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La paradoja de Almería: la agricultura de invernadero más potente en los pueblos con la renta más baja de España

El sector hortofrutícola produce 3,5 millones de toneladas al año y genera más de 2.200 millones de euros en localidades como Níjar, Vícar, Adra y El Ejido, cuya población está a la cola del país en riqueza, por debajo de los 8.000 euros al año por habitante

Invernaderos en Nijar (Almería) afectados por el temporal Gloria, en enero de 2020. E.P./Rafael González
Invernaderos en Nijar (Almería) afectados por el temporal Gloria, en enero de 2020. Rafael González / EUROPA PRESS

La potente agricultura intensiva bajo plástico de la provincia de Almería, uno de los grandes referentes de la economía andaluza, no genera riqueza entre la población donde está asentada. El último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística revela que cuatro de los municipios donde hay más invernaderos de calabacines, pimientos o tomates se encuentran entre los quince ayuntamientos de España con menor renta media anual por habitante y dos de ellos, Níjar y Vícar, ocupan las últimas posiciones.

La agricultura hortofrutícola almeriense abarca en torno a 32.000 hectáreas de invernadero en las que se producen más de 3,5 millones de toneladas en un año, una producción que genera unos ingresos de 2.228 millones de euros, según un informe de Caja Rural Cajamar de la temporada 2018-19. Todo el sector agrícola de esta provincia da empleo, en total, a más de 73.000 personas, lo que convierte a Almería en el territorio español, junto a Murcia, que más trabajo genera en el campo, de acuerdo con los datos del INE del último trimestre de 2020. Y pese a toda esa bonanza económica, los ingresos medios de la población donde se asientan se encuentran entre los más bajos del país.

El último informe de Indicadores Urbanos, que maneja datos de 2018, (Meter el gráfico de indicadores del INE) sitúa a los municipios de Níjar, Vícar, Adra y El Ejido, que suman cerca de 22.000 hectáreas de invernadero, a la cola de España en renta anual media por habitante, entre 8.000 y 7.307 euros, o sea, hasta 21.000 euros inferior a la más alta del país, que ostenta Pozuelo de Alarcón (Madrid).

¿Cómo se explica, entonces, la diferencia entre unos datos y otros, entre el volumen de producción y empleo que genera el potente sector hortofrutícola almeriense y las rentas de la población de su entorno? El índice de desempleo tampoco aporta explicaciones, porque en algunos de los municipios afectados llega a estar hasta más de cinco puntos por debajo de la media de Andalucía. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, la provincia de Almería tiene la menor tasa de paro de toda la comunidad, un 17,14%. Y en el terreno político hay empate: Vícar y Níjar están gobernados por el PSOE, y Adra y El Ejido, por el PP.

Los sindicatos sólo encuentran una explicación para estos datos tan contradictorios o, mejor dicho, dos: un alto índice de economía sumergida y también de contratos fraudulentos o en precario. Precisamente, CCOO y UGT se sorprendieron mucho cuando en abril se publicaron los datos del paro y comprobaron que, en plena campaña hortofrutícola, había subido un 3,12% en Almería con respecto al año anterior, mientras bajaba en el resto de España, y que, además, no coincidían con los de la EPA del primer trimestre, que daba 12.500 desempleados menos.

Un fraude de 45 millones de euros en la última campaña

CCOO ha hecho varios estudios sobre el fraude en el sector agrícola almeriense, el último de los cuales estima que en la campaña 2019-20 los empresarios dejaron de abonar en torno a 45 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social por contratos laborales (jornadas de trabajo no declaradas, modalidades de contratación ilegales) y en pago de impuestos a Hacienda, un impago que entre 2011 y 2015 elevaba a 50 millones. El secretario provincial de este sindicato, Antonio Valdivieso, asegura que, tras haber cotejado los datos del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta, han podido constatar que el año pasado se firmaron más de 100.000 contratos en fraude de ley en un sector que da trabajo a entre 50.000 y 60.000 personas, muchos de ellos contratos temporales que debían ser fijos o fijos discontinuos, que se hacen por unas pocas horas, por unos cuantos días, aunque luego la faena vaya de sol a sol.

"Hay una economía sumergida bastante importante, pero este tema no se ha afrontado en serio. Nosotros hemos presentado nuestros estudios ante la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, la Junta… Están trabajando, pero hacen falta medios más avanzados para luchar contra esto", advierte Valdivieso.

