Un vídeo del presidente de la fábrica pastera Ence, en Lourizán (Pontevedra), colocó a la industria gallega en el centro mediático y no precisamente por su buena salud. Ignacio de Colmenares aseguraba a sus trabajadores que la empresa podría sufrir un "susto medioambiental mayúsculo". Tras esto la Fiscalía abrió una investigación, aunque el futuro de Ence pasa antes por una sentencia de la Audiencia Nacional sobre la prórroga en su concesión que dictaminó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras estas declaraciones la Asociación en Defensa da Ría de Pontevedra (ADRP) y el PSOE de Pontevedra formalizaron dos denuncias por supuestos delitos medioambientales, contra la salud de las personas y por amenazas. Ence defendió que el vídeo está sacado de contexto y que el complejo es "totalmente seguro". Sí matiza que "de aquí a 2033, podría darse este futurible problema de no hacerse las inversiones necesarias por falta de seguridad jurídica".

La lista de aprietos que atañen a la pastera desde hace años es muy extensa y se debaten en varios ámbitos: jurídico, político, económico y social. Los últimos acontecimientos están relacionados con el proyecto de la Ley de Cambio Climático, que según empresa, PP, Xunta y CCOO obligaría a la empresa a echar el cierre perdiendo "miles" de puestos de trabajo, lo que está ocasionando un revuelo de protestas de los trabajadores en contra del Gobierno local (coalición BNG-PSOE), que apoya su traslado.

Según Ignacio de Colmenares, la citada ley impediría realizar las inversiones necesarias para mantener la seguridad de la fábrica: "Podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a las personas. Como tenemos una responsabilidad como administradores, como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir (...) nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada pero rápida. Que no os engañen cuando os dicen que ese artículo no nos afecta, porque si no nos afectase, no le habría costado nada al Ministerio cambiar la redacción siguiendo la recomendación del Consejo de Estado".

Ence y PP enfocan toda la atención en un artículo concreto del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, el 18.4, que dice así: "Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo".

Esto significa que la concesión se otorgará por un máximo de 75 años y Ence tendría que trasladarse en 2033, algo a lo que la empresa se opone rotundamente y baraja ubicarse fuera de Galicia. Insiste en modificar el artículo para garantizar la "seguridad jurídica" y la permanencia en Lourizán, pero en estos momentos la tramitación de la ley está en curso y se votó en el Congreso a favor de que esa misma redacción del artículo 18 se mantenga tal y como está.

Desde la Xunta insisten en que según la redacción actual el artículo puede dar lugar a distintas interpretaciones y así se lo enviaron por carta al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, las conselleiras del Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez. En la misiva piden al Gobierno de Pedro Sánchez que en el artículo 18.4 cambien "los actos administrativos dictados" por "a los que se dicten" para blindar Ence.

El PSOE sostiene que ese artículo no influye en el futuro de la pastera. Según Tino Fernández, teniente alcalde de Pontevedra, el artículo no tiene efecto retroactivo e influye para las concesiones futuras y no "para concesiones vivas". Según cuenta a Público, Ence está informada al respecto.

El secretario comarcal de CCOO, Xosé Luís García Pedrosa, que pertenece al sindicato que está promoviendo las movilizaciones en contra de esta ley y del Ayuntamiento pontevedrés, reconoce que el artículo no influye a Ence. Sin embargo, considera que existen "muchas pruebas inequívocas de la voluntad del Gobierno de hacer que ENCE cierre". Para él la primera prueba se da cuando el Gobierno "decide allanarse en el juicio que está pendiente en la Audiencia Nacional sobre la concesión que tiene Ence, allanarse significa que te retiras porque estás de acuerdo".

Pedrosa se refiere a que en 2019 la Abogacía del Estado cambió de criterio y dictó que la legalidad de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente en 2016 "no sería conforme a derecho", es decir, sostuvo que hubo irregularidades en ampliar la concesión de Ence. Después de las elecciones generales de 2015 y cuando todavía no había presidente del Gobierno, el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy otorgó la prórroga de la concesión de Ence 60 años más (la anterior concesión promulgada por el Gobierno de Franco terminaba en 2018), lo que le permitiría estar en dominio público marítimo terrestre hasta 2073. Es entonces cuando la ADRP, Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra denunciaron para conseguir la anulación de la prórroga.

La sentencia de la Audiencia Nacional está muy cerca de conocerse, lo que marcará, antes que ningún artículo o la Ley de Cambio Climático, el futuro de Ence, aunque la difusión del vídeo de su CEO haya despistado sobre los motivos que pueden llevar al cese de actividad de la fábrica en Lourizán.

