Alerta 'roja' por la reforma sanitaria

El semáforo de la exclusión sanitaria de Médicos del Mundo está en rojo para nueve comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja) por aplicar a rajatabla la reforma sanitaria y, en algunos casos, incluso, ir más allá de ella.

Rojo, amarillo y verde. Con estos colores califica esta organización la implantación en cada una de las CCAA del real decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y asegura la atención en caso de urgencias a menores y embarazadas.

Según el mapa dibujado por Médicos del Mundo, hecho público hoy, el desconcierto es generalizado, tanto entre el personal sanitario y administrativo como entre los usuarios potencialmente afectados.

Derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona tenía derecho a ella, denegación de asistencia a menores y embarazadas son situaciones comunes.

Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid son las regiones en las que más casos y de mayor gravedad se han recogidoLa aplicación de la reforma, además, ha sido muy heterogénea desde el punto de vista territorial, según la organización. Así, mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a inmigrantes sin papeles en sus sistemas sanitarios meses antes de que entrase en vigor la norma en septiembre, otros se han opuesto a ella, incluso en los tribunales. Es el caso de Andalucía y País Vasco, que han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra el real decreto.

El semáforo está en verde en Andalucía, Asturias, Catalunya y País Vasco, bien por no haber aplicado el real decreto o bien por articular las herramientas necesarias para asegurar la asistencia al colectivo inmigrante en cualquier circunstancia.

La luz amarilla está encendida en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, pues aunque aplican la norma se han dotado de algún procedimiento de atención a las personas sin tarjeta sanitaria más allá de los mínimos establecidos.

No obstante, Médicos del Mundo denuncia que se han registrado casos de denegación de asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas, incluso en las calificadas como verdes, aunque habitualmente en éstas la disposición a solucionarlos es favorable.

Se da el caso también de algunas autonomías que han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no urgencia.

Existen también diferencias entre las autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del real decreto. De hecho, sólo seis (Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana) han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicación o carta a los profesionales sanitarios).

La organización ha detectado una gran diversidad en la aplicación incluso dentro de las mismas comunidades, de tal forma que en cada centro se está aplicando de una forma distinta, según las órdenes implícitas de las gerencias provinciales, de la jefatura de servicio o el criterio del personal administrativo o sanitario que recibe al paciente.

Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid son las regiones en las que más casos y de mayor gravedad se han recogido. La recopilación de Médicos del Mundo refleja un amplio abanico de "historias de exclusión" en las doce comunidades en las que tiene presencia.

Es el caso, por ejemplo, de Amadou, un guineano sin tarjeta sanitaria, que fue atendido en urgencias en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza de una insuficiencia renal y que, a pesar de necesitar diálisis tres veces por semana, se le hizo firmar un compromiso de pago.

En Tenerife se denegó la atención a Mercedes, una mujer embarazada de 22 años, con diabetes, por encontrarse en situación administrativa irregular. La primera ecografía no se le realiza hasta las 20 semanas.

Otro ejemplo es el de Fátima, una mujer marroquí, residente en Castilla-La Mancha, que no puede acudir a su médico para recibir tratamiento y seguimiento de la cirugía de extirpación de mama a la que fue sometida tras detectarle un carcinoma. Está en situación irregular y sin tarjeta sanitaria, aunque sí está empadronada.