Una de las grandes dificultades estriba en el reto que supone para la inspección el laberinto de cientos de invernaderos sin ubicación conocida a los que sólo se puede llegar con geolocalizadores, aunque, una vez en la puerta, lo más posible es encontrarse todo cerrado a cal y canto, sin posibilidad de entrar.

Los contratos fraudulentos y la economía sumergida originan, según el secretario de CCOO, graves consecuencias para la protección social de los trabajadores, lo que se concreta en este dato: más del 55% de las personas en paro en Almería no perciben ningún tipo de subsidio, en una gran parte porque no han cotizado lo suficiente para poder beneficiarse de ello. Y, de alguna manera, también incide en este otro: es la tercera provincia española con las pensiones más bajas.

En UGT se llevaron una sorpresa mayúscula cuando en abril vieron que los datos del paro en Almería registraban 12.500 desempleados menos que los que reflejaba la EPA. Su secretaria provincial, Carmen Vidal, atribuye ese desfase a que no se están dando de alta a muchos trabajadores, sobre todo en el campo, la hostelería y el empleo doméstico. "Eso sólo lo explica que haya mucho fraude. El fraude está súper instaurado en Almería y estos datos lo constatan. Es una situación preocupante", subraya.

Un informe de la organización de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya advertía en el año 2012 de que Almería era la provincia con un mayor índice de economía sumergida de toda España, un 33,6%, y, por tanto, también la primera de la comunidad autónoma de Andalucía, que, con un 24,6% (253.000 millones de euros), superaba en cinco puntos la media nacional.

Sin convenio laboral en el campo desde hace años

Una de las principales causas de esta situación, a juicio de la responsable provincial de UGT, es que la agricultura almeriense carece de convenio laboral desde hace años, desde 2015 en el caso del campo y desde 2018 en el de la industria del manipulado, debido a la negativa de los empresarios a negociarlo. Ante esa falta de convenio, algo que no ocurre en otras provincias andaluzas, se aplica el Estatuto de los Trabajadores y la obligación de pagar al menos el Salario Mínimo Interprofesional (950 euros). Los dos grandes sindicatos llegaron a convocar en diciembre una huelga de cuatro días en el sector ante la falta de acuerdos con la patronal para renovar esos convenios que rigen las contrataciones y los derechos laborales de sus empleados.

Sin embargo, la plantilla de inspectores de Trabajo en Almería es, a juicio de Carmen Vidal, del todo insuficiente para afrontar la ingente tarea de controlar el cumplimiento de las leyes laborales en lo que ya no es un mar, sino un océano de plástico, el efecto que produce la visión de cientos de invernaderos construidos en los municipios del Poniente y el Levante almeriense con las rentas per cápita más bajas de España.

Níjar está a la cola en esa clasificación del INE. Es el farolillo rojo de las rentas medias por habitante de todo el país, pese a que dispone de 7.309 hectáreas de cultivo, principalmente de tomate, y es el segundo municipio de Almería con más superficie invernada (de invernadero). Eso sin contar con la belleza y riqueza de su litoral, protegido por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no ha respondido a la petición de Público para hacer una valoración sobre estos datos, como tampoco lo ha hecho el del otro municipio situado en la cola de la lista del INE, Vícar, también gobernado por los socialistas. La Confederación Empresarial de Almería y la Cámara de Comercio provincial, preguntadas igualmente por este periódico, también han eludido hacer una evaluación.

Sí lo ha hecho, en cambio, la única concejala de Adelante en la corporación nijareña, Tamara Ferrer, de IU. "No soy economista, no sé cuál es el motivo de que tengamos la renta más baja. Pero seguramente sea porque la mayoría de la población tiene contratos precarios. Y los empresarios agrícolas son una minoría en relación al total de la población", señala esta edil.

Según Ferrer, además de la economía sumergida y los contratos precarios en el sector agrícola, de la falta de un convenio colectivo que se arrastra desde hace años, está también la situación de la hostelería y el turismo, que tampoco es mucho mejor. Y toda esa precariedad e inseguridad laboral acaban provocando una gran presión sobre los servicios sociales de Níjar, que se encuentran saturados debido a la demanda que tienen, asegura la concejala de Adelante: "con eso y con la situación de pandemia que estamos viviendo, están haciendo un trabajo muy duro para intentar llegar a todos los vecinos que lo solicitan".

