El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano de coordinación de la sanidad española, se ha convertido una vez más en escenario de confrontación política. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP anunciaron ayer que no acudirán a la reu-nión extraordinaria del pleno convocada para mañana por Leire Pajín y en la que está previsto que se debatan temas tan relevantes como la Ley de Muerte Digna o la crisis de los pepinos.

De hecho, según fuentes de Sanidad, el Ministerio tiene previsto aprovechar la reunión de este órgano, que no se ha convocado desde diciembre, para informar a las comunidades autónomas, en el trámite de ruegos y preguntas, sobre la alarma alimentaria de los pepinos, que puesto en jaque al sector hortofrutícola español. En cuanto a la Ley de Muerte Digna, su paso por el pleno del CISNS es preceptiva para que el Gobierno pueda remitir el proyecto al Parlamento para su tramitación.

Las comunidades del PP piden aplazar la reunión de mañana

Los consejeros de las comunidades de Galicia, Madrid, País Valencià y Castilla y León, todas gobernadas por el PP, argumentaron ayer su plante indicando que, tras las elecciones del 22 de mayo, muchos de los consejeros están en funciones y habría que aplazar el encuentro. Los de Murcia y La Rioja, por su parte, no habían manifestado su decisión al cierre de esta edición.

Para justificar el plante, el consejero de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, tildó la convocatoria de "inoportuna e improcedente". Sin embargo, el titular de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, apuntó otro motivo para el boicot: la necesidad de que sean los nuevos gobiernos autonómicos surgidos tras el 22-M, y no los actuales, quienes opinen sobre la Ley de Muerte Digna.

Y es que, a su juicio, sobre esta ley deben posicionarse "los consejeros autonómicos que respondan al inmediato mandato de los lectores". La coordinadora de Participación Social del PP, la exministra de Sanidad Ana Pastor, fue más allá al asegurar a Europa Press que "se está vulnerando la voluntad popular" al convocar a gobiernos en funciones para que fijen su posición política en temas "relevantes" para el Sistema Nacional de Salud.

La crisis de los pepinos, entre los temas que Sanidad quiere abordar

Sin embargo, en Sanidad consideran que la estrategia del PP responde a una utilización política del órgano de coordinación sanitario, ya que la reunión de mañana es necesaria para tramitar el citado proyecto de Ley de Muerte Digna y otras normas como la futura Ley de Servicios Funerarios.

Según explicó ayer a Efe el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, se trata de "mantener la normalidad institucional" y seguir trabajando en "asuntos que interesan a los ciudadanos, independientemente de si el consejero de tal comunidad autónoma está en funciones o no".

De hecho, el CISNS verá también las nuevas normas para el transporte sanitario y tendrá que dar el visto bueno al reparto a las comunidades autónomas de más de 50 millones de euros para programas relacionados con los cuidados paliativos; la lucha contra el VIH/sida y el fomento de la investigación independiente en materia farmacéutica. Asimismo, se designará a Castilla y León, cuyo consejero no estará presente, para representar a las comunidades autónomas durante el segundo semestre de 2011 en las reuniones de la Unión Europea.

Pero uno de los temas pendientes que es más trascendente para la sanidad, el debate sobre el déficit sanitario, sí se analizará con los nuevos gobiernos autonómicos.

En este sentido, Sanidad convocará en julio otra reu-nión del CISNS para adoptar medidas tendentes a "paliar" el déficit sanitario, que por el momento nadie ha cuantificado de forma precisa, aunque todas las estimaciones lo sitúan por encima de los 10.000 millones. Para este tema Sanidad sí que ha decido esperar a que tomen posesión los gobiernos surgidos tras el 22M, unos comicios en los que el PP obtuvo una clara victoria.