"Esto no acaba aquí, la lucha sigue": la presión social da aliento a Maricarmen frente al abandono institucional

Maricarmen casi no necesita ya presentación. La madrileña de 87 años se ha convertido en todo un símbolo. En un ejemplo de resistencia, de desobediencia civil. En la cara y el nombre de la lucha por el derecho a la vivienda. Desde hace semanas, la inquilina ha protagonizado encuentros, pasacalles, protestas. Entrevistas en redes, portadas y platós. Dando voz a una reivindicación que va más allá de ella misma: "Todos tenemos derecho a un techo". Un derecho que, desde hace más de cinco años, el fondo Urbagestion Desarrollo e Inversión S.L. ha intentado arrebatarle. Aunque, por el momento, no lo ha conseguido. Este martes, la sociedad, propietaria del edificio de Maricarmen desde el año 2018, sufría un nuevo revés. A menos de 24 horas de culminar el desahucio de la inquilina, un comunicado judicial aplazaba el lanzamiento, instando a las administraciones pertinentes a encontrar una alternativa residencial para la inquilina. 

"Es una victoria de la presión vecinal", valoran fuentes del Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado de la mano a Maricarmen en cada paso del camino. Una victoria, insisten, que no viene de las instituciones. Viene de las calles, de las propias vecinas. Evidenciando la efectividad de una de sus herramientas estrella: la organización colectiva. "Cuando nos organizamos, le paramos los pies al rentismo", reivindican desde la organización. En unas horas cargadas de emoción, de alegría. Aunque con matices: "Hoy celebramos, mañana seguimos organizándonos". Porque Maricarmen se queda en casa temporalmente. Su desahucio no se ha cancelado, se ha aplazado. "Y no queremos ganar tiempo, no queremos una mudanza. Queremos que pueda quedarse en su casa", sentencian.

"No vamos a parar hasta expulsar a todos los fondos de nuestros barrios"

Una exigencia que llevarán hasta el final. Hasta las últimas consecuencias. "Esto no acaba aquí, la lucha sigue", advierten. La lucha de Maricarmen, sí. Pero no solo. "La de todas las inquilinas. La de todo Madrid". Porque cada vez son más los inquilinos de la capital que viven bajo el miedo y la inseguridad que siembran el rentismo y la especulación. Una situación que solo puede revertirse con voluntad política. Recuperando los contratos vitalicios y expropiando la vivienda a todos aquellos propietarios que la utilizan para enriquecerse. No para vivir. Bancos, fondos, socimis, entramados empresariales, grandes propietarios... "La vivienda es un derecho, no una inversión", recuerdan. "No vamos a parar hasta expulsar a todos los fondos de nuestros barrios".

Un desahucio de herencia franquista

La historia de resistencia de Maricarmen se remonta al año 2018. "En el mes de mayo, me llegó una carta de Renta Corporación, que fue el primer fondo que compró la finca, diciéndome que había adquirido el edificio y que me daba la opción de comprar el piso", relataba este lunes en conversación con Público la vecina. Por 247.000 euros. Una cantidad que, con una pensión de apenas 1.450 euros al mes, le resultaba directamente inalcanzable. "Y a mi edad ningún banco me va a conceder una hipoteca", razonaba la inquilina. Al mes, el edificio volvió a venderse. Fue ahí cuando lo adquirió el actual propietario, Urbagestion. Que le puso sobre la mesa otra alternativa: incrementar en un 300% la cuantía de su alquiler. De los 500 a los 1.650 euros al mes. "Me sentí humillada. ¿Cómo voy a pagar más de lo que tengo y a vivir?", denunciaba la inquilina.

Ese fue el comienzo de un pleito en los tribunales que se ha alargado ya cinco años. Hasta el pasado mes de marzo. El Supremo fallaba entonces a favor de la propiedad. Aprovechando el sexismo de la legislación franquista, que impidió a la madre de Maricarmen firmar el primer contrato de arrendamiento del piso, y el Decreto Boyer del año 85, que extinguió la fórmula de los contratos de renta antigua en España. Reconociendo una única subrogación. "Setenta años a la basura simplemente porque una empresa quiere hacer más dinero con su vida. Y la ley lo permite", critican desde el sindicato. Obviando su edad, las más de siete décadas que lleva viviendo en el piso y su propia situación de salud, con una discapacidad de hasta el 50% tras varias operaciones de cadera.

"Si hay alternativa, hay desahucio"

La moratoria del desalojo de Maricarmen lleva aparejada una condición. Que las administraciones públicas competentes -el Ayuntamiento- encuentre y ofrezca a la inquilina algún tipo de alternativa habitacional. Para que pueda irse, pero no se quede en la calle. Para el sindicato, ahí está el problema. "Cualquier alternativa a permanecer en su vivienda, es una forma de desahucio", subrayan desde la organización. Impulsada por un gobierno municipal que no se ha mostrado precisamente empático con la situación de Maricarmen. El pasado lunes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, instaba a la inquilina a acudir a los servicios sociales. Una vía que la vecina madrileña exploró hace años. Sin resultados. "El propio juzgado del caso ni siquiera ha considerado en ningún momento que Maricarmen debiera entrar en la moratoria de desahucios vulnerables. Como para hablarle de servicios sociales", critican voces del sindicato.

Este miércoles, a las 8:30h de la mañana, Maricarmen desayunará con los vecinos que se acerquen a su edificio

No es solo eso. ¿Qué alternativa digna le van a ofrecer? ¿Una plaza en una residencia? ¿Algún tipo de coliving? ¿Una habitación fuera de su ciudad, de su barrio de toda la vida? "No es en ningún caso la solución", concluyen desde el sindicato. "Aquí he hecho y tengo toda mi vida. Esta casa es una parte de mí. No contemplo la opción de marcharme", explicaba en la misma línea a Público la inquilina. "Aquí tengo todas mis cosas: mis muebles, mis fotos, los recuerdos de mis viajes. Aquí murieron mis padres y mi hermano. Mi único deseo es poder terminar aquí también mis días", añadía.

Y así va a ser, aseguran desde el sindicato. "Lo tenemos claro: no queremos dar pena, queremos vivienda para todo el mundo", señalan desde la organización. Poniendo fin a la epidemia de desahucios invisibles que asola Madrid. A través de métodos cada vez más violentos. Más apartados de la legalidad. O, por lo menos, de lo que debería ser legal. Cláusulas abusivas, técnicas de intimidación, mobbing inmobiliario a través de unas obras integrales de supuesta rehabilitación. Basta ya. "Esto solo es el principio", avisan desde el sindicato. Aprovechando para lanzar una invitación: un desayuno con Maricarmen. La cita tendrá lugar este miércoles, a las 8:30h de la mañana, frente al edificio de la inquilina. El número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. "Vente a escuchar más detalles y a organizarnos para las otras acciones de esta semana".

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Queda demostrado. La organización colectiva y la desobediencia civil funcionan. Maricarmen es un ejemplo de ello. Pero no es el único. Tribulete 7, General Lacy 22, San Ildefonso 20. Cada vez son más los bloques organizados en torno a la estrategia Nos quedamos que promueve el sindicato en la capital. Una estrategia de resistencia que desborda los límites de Madrid. Barcelona, Valencia, Málaga o Ibiza. Las ciudades y barrios de toda España se están alzando en contra de la especulación. En medio de un abandono institucional que les fuerza a tomar las armas. "Hemos encendido la chispa. Esto ya no lo para nadie".