¿Cuándo presentarán la comisión de investigación? ¿Qué errores han subsanado respecto a las anteriores solicitudes de creación de comisión, para que esta vez sí sea admitida?

La presentaremos en los próximos días. Queríamos asegurarnos de que participasen otros grupos y otras fuerzas, y así va a ser. Seguramente más de 70 diputados apoyarán esta propuesta, dejando claro algo que venimos sosteniendo desde hace tiempo, pero que, desde el anuncio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya no se puede mantener: que la inviolabilidad real sirva como excusa para impedir una investigación parlamentaria. Nosotros ya considerábamos que la inviolabilidad recogida en la Constitución no puede alcanzar nunca los delitos graves, como podrían ser el blanqueo de capitales o el fraude. Teniendo en cuenta que ahora incluso la Fiscalía está dispuesta a investigar, nos parece que ese argumento de la inviolabilidad ha perdido todo sentido.

'Público' informó el martes de que, en base a esta actuación de la Fiscalía, los letrados del Congreso se plantean modificar su interpretación sobre la inviolabilidad. ¿Esperan que sus informes sostengan que el argumento de la inviolabilidad no basta para tumbar una comisión de investigación?

La inviolabilidad real, tal y como está concebida en la Constitución, es un auténtico anacronismo impropio de cualquier constitución democrática del siglo XXI. Se podría entender en el siglo XIX en una monarquía como la borbónica, que no pasó por la revolución por la que pasaron Francia o Inglaterra. En este caso, por primera vez desde la Transición, se han abierto causas judiciales en otros países, hay una carta emitida por la propia Casa Real reconociendo -parcialmente al menos- unos hechos de tal gravedad que llevan al actual jefe del Estado a anunciar que renunciará a parte de su herencia. Ahora que la Fiscalía está investigando al rey emérito, por primera vez desde la Transición, hay razones de peso para que se cambie el criterio utilizado por la Mesa del Congreso. 

En el Congreso se han hecho muchas preguntas sobre la monarquía o se han registrado peticiones de comparecencia. El argumento esgrimido para no admitir estas cuestiones, que además no tiene mucho fundamento, era, por sistema, el de la inviolabilidad. Me parece que es desconcer el papel central que el Congreso, como máxima expresión de la soberanía popular, representa en el sistema constitucional. Se ha acabado la época en la que se podía argumentar con el artículo 56.3 de la Constitución la inviolabilidad real, como si fuese una especie de reacción automática que impidiese todo tipo de discusión sobre cuestiones que involucrasen a la monarquía.

¿Hay disposiciones similares en las constituciones de otros miembros de la UE que protejan al jefe del Estado de esta forma? ¿Qué es lo que no va a poder perseguirse en esta comisión, visto este límite?

Creo que la monarquía borbónica ha abusado de una protección enormemente cualificada desde su propia existencia, llegando a veces al absolutismo, como con Fernando VII. En los momentos de máxima democratización de la historia española, o bien los controles sobre la monarquía fueron mayores, o bien desapareció la monarquía. La Constitución de 1869, hija de la Revolución Gloriosa, es mucho más incisiva en el terreno que el principio democrático le da a la monarquía. Y luego tenemos los dos ensayos republicanos, que implican la ausencia de una jefatura de Estado con tantos privilegios como ha tenido históricamente la monarquía. 

De hecho, el sistema que se genera a partir de 1978, con un monarca instituido por Franco, tiene como eje una sobreprotección de la monarquía que no tiene parangón en otros países. No es solamente la inviolabilidad, sino incluso una protección penal excesiva, y se vio con la reforma del llamado Código Penal de la democracia, cuando se introdujo un tipo penal para proteger la imagen de la Corona que pone en peligro la propia libertad de expresión. No se trata sólo de que en España no se puedan investigar penalmente posibles acciones delictivas que nada tienen que ver con la función constitucional de la Corona, sino que incluso se establecen peligrosas limitaciones a la libertad de crítica y a la libertad de escrutinio público sobre una institución que no es elegida por la ciudadanía. Es lo que está pasando con raperos, tuiteros, y es una vergüenza.

En el juicio a la infanta Cristina se oyó aquello de "Hacienda somos todos es un slogan publicitario", lo dijo la Abogacía del Estado. ¿Confían en que la Fiscalía del Supremo, visto lo visto, aprecie responsabilidades penales en el monarca? ¿Confían en que lo trate como a un ciudadano más?

