Antonio y su hija menor de edad, forzados a vivir en ocho metros cuadrados entre moho y humedades

"Llevo meses buscando piso y todo son alquileres vacacionales. Mijas es un municipio con mucho turismo y sin oferta disponible. Lo poco que encuentro no me lo puedo permitir. Los precios son prohibitivos". Antonio Crespo (Sevilla, 1968) vive desde hace un año y medio en el número diez de la calle Barrio de Santana, en Mijas (Málaga). El inquilino tiene su plaza como funcionario de Justicia en la misma localidad y comparte techo con su hija de ocho años. La vivienda presenta "desperfectos y humedades", tal y como ha reconocido la propietaria en un burofax al que ha tenido acceso Público. La lucha para conseguir que asumiera sus responsabilidades, sin embargo, no ha sido nada fácil. "Le tuvimos que enviar el burofax para que entrase en razón y ahora nos dice que para reparar los desperfectos tenemos que suspender el contrato y abandonar el inmueble", relata Antonio. 

El piso tiene un dormitorio, un pequeño salón, cocina y baño. "La habitación está llena de moho, completamente inutilizada. Las lluvias torrenciales del pasado mes de noviembre han terminado con parte del techo caído. El olor a humedad es insoportable", continúa el vecino. Antonio y su hija llevan meses durmiendo en ocho metros cuadrados: uno utiliza el sofá y el otro, un colchón sin somier, directamente sobre el suelo del salón. "Es el mismo espacio que utilizamos para comer y donde están también los juguetes de la niña. No sé cuánto tiempo más podremos aguantar sin habitación", relata. La familia paga todos los meses 570 euros de alquiler, tal y como consta en los recibos que ha podido consultar este diario.

La propietaria "ignoró" las primeras advertencias de los inquilinos sobre el estado de la vivienda. "Llegó a decirnos que las humedades eran posteriores a nuestra entrada en el piso, porque la anterior inquilina nunca se lo había notificado, cosa que es absolutamente incierta", sostiene Antonio. El hombre preguntó "por el pueblo" y se puso en contacto con la persona que había estado alquilada previamente en el inmueble; tenía la "certeza" de que el problema venía de lejos: "Era materialmente imposible que fuese reciente".

Público ha podido leer las conversaciones entre ambos y la mujer no sólo reconoce que "el techo estaba hinchado de humedad", sino que habla de un inquilino anterior a ella que también habría sufrido los mismos males. "La única forma de mantenerlo limpio era dejar la ventana abierta. No me sorprende [la situación] e imagino que el problema ha estado presente durante todo este tiempo. (...) El hombre que vivía ahí antes creo que la había avisado y no reparó nada", señala la misma fuente en otro de los mensajes. Antonio ha presentado varios escritos alertando del conflicto en el Ayuntamiento de Mijas, tal y como ha podido confirmar este medio. El Consistorio ha reconocido en una conversación con Público ser "conocedor de la situación" y lamenta que, "dadas sus circunstancias laborales", Antonio "no se encuentre en situación de vulnerabilidad social".

Seis visitas al médico en los últimos tres meses

Antonio consiguió poco antes del verano que la casera hiciese una "pequeña reparación" en el apartamento –"rascaron la pared y le pasaron una mano de pintura"–, pero no sirvió de mucho. "En cuanto empezó a llover, volvió de nuevo el moho y se desprendió parte del revestimiento", detalla el inquilino. El estado de la vivienda ha afectado a la salud de la familia. Antonio y su hija han visitado seis veces el servicio municipal de urgencias entre finales de diciembre y principios de marzo. Los partes médicos reflejan "problemas respiratorios", "bronquitis" y "congestión nasal". Antonio está además de baja laboral por ansiedad y sigue en tratamiento psicológico. "Lo último que quiero es que esta situación me pueda superar, sobre todo por la niña", insiste.

La propietaria le ha enviado un segundo burofax a los inquilinos poco antes de la Semana Santa. "Le volvemos a reiterar (...) que según el contrato suscrito por ambas partes y lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las obras de conservación y reparación de la vivienda conllevan que la misma sea inhabitable, por lo tanto, puede optar entre suspender el contrato o desistir del mismo, sin indemnización alguna", precisa el comunicado. La casera amenaza además con "iniciar las acciones legales oportunas" en caso de que la familia decida quedarse en el piso y no pague la mensualidad.

