La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido este jueves al Gobierno eximir por medio de una reforma del Código Penal del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios cuyas viviendas estén okupadas.

Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal, ha comunicado la necesidad de "reforzar el compromiso con la lucha contra la okupación" a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Uno de los objetivos de la CNC es impedir que los okupas puedan empadronarse en la vivienda donde residen, para lo que ha propuesto modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Fernández Alén ha criticado el intervencionismo sobre el control de precios de las viviendas del Gobierno y considera que estas medidas son un "agravante" para el mercado.

El presidente ha planteado que se construyan 150.000 viviendas cada año en España destinadas a la venta y al alquiler libre así como a la protección social o de renta reguladas. Con esta propuesta defiende que la solución es incrementar la oferta, pero sin cometer los mismos errores de la crisis financiera de 2008. En esa época se concedían hasta 900.000 visados de obra, mientras que el año pasado se habilitaron 132.000.

También ha abogado por un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las comunidades autónomas, donde se tenga una mayor colaboración público-privada y que agilice los préstamos ICO en los territorios.

184.000 viviendas de alquiler asequible

El objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es alcanzar las 184.000 viviendas que supongan un alquiler asequible, como se prometió. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, ha declarado que es necesario contar con el sector promotor y constructor para llegar a la cifra.

El Gobierno de Sánchez busca que la vivienda sea "el quinto pilar del estado de bienestar", ha comunicado Rodríguez en la asamblea general de la CNC. Sin los constructores "no podremos hacerlo", pero también existen "intereses contrapuestos" entre los actores del sector, ha señalado.

La ministra también ha alegado que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) es un buen instrumento que facilita la construcción ante la petición de la patronal para que no se produzca una utilización abusiva de los medios propios.