Emilio Fernández Castro, uno de los tres jueces que deben decidir si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados del caso Gürtel, se negó en 2007 a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la que terminaría siendo conocida como trama Gürtel: el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero apodado en la trama como el Albondiguilla y el empresario José Luis Ulibarri. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) creen que el magistrado no está contaminado para decidir sobre las escuchas.

Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.

La adjudicación al empresario de una parcela fue la clave de la denuncia

Dos años más tarde, el juez Baltasar Garzón citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma 'directa' a UFC 'tras la intervención de Francisco Correa', jefe del clan Gürtel.

La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta.

El magistrado no vio rastro delictivo pese

En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social.

Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.

Los imputados en el caso Gürtel han convertido en prioridad lograr la nulidad de las escuchas en prisión. Sobre esos pinchazos deben pronunciarse dos tribunales: el TSJ de Madrid, que debe revalidar o revocar el auto de Pedreira por el que confirmaba la legalidad de tales escuchas; y el Tribunal Supremo, que investiga la querella interpuesta contra Garzón precisamente por José Luis Ulibarri, a quien el sumario presenta como uno de los pesos pesados de la trama.

La decisión del Tribunal Superior de Madrid está en manos de tres magistrados: José Manuel Suárez Robledano, ponente; Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ; y Fernández de Castro.