Myriam, con discapacidad y un hijo de cuatro años, encara su desahucio por una empresa israelí: "El banco me estafó"

"Es muy duro ver cómo un banco te estafa y no poder hacer nada", dice Myriam Bernal. Hace menos de un mes recibió la confirmación judicial de que su casa, en la que ha vivido 20 años, ya no es suya, sino de una opaca empresa inmobiliaria que la adquirió tras un largo y confuso proceso de ejecución hipotecaria plagado de prácticas y cláusulas abusivas que la Justicia aún tiene pendiente de resolver.

Ronsho Team S. L. parece una pequeña empresa unipersonal, según el Registro Mercantil, pero no es más que una de las múltiples sociedades del grupo israelí Ronsho Properties. Se dedica a la compra de grandes lotes de viviendas que los bancos acumulan tras ejecutar desahucios por impago de hipotecas. La compañía, que actúa como un fondo buitre más, extiende sus tentáculos por Israel, Reino Unido y España. En 2019 compró la casa de Myriam tras la ejecución por impago de la hipoteca, y el pasado diciembre inició un "procedimiento de desahucio por precario" contra los que considera los "ignorados ocupantes de la vivienda", en el barrio de Orcasitas de Madrid.

Los supuestos okupas desconocidos son Myriam, con una discapacidad permanente del 57%, y su hijo de cuatro años. Los informes de vulnerabilidad emitidos por los servicios sociales son claros. Myriam recibe menos de mil euros al mes del Ingreso Mínimo Vital desde hace un año, es una familia monomarental y hace años que ha solicitado sin éxito una vivienda social tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid.

1.500 euros por dejar la casa

Desde que Ronsho compró su casa, la mujer ha intentado sin éxito negociar un alquiler social y evitar su desahucio, pero desde la empresa, asegura, solo ha recibido pequeñas ofertas económicas para que se vaya voluntariamente. "Me han ofrecido 1.500 euros para que me marche. Lo hubiera hecho si estuviera sola. Pero ¿a dónde voy a ir en mi situación y con un niño de cuatro años?", responde la mujer.

Sabe que es solo es cuestión de tiempo que la empresa solicite al juez que ponga fecha al desalojo. El titular del Juzgado de Primera Instancia 71 de Madrid falló a favor de Ronsho Team el pasado enero a pesar de que la mujer había solicitado previamente la nulidad del proceso de ejecución hipotecaria que permitió a la empresa adquirir la casa.

El juez argumenta que Ronsho Team es ajena al litigio entre Myriam y el banco que le concedió la hipoteca de la casa, la extinta Caja Castilla La Mancha (actualmente Liberbank). De eso hace ya 20 años, antes de la crisis económica e hipotecaria que desencadenó el drama de los desahucios en España, del que cientos de miles de familias como la de Myriam nunca lograron recuperarse y cuyas consecuencias siguen coleando ya lejos del foco mediático.

Indefensión

"Lo único que siento es frustración e indefensión, porque en estos casos no hay un juicio, solo comunicaciones judiciales, papeles, abogados y procuradores; no puedes hacer nada ante eso", lamenta la mujer. Lleva peleando contra su desahucio desde 2013, cuando la crisis económica y la ruptura con su pareja de entonces la llevaron a una complicada situación.

"Ganaba 1.300 euros al mes y tenía que pagar de hipoteca más de 600 y otros 400 del préstamo personal"

"Yo no quería vender la casa cuando rompí con mi pareja. Pedí otro préstamo al banco para darle su parte y quedarme con este piso. Eran 30.000 euros y entonces los bancos no ponían impedimentos", recuerda. No tenía ni 30 años cuando firmó su hipoteca y amplió su deuda con un nuevo crédito.

"En ese momento trabajaba como directora de marketing. Tenía ganaba bastante dinero y podía hacer frente a los pagos", recuerda. Pero la depresión económica redujo sus ganancias mientras las cuotas se iban encareciendo cada vez más y entraban en juego multitud de cláusulas que, después, la Justicia europea ha declarado abusivas e ilegales. "Llegó un momento en el que ganaba 1.300 euros al mes, tenía que pagar de hipoteca más de 600 y otros 400 del préstamo personal. Intenté que el banco unificara ambas deudas para que las cuotas se redujeran, pero se negaron", explica.