Aquí hay inercias encontradas. Contra lo que se suele afirmar, la monarquía española no es una institución simplemente simbólica. Aquello de que 'el rey reina pero no gobierna' no deja de ser una frase que oculta el papel central que la monarquía tiene en toda una trama de poder. Una trama de poder oligárquico, político, económico financiero que se ha ido consolidando desde la Transición. Lo que pasa es que, con las revelaciones de las causas que involucran a Juan Carlos I por parte de tribunales extranjeros, de prensa extranjera -The Telegraph y demás-, es muy difícil que eso no pueda tener una repercusión en el interior del propio Estado. Este domingo tuve la oportunidad de ver un informe especial que hizo EITB, 360 grados, que muestra que lo que se está comenzando a revelar en la prensa mayoritaria es sólo la punta del iceberg.

En realidad, hay indicios muy fuertes de que la monarquía ha estado vinculada a casos de fraude, de blanqueo de capitales, e incluso a la utilización del deep state, el Estado profundo, para amenazar a personas involucradas, que es lo que está diciendo la propia Corinna Larsen. Teniendo todo esto en cuenta, pienso que va a ser muy difícil que se mantenga la inercia que se ha mantenido hasta ahora, y que esto se pueda resolver simplemente a través de un carpetazo por la vía judicial, sin que haya un debate político, social y mediático sobre lo que está ocurriendo.

Del carpetazo al hecho de que el rey emérito sea tratado como un ciudadano más hay un trecho. Lo vimos con la infanta Cristina, que no tenía las prerrogativas que ha tenido el emérito, y contó con esta defensa de la Abogacía del Estado…

Sí, es innegable que desde el 78 hasta la actualidad se han generado una serie de dispositivos institucionales jurídicos que evitan que el trato que reciben miembros o exmiembros de la Casa Real, incluso cuando hay delitos graves en juego, sea el mismo que se le dispensa a un ciudadano común. Cuando se dice que la ley es igual para todos es evidente que, cuando pones a la monarquía frente al espejo del principio de igualdad ante la ley, la imagen que ese espejo devuelve es una imagen bastante deformada, monstruosa. Queda mucho camino por recorrer, pero me cuesta ver que la necesidad de investigar y de que la verdad salga a flote pueda refrenarse.

¿Cómo afecta al actual del jefe del Estado esta investigación? A él y a la institución, claro.

La institución monárquica como tal tiene un defecto y una fragilidad de origen, y es precisamente que no tiene una legitimidad democrática detrás. La única legitimidad que puede tener es la que sea capaz de construir con su ejercicio. Con Juan Carlos I el déficit de legitimidad de origen, e incluso el pecado de haber tenido un vínculo estrecho con la dictadura franquista, intentó salvarse con la operación del 23-F, tratando de presentar al monarca como alguien que no tenía un origen democrático, pero que había contribuido a salvar la democracia -una tesis enormemente discutible-. 

Imagino que ahora hay sectores de la Casa Real que van a hacer mucho esfuerzo para que lo que afecta a Juan Carlos I no afecte a Felipe VI. En ese sentido, me parece que hay grupos que ya están pensando en el exilio de Juan Carlos I, algo que está muy presente en la historia de la dinastía borbónica, pero creo que va a ser muy difícil que ocurra.

Es muy difícil que tenga éxito el intento de controlar la radiación que emite el cráter de la corrupción monárquica. Que se consiga separar una cosa de la otra, sobre todo cuando la propia Casa Real hoy reconoce que tenía conocimiento, al menos desde hace un año, de muchos de los hechos que ahora son objeto de discusión en sede judicial y en la prensa internacional.

En marzo, tras conocerse que era beneficiario de una cuenta offshore, el rey anunció que renunciaba a su herencia, cosa difícil a nivel jurídico porque el emérito no ha muerto. También se comprometió a retirarle su sueldo con cargo a las arcas públicas. ¿Debería el rey emérito devolver todo lo cobrado desde su abdicación, dada la sombra de corrupción? 

De entrada, todo eso debería estar bajo escrutinio público, con luz y taquígrafos, y el Congreso debería ser la sede de la depuración de esas responsabilidades políticas. No hay ninguna razón para que Juan Carlos I no pueda comparecer. La situación exige explicaciones públicas.

