MADRID.- El Gobierno ha aprobado este viernes la reforma de la formación profesional para el empleo, que pretende dotar de una mayor transparencia y calidad los cursos para trabajadores y desempleados y reforzar la lucha contra el fraude tras los recientes escándalos multimillonarios surgidos en este campo.

"Se trata de una reforma estructural de primer orden, de las más importantes de la legislatura, esencial para fomentar el acceso a un empleo de mayor calidad para luchar contra la desigualdad (...) y fortalecer la transparencia y control contra el fraude", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno llevaba meses negociando con patronal y sindicatos la reforma de la formación, en la que está en juego la gestión de alrededor de 2.000 millones de euros procedentes principalmente de las nóminas de los trabajadores, pero finalmente la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, llevó al Consejo el Real Decreto Ley sin el respaldo de los agentes sociales.

El nuevo modelo apartará a empresarios y sindicatos de la gestión directa de los fondos públicos y de la oferta exclusiva de cursos, al abrirlos a la libre concurrencia, y relegará a los interlocutores sociales al diseño y la planificación de los programas.

"La propuesta del Gobierno está lejos del mercado de trabajo. Son justamente las organizaciones empresariales y sindicales las que conocen las necesidades de los sectores (...) (pero) el Ejecutivo les concede un papel muy poco relevante en la organización, gobierno y gestión de la formación, limitando su participación a un mero papel decorativo", dijo CCOO en un comunicado.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, considera que la reforma es "técnicamente mejorable"

Pese a esta falta de acuerdo, Báñez quiso resaltar las más de 50 reuniones mantenidas sobre esta reforma con los interlocutores sociales después de casi un año de negociaciones y dijo que el modelo aprobado contaba "con muchas aportaciones de todos".

"Ha sido una reforma dialogada hasta la extenuación (...) Es una buena reforma, no sólo para los trabajadores y las empresas, sino también para la sociedad", dijo Báñez, subrayando el déficit de cualificación de los trabajadores españoles, y la necesidad de mejorar la formación en un mundo cada vez más globalizado.

Hace dos semanas, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, dijo que a la patronal no le gustaba el borrador que les había mostrado el Gobierno, que consideró "técnicamente mejorable", y destacó que la formación era un "tema decisivo para la competitividad y el futuro de las empresas españolas".

"No podemos transmitir que toda la formación que se ha hecho ha sido fraude porque es radicalmente falso", DIC

"No podemos transmitir que toda la formación que se ha hecho ha sido fraude porque es radicalmente falso. Habrá que impedir y condenar ese fraude y poner mecanismos de control, auditoría y evaluación (...) (pero) que la administración mande sobre todo esto nos parece bastante incomprensible", dijo entonces Rosell.

La ministra dijo el viernes que un país con un nivel de paro que ronda el 24 por ciento de la población activa no podía permitirse tener vacantes en empleos de alta cualificación y dijo que la reforma consolidaría la cultura de la formación y la apuesta por el talento como nivel de competitividad.

Entre las novedades de la reforma destacan la inclusión de los trabajadores autónomos en el modelo, la creación del llamado "cheque formación" para los parados, que podrán elegir el centro donde realizar su formación, y la "cuenta formación" asociada a cada trabajador, que le acompañará durante toda su vida laboral y certificará su formación.

Además, dentro de la política de "tolerancia cero contra el fraude", se creará una unidad especial de inspección y se elevarán las sanciones para las empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos.