Mariano Rajoy ha vuelto a ausentarse en una comparecencia trascendental. En esta ocasión, tocaba la reacción a la expropiación de la petrolera YPF por parte de Argentina y han tenido que ser los ministros de Exteriores y de Industria los encargados de dar la cara.

Los portavoces del Gobierno reaccionaron esta noche con contundencia ante una medida que consideran 'arbitraria' y que, a su juicio, rompe el clima de tranquilidad, según manifestó el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Por ello, ha anunciado que adoptará medidas 'claras y contundentes' en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior.

Margallo, quien comentó que España 'acudió en socorro de Argentina en sus peores horas', consideró que se había quebrado el acuerdo verbal del pasado 28 de febrero que abogaba por resolver los conflictos mediante 'el diálogo y la negociación'. Por ello, la consideró una medida que 'perjudica a millones de accionistas', pero también 'lesiva para el pueblo argentino'. Es decir, una 'pésima decisión para España y para Argentina'.

Para el Ejecutivo español, esta medida de las autoridades argentinas rompe el clima de cordialidad y amistad que ha presidido las relaciones entre ambos países, según García Margallo, que compareción junto al ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz.

Soria ha señalado que se trata de una decisión hostil contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español. De ahí que haya anunciado que las medidas que adoptará el Gobierno en los próximos días serán 'claras y contundentes' y haya asegurado que ya se está trabajando en ellas. Pese a entender que Argentina ha roto las reglas del diálogo, Soria ha confiado en que este 'clarísimo gesto de hostilidad' no sea 'el principio de una escalada que sólo contribuiría a agravar más una situación ya de por sí grave'.

Los ministros de Exteriores e Industria han comparecido ante la prensa tras la reunión de urgencia que han mantenido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para analizar la situación creada con la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar YPF.

Según Soria, la decisión (mala para España y mala para Argentina, apuntó) afecta 'a los miles de accionistas que son propietarios también de YPF'. 'Cualquier gesto de hostilidad contra cualquier empresa española en el mundo, el Gobierno lo toma como un gesto de hostilidad contra el Gobierno y España. La decisión de Argentina en una decisión hostil y por tanto tendrá consecuencias', concluyó. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, iniciará este martes una visita oficial a México, a cuyo presidente, Felipe Calderón, pedirá ayuda para responder a la agresión que supone la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar YPF, filial de Repsol. Aunque la visita a México estaba prevista antes de que el acoso a Argentina sobre Repsol se recrudeciese, Rajoy aprovechará su desplazamiento para recabar su apoyo frente al Gobierno de Cristina Fernández, han confirmado a  fuentes gubernamentales a EP.

México ocupa en la actualidad la presidencia del G-20, el principal foro de debate económico que agrupa a los países industrializados y las potencias emergentes, y del que forma parte Argentina. La nacionalización de YPF también afecta indirectamente a México, pues la empresa pública Petróleos Mexicanos posee en torno al 10% de Repsol. Fuentes diplomáticas han calificado de 'impresentable' el anuncio de Kirchner, tanto por el fondo como por la forma.

Por su parte, García-Margallo convocará este martes al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, para trasladarle el malestar del Gobierno español por la decisión tomada por su país. La reunión tendrá lugar al mediodía en el Palacio de Santa Cruz, sede de Exteriores. El ministro ya convocó al embajador argentino el pasado viernes para expresarle su queja ante los rumores sobre supuestos planes gubernamentales para tomar el control de la compañía a través de la expropiación de acciones. La convocatoria del embajador se puede considerar la primera medida adoptada por el Ejecutivo español tras el anuncio de Cristina Fernández.