Calatrava usó el nombre de Camps para forzar pagos

El arquitecto Santiago Calatrava envió a Francisco Camps, president valenciano, la copia de dos cartas en las que exigía a la Generalitat Valenciana que le pagara honorarios millonarios por uno de sus proyectos. Durante meses, los técnicos y altos cargos de la Administración se habían resistido como gato panza arriba a pagarle porque, según afirmaron, había incumplido el contrato y exigía mucho más dinero del pactado. Dos meses después de la última carta enviada a Camps, los técnicos y altos cargos cedieron y se avinieron a pagarle.

Así lo muestra el expediente de contratación del proyecto en cuestión, el Centre de Convencions de Castelló, al que ha tenido acceso IU (Esquerra Unida del País Valencià, en territorio valenciano). Marga Sanz, líder del partido, afirmó ayer que Camps "era conocedor de las exigencias del arquitecto a pesar de su incumplimiento del contrato". "Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron (...) para que finalmente Calatrava cobrara indebidamente 1,35 millones de euros", exigió.

IU denuncia que la Generalitat desplazó a los técnicos que no querían pagar

El tira y afloja entre técnicos y arquitecto duró casi un año, desde diciembre de 2008 hasta noviembre de 2009. En ese tiempo, los responsables del despacho de Calatrava enviaron al menos diez comunicaciones en las que se exige el pago de los 1,35 millones de euros. Antes, ya había recibido otros 1,35 millones.

Los destinatarios de las diez cartas en las que Calatrava exigió los pagos fueron la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la empresa pública de la Generalitat encargada de impulsar las obras, y también la Conselleria d'Economia. Hay cartas, faxes e, incluso, un requerimiento notarial. El recurso al president autonómico aparece en dos de estas cartas, adornadas con un pie de página discreto en apariencia pero elocuente en significado: "C. C. Molt Honorable Sr. D. Francisco Camps".

La anotación quiere decir que una copia del texto se enviaría al president autonómico, aunque en el expediente no hay constancia explícita de que Camps recibiera la carta ni de que contestara de forma oficial. Lo que es seguro es que los altos cargos que debían tomar la decisión final quedaban advertidos de que Camps estaba al corriente de las cuitas del arquitecto. La primera misiva fue enviada el 12 de febrero de 2009, y el destinatario era José Luis Villanueva, entonces director general de Grandes Proyectos en la Conselleria d'Economia. La segunda carta está fechada el 3 de septiembre del mismo año y se dirigió al conseller d'Economia, Gerardo Camps.

La Generalitat acusa a IU de interpretar de forma errónea los documentos

Poco más de dos meses después, el 16 de noviembre de 2009, la SPTCV dio su brazo a torcer y anunció a Calatrava que le pagaría. Lo hace a través de un fax en el que los responsables de la SPTCV dejan constancia de que no están de acuerdo con el proyecto enviado por Calatrava, que este ha incumplido el contrato y que, además, no le autorizan a seguir avanzando en la ejecución del proyecto, a pesar de lo cual autorizan el pago. En los cinco meses siguientes, la empresa pública extiende tres cheques que completan la cantidad requerida de 1,35 millones de euros.

IU destacó ayer que en el transcurso de las negociaciones fueron apartados de sus puestos los dos hombres que más se resistieron a pagar a Calatrava. Fue el caso de José Luis Villanueva y también de Eusebio Monzó, director de la SPTCV, que fueron trasladados a otros departamentos de la Administración en agosto de 2009.

En los meses anteriores a su relevo, ambos fueron objeto de las presiones del despacho de Calatrava para cobrar y firmaron varias cartas en las que repitieron sus argumentos para no pagar. Relataron que el arquitecto había enviado un proyecto en el que de manera unilateral triplicaba la superficie pactada en el contrato. Consecuentemente, el presupuesto se dispararía hasta exceder ampliamente los 60 millones de euros que habían sido acordados como presupuesto orientativo.

En comunicaciones internas de la SPTCV, los técnicos apuntan a que, de aceptar los planes de Calatrava, el precio total quedaría triplicado. En comunicaciones posteriores enviadas al arquitecto, Monzó rebaja la cifra estimada hasta los 90 ó 100 millones. Monzó exige a Calatrava que le entregue un "proyecto ajustado al contenido contractualmente establecido" como condición previa al pago de los honorarios.

Según el despacho del arquitecto, fue la SPTCV la que pidió el aumento de superficie, algo negado por la empresa pública. Además, Calatrava esgrimió el contrato firmado con la Generalitat, que le era verdaderamente favorable. El documento dice, por ejemplo, que si la SPTCV no pone objeciones a las propuestas del arquitecto, estas se consideran automáticamente aceptadas. También establece que los sobrecostes, lejos de causar penalizaciones, aumentarán los honorarios finales.

La Generalitat emitió la pasada semana un comunicado en el que negó cualquier irregularidad en la contratación y acusó a IU de estar interpretando de forma errónea la correspondencia analizada. En la actualidad el Centre de Convencions está paralizado por problemas urbanísticos ya conocidos cuando Calatrava cobró.