Un trámite administrativo bloquea la regulación de los precios del alquiler y cronifica su encarecimiento en Catalunya

En 33 de los 73 barrios de Barcelona, lo que supone un 45%, el precio medio del alquiler supera los 1.000 euros al mes. De estos 33, hay seis en que el valor se sitúa por encima de los 1.500 euros. El dato es bastante indicativo de la sangría que están sufriendo los precios de los arrendamientos, no sólo en la capital, sino en toda Catalunya.

Si las estadísticas se analizan a 10 años vista, las cifras oficiales del Institut Català del Sòl (Incasòl) muestran como los valores se han subido un 62% en Barcelona y un 43% en el global de Catalunya. Ante este escenario, el mismo Govern, a través de la consellera de Territorio, Ester Capella, reclama al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que publique el índice de referencia de precios, la herramienta que prevé la ley de la vivienda para empezar a limitar las subidas en las zonas más tensadas. "No hay ninguna sociedad que pueda resistir estas subidas", advierte Capella.

Dando un paso más allá, las entidades en defensa del derecho de la vivienda exigen a la ministra del Mitma, Raquel Sánchez, que desbloquee el trámite administrativo que permitiría la entrada en vigor de la ley, a la vez que urgen a regular algunas figuras fraudulentas, como el alquiler de temporada o el de habitaciones.

Alquilar un piso en Catalunya és más caro que nunca

Los recientes datos del Incasòl concluyen que alquilar un piso en Catalunya es más caro que nunca. Según las últimas cifras oficiales, durante el segundo trimestre se han pagado unos 830 euros mensuales de media, un 2% más que en el arranque del año. La escalada es bien visible en la ciudad Barcelona, donde el alquiler repunta hasta los 1.123 euros, un 3% más que el primer trimestre, y un 12% más que en el mismo periodo del 2022.

Hace un año, en Barcelona los alquileres de una vivienda no llegaban a los 1.000 euros al mes. Pero se empezaron a elevar y justo antes del verano, de media, se pagaban los mencionados 1.123. Durante el mismo periodo, también se ha producido una caída en la cifra de contratos firmados. En el segundo trimestre del año, se formalizaron en Catalunya un total de 10.328, un 9,5% menos que el mismo periodo del 2022. Fuentes del sector atribuyen este fenómeno a determinados alquileres de temporada que escapan de los registros oficiales.

Utilización de figuras fraudulentas

Paralelamente, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) presentó un estudio, en el marco de su congreso anual, en el cual se estima que un 20% de los pisos que se alquilan como vivienda habitual en Catalunya no se declaran. Una vez difundido el dato, desde Gestha confían que la nueva ley de la vivienda, que incorpora deducciones fiscales si se mantienen o se reducen los precios de los arrendamientos, facilite el afloramiento de estos contratos no declarados.

Un estudio del sindicato Gestha asegura que no se declaran el 20% de los pisos que se alquilan en Catalunya

La urgencia de regular el mercado de alquiler, aplicando la regulación, tumbada por el Tribunal Constitucional el marzo de 2022, es el punto de partida de las reivindicaciones del Sindicat de Llogateres. La entidad recuerda que este instrumento, que estuvo en funcionamiento entre 2020 y 2021, consiguió bajar los precios una media del 5%.

En un comunicado, el sindicato alude a que la lucha de varias entidades forzó a recuperar su legalidad en el marco de la ley estatal de Vivienda. Así, denuncia que "mientras lo Mitma bloquea la aplicación de la ley, miles de hogares se quedan totalmente desprotegidas ante un mercado salvaje que tiene barra libre para especular con la vivienda".

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, precisa que "a pesar del bloqueo de la ley, la congelación de precios se podría aplicar". Además, alerta de la necesidad de regular figuras fraudulentas como el alquiler de temporada. "Se hacen contratos de menos de un año para sortear la ley, pero se renuevan automáticamente después de este tiempo. Se desvían los arrendamientos habituales por los de temporada, puesto que le sale más rentable económicamente al arrendador".

Fruto de este panorama, Aragonès pide que en los contratos de alquileres de temporada se recoja la necesidad temporal de la vivienda, que el encadenamiento de estos se transforme en residencia usual y que los municipios dispongan de herramientas para limitarlos y planificar sus usos.

La emergencia habitacional, agraviada

"El resultado de no aplicar las leyes garantistas y aparcar la regulación es que los precios de los alquileres se disparan". Es el análisis que hace la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado. Así, advierte sobre las prácticas de algunos grandes propietarios, a los cuales la ley 24/2015 obliga a ofrecer un alquiler social en caso de vulnerabilidad.

"En vez de mantener la renta, quieren incrementar el precio en un contexto de contención salarial y de pérdida de poder adquisitivo por la escalada de la inflación". Todo ello, añade, deriva en una "situación de ahogamiento familiar".

La PAH ve "imprescindible" la regulación de los precios en la actual situación

En este escenario, Delgado lamenta la agravación de las situaciones de emergencia habitacional. Ante este fenómeno, "la regulación de los precios del alquiler tendría que ser imprescindible, bajo la premisa que las casas son para vivir no para especular, a la vez que existen una serie de agujeros negros en el alquiler de temporada o de habitaciones, que precaricen todavía más la situación de los colectivos vulnerables".

Las políticas aplicadas en el ámbito de los alquileres en Catalunya, según denuncian el Sindicat de Llogateres y la PAH, han creado un perfil de personas que por primera vez son beneficiarias de recursos sociales o usuarios de las oficinas de vivienda. Tal como pasa con los alquileres de habitaciones o los de temporada, la realidad va por delante la normativa, lo que deriva en una vulneración de derechos y una capacidad nula de negociar las condiciones del contrato de alquiler. A pesar de que consideran que ley de vivienda estatal pone las bases para situarlo en el centro del debate, rechazan que simples trámites administrativos la dejen en papel mojado.