Antón Masa, el presidente de la ADRP, explica que le parece "incongruente" que el PP modificara por entonces el reglamento de la Ley de Costas y no el propio artículo, lo que lleva a la discusión de si en esos 75 años de concesión se incluyen las prórrogas o no. El PP sostiene que no. El PSOE intentó modificar el reglamento, pero por problemas legales que podrían afectar a empresas a las que se le aplicaron las normas anteriores, decidieron especificarlo en el anteproyecto de la Ley de Cambio climático y así surgió el famoso artículo 18.4.

El parlamentario del BNG Luis Bará, cree que la del CEO puede ser una "filtración interesada debido a que la planta no está haciendo las inversiones necesarias" para con su seguridad. El grupo nacionalista, que gobierna Pontevedra en coalición con el PSOE, cree que Ence debería buscar otro emplazamiento y que se haría formal si de verdad existiese "voluntad política", así se completarían los ciclos productivos y se potenciarían las actividades relacionadas con el mar que se dejaron de hacer por la fábrica. "Hay una manipulación burda intentando presionar a las instituciones utilizando el tema de las concesiones cuando realmente a quien sirve está en función de los intereses de Ence. Llevan semanas presionando y chantajeando", sostiene.

A nivel medioambiental los partidarios del traslado de Ence argumentan que el sector forestal no puede estar relacionado de esta manera con un terreno de mar, ya que esto no se sostiene en criterios ambientales. "Tecnología obsoleta, gasto excesivo de agua, vertidos peligrosos... En 2019 nos llegaron avisos de ruidos y de olores alarmantes, más altos de lo normal. En alguna ocasión tuvimos filtraciones de personas que trabajan en Ence y que nos decían que tenían problemas en la caldera y no los podían resolver. Lo denunciamos y no pasó nada. ¿Tendrían que ver algunos de estos problemas con la inestabilidad de la que habla Colmenares? Si tiene que ver es muy grave", alega Masa.

¿Cierre o traslado?

Para algunos no hay diferencia entre el cierre o traslado, ya que ambos casos significan el cese de actividad de planta y no hay impedimento a que otra celulosa abra en Pontevedra, pero es la propia ENCE la que se niega a buscar otro emplazamiento porque necesitaría 700 millones de euros, en cambio, sí está dispuesta a invertir 400 en la actual fábrica o para mudarse a otros países.

La pastera, Xunta, PP, y CCOO defienden que se perderían 5.000 puestos de trabajo y lo comparan con la crisis del naval de Ferrol o como el hipotético caso de que cerrase en Vigo la Citröen. Según defiende la ADRP esos números están inflados, y Ence tiene "270 trabajadores" directos en la fábrica, "110 puestos de oficinas" centrales –no saben si en Lourizán o en otro punto de la ciudad– y después los trabajadores que operan en los montes, actividad que se podría seguir realizando a pesar del traslado de la empresa. "Los puestos de trabajo no se perderían y la presencia de Ence en Lourizán impide la explotación de los recursos naturales en el monte y la ría, esos puestos de trabajo están imposibilitados por Ence y se podrían recuperar. La comarca podría tener más empleo que hasta ahora", explica Masa.

La Xunta siempre se ha posicionado de parte de Ence. Del consejo de administración forman parte la exministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el exconselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, ambos del Partido Popular (PP).

"El recorrido de Ence acaba en 2033. Es la realidad y así lo hemos venido manifestando, tenemos que sentarnos a negociar con las administraciones de manera que se pueda trasladar. Si es posible trasladarla para Portugal o Brasil, puede quedarse en Galicia. Le pedimos al comité de empresa que actúe en defensa de los trabajadores", sostiene el teniente alcalde, Tino Fernández.

El problema radica en que la empresa no está dispuesta a invertir 700 millones en un cambio de ubicación en Pontevedra. Los trabajadores están muy enfadados, pero no con la entidad, sino con la alcaldía y con el proyecto de la ley. Creen que sería "catastrófico" un cierre de Ence, que es lo que esperan que suceda, y continuarán "apretando" para intentar modificar la posición del Gobierno local.

El pasado jueves un grupo de trabajadores ocupó el Ayuntamiento de Pontevedra y la policía tuvo que intervenir para desalojar a los protestantes. El regidor, Miguel Anxo Fernández Lores, culpó al portavoz municipal del PP, Rafael Domínguez, de permanecer un "buen rato" en la alcaldía "arengando a las personas que la ocuparon con la intención de agredir verbal y físicamente a los responsables del equipo de Gobierno", así como a él. Ence negó las acusaciones. Ana Pontón pidió a Feijóo que frenase una "campaña que ya sobrepasó todas las líneas rojas de la democracia".

Para la ADRP, los trabajadores se "equivocaron de enemigo" apoyando a la empresa. "No defendieron su trabajo, de haberlo hecho, habrían presionado a la empresa para pedirle el traslado", concluye.