El Estado español ha sufrido un nuevo revés, el tercero, en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en los años 2010 y 2013, al fallar el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, a favor de Masdar, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi y dueño también de la petrolera Cepsa, presentó su arbitraje ante el Ciadi en febrero de 2014, recurriendo, en su caso, los recortes que sufrió la termosolar. El despacho Allen and Overy ha sido el encargado de defender los intereses de la firma.

En concreto, Masdar Solar era socio en España de Sener en la firma Torresol, dedicada a la generación de energía termosolar. El grupo disponía de la planta termosolar Gemasolar, que cuenta con una potencia nominal de 19,9 megavatios (MW).

Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicaron que el fallo reconoce a la demandante una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones que reclamaba.

Además, subrayaron que la Abogacía del Estado, que ha conseguido que este fallo se haya quedado en su estimación parcial, está estudiando la resolución, de más de 400 páginas, para su posible recurso.

Este es el segundo revés que sufre el Gobierno de España ante el Ciadi, después de que en mayo del año pasado el organismo dependiente del Banco Mundial fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.

Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia.

Este laudo, en el que los tres árbitros fallaron a favor del demandante, dio la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el Real Decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un "cambio brusco y de sistema" con respecto a las modificaciones anteriores que habían supuesto ya los recortes de finales de 2010, con el PSOE en el poder.

Resoluciones en el aire

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

España suma casi una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales.

Reclamaciones por más de 7.500 millones

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.