Y es muy importante cómo reinterpretamos el papel de la inviolabilidad real. Lo que se está diciendo ahora, y lo que sugiere la Fiscalía, es que el rey deja de ser inviolable desde el momento de la abdicación. Pero me parece que incluso eso es discutible: el rey es inviolable solamente en aquellos actos en ejercicio de sus funciones constitucionales. Cuando no está cumpliendo estas funciones está sujeto a la Constitución, como cualquier otro ciudadano.

Esto abre una nueva interpretación que no solamente afecta a Juan Carlos I, sino que, llegado el caso, podría afectar a Felipe VI. Desde este punto de vista, la propia Casa Real y las personas favorables a la monarquía deberían tener interés en que esto no se presente como una cuestión de opacidad sobre la que no se quiere investigar, sino en que se le dé la máxima publicidad.

Hablando de funciones de la monarquía ¿qué ha hecho el rey durante la pandemia? Además de sus visitas sorpresa al hospital de Ifema y otros lugares, y de la polémica por su petición a las órdenes nobiliarias para que aportaran leche y aceite de oliva para las familias necesitadas… ¿quizás, en algún momento habrá que reabrir el debate sobre qué está haciendo?

Ese es el problema. Mientras que a Juan Carlos I se le pudo crear un 23-F, como un elemento que le permitía otorgarse de una legitimidad de origen que no tenía, creo que Felipe VI no acaba de encontrar cuál puede ser una función suya, desde el punto de vista político y social, que sea aceptada por la ciudadanía.

¿No se intentó esto mismo con su discurso del 3-O de 2017, como decían desde Unidas Podemos?

El discurso del 3-O puede haber legitimado el papel de Felipe VI frente a determinados sectores de la derecha y la ultraderecha, sin duda. En cambio, lo alejó de una parte importante de la ciudadanía, y no sólo en Catalunya. En aquellos sitios donde el 3-O no había tenido ese efecto, creo que las denuncias de corrupción vinculadas a su padre acabaron por generarlo. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? La Casa Real sacó esta carta en un momento poco apropiado, porque parecía que precisamente la sacaba a la luz cuando no podía ser discutida públicamente, porque entrábamos en una situación de emergencia sanitaria. Parecía un intento contradictorio de transparencia y de ocultamiento, ambos a la vez.

A partir de aquí, esa Casa Real que intentaba que aquello pasara desapercibido intentó escenificar algunas actuaciones en términos simbólicos que, a mi juicio, tenían poco sentido en términos de compromiso con la pandemia. El rey apareciendo vestido de militar, haciendo apelaciones a los nobles… si ese es el tipo de elementos con los que la monarquía pretende justificar su función en una sociedad democrática del siglo XXI, me parece que son argumentos enormemente pobres.

¿Qué otras iniciativas van a plantear? Han advertido de que contemplan todas las vías penales y parlamentarias. ¿Cuáles son estas vías?

Habiendo vías judiciales abiertas a nivel nacional e internacional, vamos a ver qué recorrido tienen. El objetivo ahora es abrir la vía parlamentaria con el máximo de fuerza política, e intentar forzar que el principio monárquico aparezca subordinado al principio democrático, que es como creemos que debe ser. Si la investigación de esta causa se cierra en falso, si se priva al Congreso de poder debatir y arrojar luz sobre este tema, la propia democracia saldrá enormemente herida, y mucho más limitada de lo que ya estaba antes de que estallara este caso.

La investigación de la Fiscalía del Supremo abre nuevos cauces, quizás también podría abrirlos en la vía penal. IU presentó en diciembre de 2018, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, una querella contra el rey emérito. Su archivo fue ratificado en julio de 2019 por el Tribunal Supremo, una respuesta bastante rápida. ¿Van a retomar esta vía? ¿La cierran?

No descartamos ninguna vía. En la medida en la que salgan a la luz hechos nuevos tenemos la obligación, como representantes de la ciudadanía, de investigar. No podemos taparnos los ojos y simular que no está ocurriendo nada, son hechos de una gravedad extraordinaria. Ahora sabemos que el CIS no está preguntando por la opinión ciudadana sobre la monarquía, pero creo que, si se hiciera, mucha gente que no tenía una imagen tan crítica de la monarquía la tendría bastante acentuada después de las revelaciones de estos últimos tiempos.

¿Han pedido ustedes en algún momento que el CIS pregunte por la monarquía? Se dejó de preguntar durante el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Han hablado con el PSOE para sumar su apoyo a esta comisión?