De Níjar es también Andrés Góngora, secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Almería. Góngora no tiene una explicación para el contraste que arrojan los datos de los municipios con un notable sector agrícola intensivo que ocupan los últimos puestos en renta per cápita. Tampoco conoce el método que ha seguido el INE para llegar a esa estadística tan demoledora para su pueblo. Puede deberse a la economía sumergida, dice, pero eso, añade, lo hay en todos los sectores, en todas partes. También podría obedecer, apunta, a las pensiones, que en el campo son muy bajas. Pero lo cierto es que no tiene una respuesta clara para tal paradoja.

La agricultura nijareña, por sus especiales condiciones climatológicas (abundantes sequías y heladas), no es, según Andrés Góngora, tan productiva como la del Poniente almeriense, la de El Ejido o Roquetas, de donde proceden una buena parte de los empresarios que en los últimos años han expandido en el Levante su producción invernada. El turismo tampoco ha podido ser un motor económico de la zona, porque todo el litoral está protegido y no ha permitido levantar los grandes hoteles que sí se han construido en Mojácar, Vera o Roquetas, de donde llegan muchos de los visitantes de las magníficas playas nijareñas (Aguamarga, Las Negras, Los Genoveses…).

Y luego está la población extranjera, los miles de migrantes que trabajan en los invernaderos o que aguardan a poder hacerlo cuando tengan la documentación para ser contratados. Y Andrés Góngora tampoco sabe si en la estadística del INE se ha tenido en cuenta a toda esa población.

Un estudio de la Fundación Cepaim registró en 2018 la existencia de 33 asentamientos de chabolas en Níjar, El Ejido y Roquetas-Vícar, con más de 3.500 habitantes, en su gran mayoría de procedencia subsahariana y magrebí. Uno de esos asentamientos, el de El Gualili en Níjar, con cerca de 800 ocupantes, sufrió un gran incendio el pasado 22 de mayo, a consecuencia del cual unas 200 personas perdieron su casa y sus pertenencias

Un modelo que ha convertido El Ejido en “un monstruo”

El Ejido es la gran potencia de la agricultura de invernadero de Almería y de toda España. Este municipio de más de 83.000 habitantes cuenta con casi 13.000 hectáreas cultivadas, cerca de la mitad de la superficie de invernaderos de esta provincia, y su tasa de paro se sitúa en el 16,7%, seis puntos por debajo de la de toda Andalucía. Sin embargo, en la estadística de la renta media anual por habitante se encuentra en el puesto duodécimo por la cola.

Pero antes no era así, asegura José Miguel Alarcón, portavoz del grupo socialista en El Ejido, un Ayuntamiento que gobierna el PP casi en exclusiva desde 1991. Antes, dice, hace unos 30 años, era el pueblo de España con más bancos por metro cuadrado, con una de las rentas más altas del país y una población mucho menor. Pero el crecimiento demográfico espectacular que experimentó al calor del creciente cultivo bajo plástico acabó en lo que es ahora: "El Ejido es un monstruo", afirma.

Ese monstruosidad se debe, a juicio de Alarcón, a que hay mucho trabajo, pero está poco rentabilizado, a que hay muchas pequeñas empresas que generan empleo, la mayoría familiares, pero que pagan unos salarios muy bajos, a que hay miles de mujeres trabajando en los almacenes de manipulado pero que todavía no cuentan con un convenio laboral que reconozca todos sus derechos, y a que hay un 90% de mano de obra migrante en precarias condiciones. "Hay mucha desigualdad –concluye el portavoz socialista-. Pero yo no culpo a los empresarios, sino al modelo económico, que no es el adecuado. Con lo que producimos, con lo que renta, ni el agricultor ni el trabajador están contentos. Esta agricultura genera muchos gastos, los comerciales pagan por debajo del precio de coste el melón, el calabacín… Debemos pensar cómo poder rentabilizar todo, que uno tenga un sueldo digno y otro unas ganancias adecuadas".

El nuevo diseño del modelo económico de El Ejido, de la capital de la agricultura invernada de Almería, forma parte de un plan estratégico que el grupo socialista ha presentado en el Ayuntamiento, donde mantiene líneas de colaboración con el PP desde que este partido rompió con Vox, a fin de evitar que la ultraderecha siga ganando terreno en un municipio en el que ya fue la fuerza más votada en las últimas elecciones generales.

La agricultura de invernadero funciona ya como una industria en Almería, advierte el secretario provincial de CCOO. Está todo el año produciendo, de modo que requiere una mano de obra permanente, no temporeros como en otros territorios agrícolas, como el olivar en Jaén, por ejemplo. Y, por tanto, las soluciones a sus problemas, subraya, deben tener en cuenta esa realidad.

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