La principal queja de Myriam es que nunca dejó de pagar. "Me maté a trabajar y cada mes ingresaba dinero para pagar la hipoteca. Pero el banco utilizaba ese dinero para amortizar únicamente el otro préstamo. Yo me enteré cuando recibí el aviso de que acumulaba varios impagos y de que el banco había ejecutado la hipoteca", recuerda. De la noche a la mañana, su casa iba a salir a subasta pública y ella iba a ser desahuciada.

Un error judicial de 26.500 euros

"Me asesoré con un abogado y conseguí paralizar la subasta. Tuve que pagar de golpe 15.000 euros, pero el juez detuvo la ejecución hipotecaria y consignó una cuenta para que ingresara las cuotas de la hipoteca. Pensé que estaba resuelto, solo tenía que seguir ingresando el dinero ahí, pero entonces llegó el gran mazazo", recuerda. Meses después, recibió una notificación del juzgado en el que le reclamaban más de 26.500 euros en concepto de tasas y costas judiciales. "Hice lo imposible para conseguir los 15.000 euros y suspender la subasta. Era imposible que consiguiera otros 26.500 euros. Me vine totalmente abajo y decidí que no tenía sentido continuar pagando", reconoce.

"Se agravó mi depresión. Llegó una situación en la que todo me daba igual"

Myriam, que llevaba tiempo arrastrando una depresión, bajó los brazos por completo. "Me sentía totalmente estafada e indefensa. Se agravó mi depresión. Entré en una situación en la que todo me daba igual, porque la cabeza te cruje por completo. No has dejado de pagar, pero te siguen reclamando intereses de demora, comisiones, tasas, costas que ni siquiera sabes que existen", sostiene.

Un embarazo en medio del conflicto

Cuatro meses después, el juzgado reconoció que había cometido un error al calcular las costas procesales. Los 26.500 euros eran, en realidad, poco más de 2.500. Para entonces, Myriam ya había dejado de abonar varias cuotas, había dejado de trabajar y no tardarían mucho en diagnosticarle un trastorno depresivo y una discapacidad del 57%. "Todo eso, unido a que me quedé embarazada sin esperarlo, me ha dificultado mucho conseguir trabajos", explica. Pero fue precisamente su embarazo lo que le obligó a seguir peleando para mantener su vivienda.

"Vinieron a mi casa a decirle a todos los vecinos que yo era una okupa"

Tras los nuevos impagos, la casa volvió a salir a subasta y, según explica Myriam, se la quedó la inmobiliaria del banco. "Vinieron a mi casa a decirle a todos los vecinos que yo era una okupa. No dejaban de presionarme para que me fuera e iniciaron el procedimiento de desahucio. Estaba embarazada y con un pie en la calle, pero se fue alargando en el tiempo y, cuando llegó la pandemia, el proceso se detuvo", recuerda Myriam.

Cláusulas abusivas

"Si hemos llegado a esta situación es porque he sido víctima de una estafa bancaria"

Su sorpresa fue mayúscula cuando el presidente de la comunidad le informó un día de que el propietario de su casa ya no era el banco, sino Ronsho Team. "He pasado meses negociando con una intermediaria enviada por ellos y entiendo que mucha gente en mi situación tire la toalla", afirma. Pero Myriam insiste en que no piensa marcharse. "Si hemos llegado a esta situación es porque he sido víctima de una estafa bancaria", remarca.

En 2021 presentó una demanda de nulidad por ocho cláusulas abusivas en el contrato de su hipoteca. Entre ellas están todos los gastos y comisiones que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró abusivas y que contenían la mayoría de los préstamos hipotecarios firmados antes de la crisis financiera de 2008. Entre las que Myriam firmó sin saber lo que firmaba estaban las famosas cláusulas suelo y, sobre todo, la de vencimiento anticipado. Esta última fue la que hizo posible que el banco ejecutara su hipoteca y la casa de Myriam saliera a subasta pública.

El Tribunal Supremo ha sido claro al respecto y ha anulado multitud de procedimientos como el de Myrian por la presencia de esta cláusula ilegal en los contratos, y es a lo que se aferra la mujer para continuar en su vivienda.

Sin embargo, el proceso de su demanda avanza mucho más despacio que la de Ronsho Team. "¿Es posible que me desalojen de mi casa y que después la Justicia me dé la razón?", se pregunta. "¿Cómo puedo reclamar el piso después de que me hayan echado y de que lo hayan vendido a otro propietario? ¿Cómo puede ser qué todos los juzgados se encojan de hombros ante esta situación?", añade.

Público ha intentado sin éxito recabar la versión de Ronsho Team y de Liberbank sobre este caso.