozos presentará los términos de la operación al consejo "en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra".

En la fecha que señale el consejo de administración se convocará una junta general de accionistas, presidida por la vicepresidenta de la compañía, para obtener el visto bueno de los accionistas a la operación. La junta contará con la participación de EM&E, que tiene derecho de voto.

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Agencias

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés y para el que ha creado la división Weapons & Ammunitions.

En ese sentido, EM&E desarrolla, entre otros productos, torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado este último en el que la compañía también participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) a través de Tess Defence, adjudicatario de la fabricación para el Ejército español de los 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), dos contratos valorados cada uno de ellos en torno a 2.000 millones de euros.