El PSOE, de momento, se ha mostrado respetuoso con la vía judicial. Ellos consideran que hay una vía judicial abierta, que Fiscalía ha comenzado a investigar, y que por lo tanto hay que respetar esa vía judicial. Me parece que ya es un paso que se reconozca esto, y es un paso para reconocer que el argumento de la inviolabilidad eterna no se mantiene.

¿Dónde tenemos ahora el debate y la discrepancia? En si, una vez que reconocemos esto, tendría sentido que haya una comisión parlamentaria que pueda dirimir responsabilidades políticas. Y aquí somos contundentes: Rodrigo Rato compareció en el Parlamento de Catalunya, Cristina Cifuentes o Jorge Fernández Díaz comparecieron… Hay un sinfín de casos donde se generaron comisiones de investigación porque había una cuestión de interés público, y si hay interés público cualquier ciudadano puede ser convocado a comparecer.

La señora Cristina Cifuentes compareció en la Asamblea para dar cuentas del caso máster cuando ya estaba abierta la vía judicial.

Exacto.

¿Por qué entonces el PSOE no quiere explorar este escenario? La vía judicial va por un lado, la política por otro.

Exacto, por eso cito el caso de Cifuentes. Podemos mencionar muchos casos en los que había una vía judicial abierta y también se abrieron vías de depuración de responsabilidades políticas, porque eran casos de interés público. Aquí es innegable que hay interés público. Y, dado que Juan Carlos I ya no es rey, no hay ninguna razón que impida esa comparecencia. Aquí operan inercias y temores políticos a qué es lo que puede ocurrir una vez se ponga luz sobre todo esto.

¿Se refiere, en concreto, al PSOE?

Bueno, sí. El PSOE está admitiendo la vía judicial, pero hay reticencias en la vía parlamentaria. Hay reticencias porque creo que hay conciencia de lo que significa la opacidad que se ha mantenido en la democracia española, desde la Transición, a la hora de poder ejercer un escrutinio sobre los asuntos de la monarquía. Creo que hay temor a que ese velo se pueda levantar, pero al mismo tiempo hay una presión social, cultural, ciudadana, que cada vez está siendo más irresistible, y cada vez está planteando más nítidamente que una institución como la monarquía no puede estar exenta de escrutinio público. Como también está quedando claro que ya no hay ningún argumento para que no se pueda consultar a la ciudadanía sobre la pervivencia o no de esta institución en una democracia del siglo XXI.

Visto ese impulso ciudadano, que el argumento jurídico de los letrados para no permitir la comisión puede caerse, y visto que el PSOE ha apoyado que hubiera una comisión parlamentaria sobre las finanzas del PP en el Congreso de los Diputados, mientras la Audiencia Nacional juzgaba e investigaba piezas de Gürtel, ¿qué sentido tiene votar 'no' a la comisión?

No le veo sentido, más que la inercia de una práctica que ha sido muy poco exigente con una institución que no debería estar exenta del alcance de la ley, como pasa con cualquier otra institución y con la propia ciudadanía. Me parece que estamos frente a un fin de época: cuando hay un hecho nuevo esto justifica un cambio en la interpretación jurídica dominante. Tengo claro que ese cambio en la interpretación jurídica también depende, como siempre, del propio cambio en las exigencias de la sociedad y la ciudadanía. Si la ciudadanía entiende que es inaceptable que estos hechos vinculados a la Casa Real no se investiguen, se acabarán investigando en los tribunales, en el Congreso, y habrá un veredicto también de la propia sociedad.

¿Entiendo que cuentan con que el PSOE se acabe moviendo? ¿Cómo afectan estas diferencias a la relación con el Partido Socialista, socio en el Gobierno? ¿Son nuevo elemento de tensión?

No, no. No sé qué hará finalmente el Partido Socialista, es un tema donde no es la primera vez que discrepamos. Nosotros siempre hemos planteado nuestras razones políticas y jurídicas para defender nuestra posición, en este momento ellos sostienen que hay una vía judicial abierta, y por tanto nadie está defendiendo que se mantenga la opacidad sobre el tema. Lo único que ocurre es que nosotros creemos que hay que ir más allá, y como se va a notar en la petición que vamos a presentar, no sólo hablamos de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, sino también de ERC, BNG, Más País, PNV, Bildu… un conjunto importante de fuerzas políticas que representan un espacio importante dentro del Congreso, y que consideran que, por razones elementales de transparencia y de derecho de la ciudadanía a conocer toda la verdad, no se puede impedir esta iniciativa de investigación parlamentaria.