La juez que investiga una trama de corrupción policial vinculada a prostíbulos ha decretado hoy prisión incondicional para el inspector municipal del distrito del Eixample de Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra han confiscado esta tarde documentación sobre inspecciones y licencias de locales públicos.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha asumido la petición de la fiscalía y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para el funcionario municipal , acusado de los delitos de cohecho, revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos oficiales.

La juez ha decretado asimismo prisión, eludible con el pago de una fianza de 15.000 euros, para el ingeniero industrial Joaquin Q., acusado de los delitos de soborno y de aprovechamiento de documentos oficiales indebidamente obtenidos.

Al parecer, el funcionario municipal y el ingeniero industrial están acusados de actuar de común acuerdo para forzar a dueños de establecimientos de ocio y de hoteles a que encargaran a Joaquim Q. proyectos de habilitación de sus locales.

Por este motivo, la titular del juzgado de instrucción ha ordenado hoy a los Mossos d'Esquadra el registro de la sede del distrito del Eixample del Ayuntamiento de Barcelona, a la búsqueda de expedientes relacionados con la inspección y tramitación de licencias para locales de ocio y hostelería de la capital catalana.

En el registro, que se ha efectuado en presencia del inspector detenido, la policía autonómica se ha incautado de dos cajas con documentación.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha informado hoy de que investigó a finales de 2008 por la desaparición de dos expedientes municipales al inspector municipal del distrito del Eixample, Manuel M..

Así lo ha explicado hoy en la Comisión de Gobierno municipal el tercer teniente de alcalde del gobierno municipal, Jordi William Carnés, que ha calificado este caso de 'atípico en el funcionamiento normal del ayuntamiento', por lo que ha defendido la 'honorabilidad' del colectivo de funcionarios municipales.

La juez centró los primeros pasos de su investigación en la existencia de una supuesta red de corrupción policial relacionada con los macroprostíbulos Riviera y Saratoga, en Castelldefels (Barcelona).

Luego, abrió una nueva vía al detectar una red de abogados y policías que extorsionaba a los prostíbulos y ahora la trama ha salpicado a funcionarios municipales por presuntas irregularidades en la inspección y tramitación de licencias para locales públicos.

A lo largo de esta mañana, la juez ha interrogado como testigos a cuatro propietarios de clubes de alterne, entre ellos la dueña de un burdel que habría sido asistida jurídicamente por alguno de los abogados imputados por extorsionar presuntamente a dueños de prostíbulos en connivencia con un policía nacional.

Con los interrogatorios de hoy, la juez y los fiscales pretenden arrojar luz sobre la parte de la investigación que implica presuntamente a tres abogados y a un policía nacional concertados para extorsionar a propietarios de burdeles amenazándoles con inspecciones y redadas.

Precisamente, esta mañana han acudido al juzgado los letrados imputados Alex G. y Fernando M. para depositar la fianza de 20.000 euros que la juez les impuso a cada uno de ellos para eludir la prisión.