"En realidad los precios han aumentado un 0,4% desde enero. No es preocupante, pero es realista", explica el economista Eduardo Garzón ante los datos del IPC (Índice de Precios de Consumo) de febrero, que reflejan al mismo tiempo una relajación de la inflación interanual, que cae al 2,8% y encadena su quinto mes de bajada, y el tercer aumento consecutivo de la mensual para enlazar una subida de siete décimas.

Esa tendencia ascendente del coste de la vida está comenzando a tener un 'efecto secundario' negativo para las economías familiares, ya que, combinado con el tradicional gripado de la negociación colectiva de comienzos de año, está provocando una nueva etapa de pérdida de poder adquisitivo que afectaba a más de la mitad de los asalariados del país al cierre de febrero.

Esa situación, que sale del cruce de los datos de precios del INE (Instituto Nacional de Estadística) con los de la negociación colectiva que ofrece el Ministerio de Trabajo, se están dando pese a los avances del último año con subidas medias por encima del 3% que llevaban quince años sin verse en las mesas de negociación.

¿Se trata de dos datos contradictorios sobre precios? Para nada, puesto que en realidad son dos índices que miden la evolución de dos precios en dos ámbitos temporales distintos, uno mensual y otro anual, cuyas tendencias no tienen por qué ser siempre coincidentes.

De hecho, la representación gráfica del IPC mensual suele incluir 'dientes de sierra' por sus frecuentes altibajos mientras que la línea de la interanual raramente presenta trazos quebrados.

"La inflación interanual ofrece una imagen de los precios de los últimos doce meses que sirve para compararla con la evolución de los salarios, que también se da en tasa interanual", explica el economista, que remarca que a escala mensual "en realidad los precios se han incrementado un 0,4%".

Eso, añade, "no es preocupante porque en los últimos meses ha habido tasas bajas e incluso negativas", como ocurrió con los 'cero' de mayo y diciembre y con el -0,3% de noviembre, el mes previo a los tres actuales de escalada. No obstante, el periodo interanual también abarca los aumentos del 0,6% de abril y junio.

El año pasado fue el primero en el que los salarios revisados recuperaron poder adquisitivo sobre la inflación interanual, al crecer casi medio punto más después de dos retrocesos consecutivos de casi cinco y de dos y medio en los dos anteriores.

Sin embargo, esa recuperación tiene matices: los sueldos no subieron para algo más de la tercera parte de los asalariados, 6,14 millones de 17,48, mientras que para un volumen similar (6,19) los incrementos fueron inferiores al 3%, el umbral de la inflación, que solo se vio superado por las subidas de los 4,7 restantes.

Esa situación se está repitiendo en el arranque del año, con un 'empate técnico' entre la inflación (2,8%) y la subida media de los salarios revisados (2,85%) mientras más de la mitad de los trabajadores (9,75 millones de 17,58) tienen el sueldo sin revisar, otros tres han tenido subidas de menos del 2,5%, la mayoría por arrastre de convenios del año pasado, y únicamente 4,8 millones, apenas uno de cada cuatro, se han beneficiado de incrementos por encima de ese nivel.

"Los salarios revisados no están perdiendo tanto poder adquisitivo. El año pasado se recuperó una parte, pero es que ya habían perdido un montón durante 2021 y 2022", explica Garzón.

El retroceso de la capacidad de compra que encadenaron los salarios revisados en esos dos años superó con creces los siete puntos porcentuales, y se acercó a los doce para uno de cada tres trabajadores por cuenta ajena, que fueron los que quedaron al margen de las revisiones.

"Si los salarios suben ahora al mismo ritmo que la inflación habrán perdido capacidad adquisitiva", anota. Y eso es lo que estás ocurriendo.

Esa fuerte tendencia a la pérdida de peso relativo de los salarios revela una de las carencias de las relaciones laborales en España, donde los agentes sociales (UGT, CCOO, Cepyme y CEOE) firmaban en mayo un AENC o Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva en el que pactaban aplicar en las renovaciones de convenio subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025 para facilitar la recuperación del poder de compra de las familias tras dos años de inflación desbocada y otro, el previo, de parón de la actividad y caída de las rentas por la pandemia.

Sin embargo, la realidad dice que ese pacto no se acaba de transmitir a las mesas de negociación, donde la subida media se quedó a más de medio punto del objetivo en 2023 y arranca 2024 15 centésimas por debajo, ni al conjunto de las relaciones laborales, ya que entre un tercio y la mitad de los asalariados ni siquiera tienen revisiones de convenio.

La caída generalizada de la capacidad de compra está teniendo efectos negativos en las economías domésticas, que llevan meses modificando sus hábitos de consumo, y especialmente en las más frágiles, donde la Encuesta de Condiciones de Vida del INE está detectando niveles de récord, tanto en tasas como en volumen, en dos aspectos: la pobreza energética y la imposibilidad de llevar una dieta equilibrada.

El 6,7% de los hogares españoles, 1,27 millones de ellos, no puede permitirse incluir carne, pollo o pescado en tres de las catorce comidas principales (almuerzo y cena) de la semana, a más de la quinta parte (21%) no le da para mantener su vivienda con una temperatura adecuada, ya sea frente al frío o al calor. Se trata, en ambos casos, de los niveles más elevados de la serie que arranca en 2004, hace casi dos décadas.