La mitad de los municipios de España no cuentan con sucursal bancaria ni cajero automático que pueda proporcionar efectivo a sus residentes, y el 40% de ellos tampoco cuentan con agente bancario, oficina de Correos ni oficina móvil de su entidad. Así lo asegura un informe de la Comisión Galega da Competencia, que reclama medidas de la Administración central para evitar la exclusión financiera de los ciudadanos que habitan en las zonas menos pobladas del Estado.

La Comisión Galega da Competencia es el organismo encargado de fiscalizar en la comunidad autónoma la aplicación de las leyes en esa materia. Su informe analiza el proceso de concentración bancaria ocurrida en Galicia entre 2017 y 2022, pero recoge datos de toda España a partir de estadísticas del Banco de España y de elaboración propia.

Según asegura el estudio, el cierre de delegaciones derivado de las fusiones de entidades financieras en España desde el crac del 2008 ha continuado más de una década después, y entre diciembre de 2016 y junio de 2022, bancos y cajas han cerrado 10.618 oficinas, es decir más de una de cada tres de las que habían quedado tras los primeros años de aquella crisis.

La Comisión alerta de que la concentración de entidades ha dado lugar a la existencia de un mercado "de estructura oligopolística", en la que sólo ocho entidades -Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Abanca- copan más del 92% de las delegaciones en España. Y aunque advierte de que ese tipo de estructuras "tienden a producir importantes restricciones a la competencia" en determinadas circunstancias, añade que no es "condición suficiente" para deducir la posible existencia de conductas colusivas con las normas que la regulan.

En diciembre de 2016 había en España 28.643 oficinas de entidades de depósito -bancos y cajas de ahorro-, la mayoría de ellas en Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Castilla y León. En junio de 2022 quedaban 18.026. La pérdida de sucursales abarca una amplia horquilla que comprende a todas las comunidades autónomas españolas, y que va desde Baleares, donde se cerraron más del 47% de las que tenía en esos cinco años y medios, y Aragón, con el 23,1%.

El proceso, añade la Comisión Galega da Competencia, parece no haber concluido, teniendo en cuenta que sólo en los 12 meses que van de junio de 2021 a junio de 2022 bancos y cajas cerraron otras 2.800 de sus delegaciones. Ha afectado sobre todo a las grandes áreas urbanas, pero su efecto se nota sobre todo en las zonas rurales más despobladas.

En total, 4.007 de los 8.131 municipios españoles no disponen de sucursal bancaria ni de cajero automático, y de ellos 3.230 tampoco cuentan con servicio de banca móvil -oficinas volantes que atienden in situ a sus clientes en determinados horarios y días en aquellas localidades sin banco ni caja- ni tampoco delegación de Correos, la compañía estatal de servicios postales que ha acordado con varias entidades intermediar en algunas operaciones, especialmente las relacionadas con la disposición de efectivo.

Las comunidades más afectadas son Castilla y León, donde no hay sucursales ni cajeros en el 83% de sus municipios, es decir en 1.867; La Rioja, con el 69%; Aragón (59%); Navarra (53%); y Castilla La Mancha y Catalunya (49%). En diciembre de 2021, según el digital maldita.es, en las 4.400 localidades españolas donde entonces no había sucural bancaria vivían 1,5 millones de personas.

"Existe un riesgo de exclusión financiera para los vecinos de las zonas menos pobladas y donde la población está más envejecida" por la falta de acceso a dinero en efectivo, señala el informe. "Este riesgo se produce en esas zonas rurales con independencia de la renta per cápita de la comunidad autónoma donde se encuentre esa población", añade.

La Comisión Galega da Competencia recuerda que diversas administraciones -ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas- han impulsado medidas destinadas a garantizar el acceso a los servicios bancarios, como las ayudas y acuerdos con los bancos para instalar cajeros automáticos en los pueblos que abandonan, y programas para la formación en banca on line. Pero recomienda una respuesta a nivel estatal:

"En caso de ser necesaria una intervención pública, [es recomendable que] ésta sea realizada por una única administración y no por múltiples administraciones con múltiples instrumentos". "Con eso se aseguraría una coordinación en todo el territorio de España, un sistema uniforme de contraprestación, una clara delimitación del interés general que concurre en ese supuesto, una mayor coordinación con las funciones de regulación y supervisión bancaria y unas reglas comunes en las licitaciones" que pudiera derivarse de la puesta en marcha de esas medidas. La Comisión Galega considera también que "esa única administración que debería asumir esas funciones debería de ser la Administración del Estado".