"Llevamos pagando religiosamente todos los meses desde que entramos a vivir aquí. La arrendadora nos obliga a hacer los pagos en metálico. Si nos retrasa las obras y nos tenemos que marchar, nos quedamos sin alternativa, en la calle", señala Antonio. Público ha podido comprobar que todos los pagos están al día –marzo incluido–. Las entidades sociales que trabajan en la zona no disponen de pisos disponibles "en estos momentos", según relata el vecino, y las subvenciones públicas en materia de vivienda tampoco están a su alcance. "La Junta de Andalucía me ha dicho que nada de nada, que estemos pendientes a diario por si sale algo", lamenta. Público ha tenido acceso al correo en el que el Servicio de Atención a la Ciudadanía de Info.Vivienda –Administración autonómica– le confirma al arrendatario que no prevé "la publicación de convocatorias de ayudas en breve".

Antonio cobra todos los meses 1.700 euros, "un sueldo límite, porque ni me permite vivir, ni me hace merecedor de recursos". El funcionario ha intentado buscar otras opciones de "alquiler asequible" en la localidad, para mantenerse cerca de su centro de trabajo y del colegio donde estudia la menor. "No hace mucho que visitamos un piso de una habitación. El propietario nos pedía 700 euros, quería supuestamente seguridad jurídica. Yo tengo una nómina como trabajador de la Administración pública: si no pago un mes, me la embargan. Si tú sabes esto y pides lo que pides, ¿quieres seguridad jurídica o quieres ganar cada vez más dinero?", se pregunta Antonio. La búsqueda de piso no es, sin embargo, lo que más le preocupa; sus inquietudes como padre están por encima de todo: "La niña está desganada, hacía atletismo y ha dejado de competir. Me da mucha lástima, pero afortunadamente vive en su inocencia. Y menos mal, porque así no es tan consciente".

¿Quién tiene que reparar los desperfectos en un piso?

Esta es una de las preguntas que más se repite en las asambleas de los movimientos de vivienda. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el propietario debe financiar las reparaciones necesarias para mantener un inmueble en "condiciones de habitabilidad", mientras que el inquilino debe hacerse cargo de los pequeños desperfectos derivados del uso habitual del mobiliario. Las obras de conservación son en cualquier caso responsabilidad de los arrendadores. "Es importante hacer aquí una distinción. Los caseros muchas veces disfrazan de conservación obras que son realmente de mejora para acelerar la expulsión de los inquilinos", advierte Alejandra Jacinto, abogada en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

El principal problema está, según los expertos, en la fecha en la que se redactó el reglamento: 1994. "El contexto ha cambiado: hace treinta años, si tenías un incidente en la casa te podías marchar y buscabas otra, porque había alternativas, pero ahora los precios hacen que sea imposible. Los inquilinos tienen que presionar a los caseros para que financien los arreglos. Y existen herramientas para ello, como hablar con la comunidad de vecinos –si el desperfecto puede afectar al bloque– o pedir un presupuesto y dar un margen de 15 días para la reparación. Si los caseros lo ignoran, lo recomendable es adelantar ese dinero y compensarlo luego en la renta", señala Víctor Palomo, abogado experto en vivienda, que pide "dejar constancia por escrito de las comunicaciones para subsanar el problema" y permanecer en el inmueble, por mucho que los caseros intenten "forzar" una salida anticipada.

"El rentismo suele utilizar la excusa de las obras para alegar que la vivienda es inhabitable y provocar un desalojo temprano. Es una estrategia bastante antigua", continúa Alejandra Jacinto. Esto es lo que ocurre en el caso de Antonio. "La propietaria realmente no quiere realizar las obras. Le he pedido una fecha, porque me he comprometido a abandonar el piso durante esos días [los que dure la intervención], pero no tiene ninguna intención de empezar. El contrato está ahora suspendido –hasta la reparación–. La casera insiste en que la vivienda es inhabitable para que nos cansemos de estar así y nos marchemos. Hará una chapuza y lo alquilará de nuevo", vaticina el inquilino, para luego añadir: "Ella quiere librarse de nosotros cuanto antes, nos ve como un estorbo".