Público
Público

Abanca Feijóo regala 2,8 millones a los bancos para que instalen cajeros en los pueblos que abandonan

Alrededor de 50.000 gallegos viven ya en municipios sin oficina bancaria, mientras la Xunta animan el cierre de sucursales con ayudas a las entidades que decidan sustituirlas por expendedores automatizados.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Alrededor de 50.000 gallegos habitan ya en municipios que no cuentan con una sola sucursal bancaria, lo que constituye uno de los efectos más perversos del proceso de concentración de las entidades tras el crac del 2008 y la fallida reordenación del sistema financiero de Galicia. La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ha venido a agudizar ese proceso.

Son 45 municipios rurales sin banco en la Galicia vaciada, todos en el interior de las cuatro provincias, donde buena parte de la población la forman pensionistas a quienes la Administración obliga a tener una cuenta corriente donde recibir sus prestaciones. En sus pueblos y aldeas no hay oficina bancaria, la cobertura de telefonía móvil y los servicios Internet son allí los de peor calidad y, en muchos casos, se trata de personas que no tienen las habilidades y formación necesarias para manejar su dinero utilizando las nuevas tecnologías y la banca online.

En el año 2008, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), había en Galicia 2.534 oficinas de entidades de crédito. Por entonces Galicia contaba con un sistema financiero propio, asentado y competitivo: Caixanova, Caixa Galicia, el Banco Pastor, el Banco Gallego, el Banco de Galicia, el Banco Etcheverría... Todos cayeron y acabaron siendo absorbidos por las cuatro grandes que hoy copan el mercado en régimen de oligopolio de facto: Abanca, el Santander, BBVA y Caixabank suman el 82% del negocio bancario gallego. Entre Abanca y el Santander tienen casi el 60%.

Desde hace meses se suceden en Galicia manifestaciones y protestas contra el cierre de oficinas que apenas encuentran eco en la prensa local, y menos aún en los medios públicos que maneja la Xunta. Una de las últimas fue en Mesón do Vento, una pequeña aldea de 300 habitantes en la provincia de A Coruña. El cierre de la sucursal de Abanca los dejó sin banco. Los más cercanos están en Carral y en Ordes, a diez kilómetros al sur y al norte del pueblo por una carretera por la que sólo pasa un autobús al día para ese trayecto. El viaje en taxi cuesta entre cuarenta y cincuenta euros ida y vuelta.

"Es injusto que se recorten los servicios a la clientela y se destruya empleo, mientras el dueño de Abanca, Juan Carlos Escotet, se embolsó 3.000 millones de euros desde el año 2014, cuando se privatizaron las cajas de ahorros", señalaba el día de la manifestación Clodomiro Montero, secretario de la sección sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en Abanca.

Hoy las sucursales bancarias de Galicia no llegan a 1.300, cerca de la mitad de las que había hace apenas treccee años. "Estamos en números de los años setenta", afirma Óscar Calvo, secretario de Organización de la Federación de Banca de la CIG. El sindicato acaba de denunciar a las entidades financieras ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, acusándolas de pactar la reducción de los horarios de caja para el púbico en Galicia: en todas, sólo se atienden esas operaciones entre las ocho y las once de la mañana. "Se trata de incomodar a los clientes, de complicarles la vida para que dejen de ir al banco y migren a la banca online o para que se limiten usar los cajeros, para así justiifcar los cierres y más despidos masivos", señala. Las oficinas que se sustituyen por cajeros no sólo se cierran en el rural, sino en los barrios obreros de las ciudades, como ha sucedido recientemente en Catabois, en Ferrol, y en Monelos, en A Coruña.

Lo de los cajeros resulta alucinante, porque, lejos de combatir la destrucción de empleo y el abandono del rural que provocan los cierres de los bancos, la Xunta de Feijóo parece caminar en el sentido contrario incentivando a los bancos con dinero público para que los instalen en los pueblos que abandonan o prevén abandonar. El pasado 22 de junio, el Diario Oficial de Galicia publicó una orden de la Consellería de Economía y Hacienda ofreciendo más de 2,8 millones de euros en ayudas directas a las entidades para "la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos" y para sufragar "la prestación de un servicio de asistencia y formación financiera" a su clientela.

Sólo en el primer trimestre de este año los bancos españoles ingresaron 3.170 millones de beneficios, según la Asociación Española de Banca (ABE). Frente a los 2,8 millones que les ofrece la Xunta para instalar cajeros las ayudas del Gobierno autonómico para incentivar la compra de vivienda por parte de menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes no superan los 800.000 euros. Es decir, 3,5 veces menos. A los bancos les darán 14.200 euros por cajero si ya han cerrado oficina, y hasta 10.650 si deciden cerrarla desde ahora hasta el 2025. Una pareja que se vaya a vivir a Mesón do Vento no recibirá más de 10.800 euros para comprar allí su casa.

