Inquilinos de La Caixa en Catalunya denuncian prácticas especulativas con pisos protegidos

Cerca de 100 inquilinos que viven en 14 bloques de La Caixa en Catalunya han denunciado que la entidad financiera quiere expulsarlos de sus casas para especular con los pisos, construidos en régimen de protección oficial y por los que recibió al menos 25 millones de euros de la Administración. En total, La Caixa cuenta con 37 promociones de vivienda social y suma más de 2.500 pisos protegidos sólo en Catalunya, y tiene más en otros puntos del Estado. Falta de mantenimiento durante años y mala gestión se han sumado en los últimos años a la negativa a renovar contratos, las subidas "abusivas" y el acoso a los inquilinos.

Las 37 promociones contaron con subvenciones públicas de 25 millones

Éstas son algunas de las prácticas que han denunciado en una rueda de prensa con el Sindicat de Llogateres, donde se ha presentado la campaña "Destapem La Caixa". Las promociones afectadas, construidas entre 2002 y 2012, han agotado la etapa de mayor protección, lo que provoca, por ejemplo, un menor control sobre el precio de alquiler y venta. "La vivienda protegida se liberaliza y al cabo de pocos años tiene usos especulativos. Es un modelo fallido", ha afirmado la portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo.

Es el caso de Belén, inquilina en un bloque en Salou (Tarragona). Más de una veintena de pisos han quedado vacíos después de que a los vecinos se les acabara el contrato y no aceptaran comprar el piso a un precio "desorbitado". Quienes se han quedado a pesar de estar fuera de contrato, están denunciados y pendientes de desahucio. "Tenemos el Port Aventura al lado, y sospechamos que quieren poner los pisos para alquiler vacacional", explica. Mientras, tienen problemas de salubridad, con plagas de ratas, calderas sin funcionar, inundaciones... "Pensábamos que tendríamos alquiler asequible durante mucho tiempo, pero es todo mentira", ha lamentado.

Fuentes de ImmoCaixa, la empresa que gestiona el patrimonio de la entidad financiera, apuntaron a Público que se rigen por unos criterios enmarcados siempre "dentro de la legalidad". También informan de que buscan "el equilibrio" entre "la defensa de la cartera" y el trato a los inquilinos con vulnerabilidad acreditada. "En casos puntuales de desacuerdo con los inquilinos, la compañía trata los casos de forma individualizada", han afirmado las mismas fuentes. Cierran así la puerta a la negociación colectiva que reclaman los afectados.

La inversión, recuperada

A los 25 millones de euros públicos recibidos se suman las rentas obtenidas por los alquileres, exenciones fiscales y otros tipos de subvenciones, que apuntan a que la inversión estaría recuperada, según un informe presentado también este martes por el Sindicat. "No existe una justificación económica detrás de las subidas abusivas o expulsiones que quieren hacer", ha señalado Carles Badenes, uno de los autores del documento.

"No hay una justificación económica detrás de las subidas abusivas o expulsiones que quieren hacer"

Durante la rueda de prensa han sido muchos los vecinos que han pedido turno de palabra para explicar su situación. Viven en Cornellà, en L'Hospitalet, en Vila-seca, en El Vendrell. La mayoría denuncia subidas, de 700 a 900 euros, por ejemplo, pero también el abandono de la entidad financiera y de la Administración. "Se han beneficiado y se han lucrado de una vivienda que tenía fines sociales", ha criticado Arcarazo.

El modelo actual de vivienda de protección oficial (VPO) establece una protección "total" durante entre 10 y 25 años, y después existen distintos grados de liberalización. A raíz de ello, un informe del Observatori DESC denuncia que Barcelona perderá un 50% de vivienda protegida en 2030 y un 74% en 2040. Se trata de un "modelo fracasado", según Arcarazo, por lo que reclaman que se sustituya por viviendas de alquiler a perpetuidad. "Si no, a los pocos años, la vivienda construida con dinero público se privatiza".

La principal reivindicación de la campaña es que La Caixa abra interlocución con los inquilinos y colectivos, algo a lo que hasta ahora se ha negado. También la implicación de la Administración, a quien reclaman que haga público el registro de viviendas protegidas para poder fiscalizar su situación. "Reclamamos cambiar el modelo, que se examine lo que ha pasado para que todas estas irregularidades no puedan seguir ocurriendo", ha concluido la portavoz.