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Los pensionistas piden a la Fiscalía que investigue el "expolio" de la hucha de la Seguridad Social

La plataforma en defensa de las pensiones reclama una auditoría para esclarecer cómo y por qué el Gobierno de Mariano Rajoy acabó con 67.000 millones del Fondo de Reserva

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Concentración de pensionistas frente a las puertas del Congreso de los Diputados. EFE/Emilio Naranjo

La Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en representación de miles de pensionistas, solicita a la Fiscalía que se investigue el vaciado del Fondo de Garantía. En un escrito presentado este miércoles, al que ha tenido acceso Público, piden al Fiscal General del Estado que dirija la iniciativa de ordenar una auditoría para esclarecer el "expolio" de 67.000 millones de euros de la llamada hucha de las pensiones en cuatro años.

Del igual modo, exponiendo hechos acaecidos durante las pasadas legislaturas, denuncian también el desasosiego de las recientes Comisiones del Pacto de Toledo, el despilfarro que envuelve a la Seguridad Social y la desatención a los derechos fundamentales que dicta la Constitución Española, en lo que a pensionistas se refiere. Asimismo, pretenden que sean debidamente investigados como delitos y que los culpables sean justamente castigados.

Cuando el Partido Popular llegó al Ejecutivo en 2011, El Fondo de Garantía tenía más de 66.800 millones de euros. Desde que en 2012 se utilizó por primera vez este fondo con fines ajenos a los acordados en su creación, el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó casi el 90% del total para solventar diferentes gastos externos, entre los que destacan las pagas extraordinarias de verano o navidad y préstamos a la Seguridad Social. Ahora quedan a penas 8.085 millones. 

Actualmente, existe un grave riesgo la viabilidad de las pensiones públicas de las futuras generaciones. La sostenibilidad del sistema no está garantizada y los pensionistas lo achacan a la corrupción. Un acto “execrable” dado que afecta a los derechos sociales y a las personas más vulnerables y necesitadas de la sociedad.

En concreto, el documento desglosa -entre otros- y crítica que el gobierno del PP se haya dedicado en los años de crisis a facilitar a entidades del mercado privado un 45% del dinero de las arcas públicas. De acuerdo a lo que dicen los pensionistas, la quiebra de la hucha ha sido "premeditada y metódica" y, del mismo modo, provocada o sostenida, consciente o inconscientemente, por parte de los partidos parlamentarios.

Además, reclaman saber por qué el Gobierno del PP recurrió a emitir deuda pública a futuro, para pagar la pensiones de 2017, 2018 y seguirá en 2019, todo ello tratado "con total opacidad", denuncian. "La transparencia es absolutamente necesaria", opinan desde la Coordinadora, ya que las pensiones son la principal partida de las cuentas públicas y no hay constancia de que el Tribunal de Cuentas revise esta partida de los Presupuestos Generales del Estado.

Contra el Pacto de Toledo

El escrito de la plataforma pone en cuestión el propio Pacto de Toledo. Reprocha que las sucesivas convocatorias de la Comisión del mismo hayan mermado los principios de su origen: excluir de la lucha partidista al sistema de protección social para encauzarlo dentro de un debate sosegado y permanente junto a la importante garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas políticas.

El Pacto de Toledo debe respetar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y la mejora de las pensiones. Por ello, la asociación ha denunciado el estado actual de parálisis e ineficacia en el que está “estratégicamente” inmerso.

Para los pensionistas, esta quiebra ha sido "premeditada y metódica"

En consecuencia, dirigiéndose al Fiscal General por mediación de la Fiscalía de Madrid, los pensionistas solicitan también una auditoría y una investigación de cuentas sobre la aplicación y gestión de los acuerdos suscritos en las leyes aprobadas y en las diferentes Comisiones del Pacto de Toledo desde los años de la crisis hasta hoy —de 2009 a 2018—.

Por si se hubiera cometido fraude legal o por si pudiera existir fraude contable, la Coordinadora madrileña demanda que los hechos sean juzgados por los respectivos delitos tipificados y, así, los responsables cumplan la pena que el marco legal y jurídico dictamine.