Además de los 43 municipios sin banco, en otros 114 de Galicia sólo hay una sucursal, por lo que sus vecinos -son más de 270.000, el 10% de la población gallega- no sólo no tienen opción de elegir la entidad que más les conviene o convence, sino que pueden quedarse sin oficina si los bancos deciden aprovechar las ayudas de Feijóo para cerrar su delegación y sustituirla por un cajero.

Lo de las subvenciones para los cajeros, según la CIG, es sencillamente "indecente". Porque en paralelo a esa tendencia a la desaparición de sucursales discurre la sangría de empleos del sector. Sólo entre el 2009 y el 2019 se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo en los bancos de Galicia, según ABE. Para UGT habrían sido más de 4.500 desde el 2010. Es decir, entre el 44% y el 70% de los que había, según la fuente a la que se acuda. Para actualizar cualquiera de las dos cifras hay que sumar los que ya se destruyeron durante la emergencia sanitaria, y las nuevas regulaciones de empleo que el Santander, Caixabank y el BBVA anunciaron la pasada primavera, y que afectarán a otros 600 trabajadores.

Buena parte del empleo perdido estaba en Abanca, que tenía 7.800 trabajadores en el 2009 cuando aún existían Caixa Galicia y Caixanova, antes de que Feijóo impulsara la fallida fusión que terminó con la venta de la entidad a Escotet, que ya había comprado el Banco Etcheverría. Hoy no supera los 6.000 empleados, incluyendo a los de las redes de oficinas de Deutsche Bank en Portugal y de la Caixa Geral de Depositos en España, que Abanca adquirió en el 2019 y el 2020, respectivamente.

Abanca asegura que su red "da cobertura al 98% de la población gallega" y que "mantiene su compromiso frente a la tendencia generalizada del sector" como única entidad con presencia 121 municipios de los 313 municipios de Galicia. "Cuando se reordena una oficina y se redirige su actividad hacia otra, se hace en base a un detallado análisis", añaden fuentes de la entidad. "Aunque la oficina afectada deja de ofrecer atención personal, de forma generalizada se está manteniendo el cajero automático, que permite realizar de forma cómoda y segura las operaciones más necesarias y frecuentes", indican.

El Banco Santander, la segunda entidad de Galicia y que se quedó con el Banco Pastor y el, Banco de Galicia, sostiene que la desaparición de sucursales en el rural responde "al proceso de transformación" del sector tanto por las fusiones como por la creciente demanda "de operativas a través de canales digitales".

"Somos muy conscientes de que el cierre de oficinas puede generar dificultades de acceso a la banca en las zonas rurales", reconocen. Y añaden que para ello han adoptado dos medidas: "Un acuerdo con Correos para que sus oficinas y carteros hagan servicios de caja, y otro acuerdo con Mapfre para que su red de agentes comercialice los productos del banco".

En cuanto a Caixabank, afirma que una cuarta parte de sus oficinas están en municipios rurales, y que el banco "apuesta por mantener esta red para favorecer la cercanía al cliente y la inclusión financiera de toda la población".

Cuando anunció su ERE en junio pasado, los sindicatos dijeron que la intención de la dirección era "desmantelar la red rural" en la comunidad. Ahora, Caixabank afirma que "apuesta por no abandonar ningún municipio en el que seamos la única entidad" -no hay ninguno en Galicia- y que cuenta "con un servicio de dieciséis oficinas móviles que recorren pueblos sin sucursal bancaria y que ofrecen servicio a clientes y no clientes con el objetivo de contribuir a la lucha contra la exclusión financiera". Los ofibuses de Caixabank funcionan en 11 provincias de España, es cierto, pero en ninguna de las cuatro de Galicia.

El BBVA también sostiene que el proceso de reestructuración del sector bancario responde a la creciente demanda de operativas a través de la banca online, pero que aún así mantiene "una potente red de agentes comerciales" que siguen atendiendo a sus clientes. "Cuando cerramos oficinas analizamos minuciosamente y caso por caso las necesidades y las posibilidades que tenemos para seguir prestando servicios especializados. Pero lo que mayoritariamente nos piden nuestros clientes es que estemos disponibles 24 horas al día, 365 días al año. La digitalización ha llegado para quedarse", concluyen.

Lo cierto es que ese proceso está minando las posibilidades de desarrollo de muchas zonas rurales, donde la carencia de servicios esenciales -la banca lo es- torpedea la posibilidad de asentar y atraer población en el campo. Y eso que el negocio bancario no ha dejado de crecer en Galicia en el mismo período en que el que decenas de municipios se han ido quedando sin banco y miles de empleados, sin su puesto de trabajo. En los últimos trece años, los ahorros de los gallegos que maneja la banca han crecido en 186.196 millones de euros. Y la deuda de las administraciones públicas -principalmente la Xunta- con esas entidades ha pasado de 48.000 a más de 74.000 millones.

Más noticias