Público
Público

El candidato imputado de IU a la alcaldía de Sevilla no dimitirá

El código ético andaluz exige que las listas electorales locales no incluyan "imputados" // El texto federal impone la salida si hay procesamiento

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Quienes en Izquierda Unida esperaban que fuera Antonio Rodrigo Torrijos el que decidiera salir al paso y apartarse vieron ayer viernes defraudadas sus expectativas. Muy serio y solemne, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de IU a la alcaldía compareció solo ante decenas de medios para decir que no se marchará pese a su imputación en el caso Mercasevilla. “No dimito. Estoy convencido de mi inocencia”, afirmó.

Torrijos, que tiene el respaldo expreso de la dirección andaluza y federal de IU, defendió con “absoluta firmeza” su “total inocencia”. Salvo giro imprevisto, IU presentará como cabeza de la lista en la mayor ciudad de España en la que forma parte del Gobierno a un candidato imputado en un caso de corrupción.

En un auto de 4 de abril, la jueza Mercedes Alaya –la misma del caso ERE– imputa a Torrijos, vicepresidente de Mercasevilla hasta septiembre de 2010, por su “activa participación” en la adjudicación, supuestamente fraudulenta, de los suelos de la sociedad a Sanma, una filial de la constructora malagueña Sando. Alaya quiere saber por qué Sanma ganó el concurso ofreciendo 106 millones pese a que la granadina Noga ofreció 158. Torrijos defendió que la venta se hiciera por concurso y no por subasta, lo que finalmente se hizo y mermó los ingresos del Ayuntamiento. Alaya sostiene que todo el proceso de adjudicación estuvo amañado y que los pliegos fueron manipulados para favorecer a Sanma.

El primer teniente de alcalde defiende su 'total inocencia' en el 'caso Mercasevilla'

El edil, que dijo tener una opinión sobre la jueza pero prefirió reservársela, defendió la figura del concurso como mecanismo “contra la especulación” y para “el acceso a la vivienda a un precio justo”. La decisión, señaló, se tomó con el aval de todos los partidos (PSOE, PP, PA e IU). Negó cualquier irregularidad y que se trate de un caso de corrupción.

Torrijos afirmó que, de no haber comparecido en Sevilla, habría viajado a Madrid para rubricar, con más de 40 candidatos autonómicos y locales de toda España, el código ético federal de IU, que obliga a la dimisión a los cargos públicos “en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción”. No es su situación, dijo.

La redacción de ese punto del código federal no coincide con el texto andaluz, que compromete a IU a “imposibilitar la inclusión en las candidaturas municipales de tránsfugas e imputados por casos de corrupción”. El mismo jueves, antes de que se conociera el auto, el líder andaluz de IU, Diego Valderas, defendió la “dimisión inmediata” de todo cargo “imputado o en procesamiento” por “corrupción”.

Ayer Valderas aseguró que este caso “no está inmerso en ese código ético”, informa Efe. “El nombre que hoy se quiere manchar va a quedar limpio”, ya que “ha sido la lucha contra la especulación la que quizás ha dado origen a la imputación”.

El PSOE, socio de Gobierno de IU en Sevilla, sí que pasó factura a la federación por las múltiples peticiones de dimisión realizadas por Valderas en el caso de los ERE. Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento, aseguró que IU “debe ser coherente con lo que vienen diciendo” y agregó que los socialistas “no llevan imputados por corrupción en sus listas”. El PP, por su parte, pidió la dimisión de Torrijos y subrayó la “circunstancia desagradable de que el mismo día que en Madrid se aprueba un código ético el portavoz de IU en Sevilla está imputado por la comisión de un hecho delictivo”, en palabras de Juan Ignacio Zoido, el cabeza de lista por la ciudad.

Cayo Lara juzga 'serio' el asunto y se da tiempo para tomar una decisión

En Madrid, pocos minutos más tarde que la rueda de prensa en Sevilla, la sombra de Torrijos se sentía alargada. El propio coordinador federal, Cayo Lara, la hizo presente. Guardó 40 segundos de su discurso de seis minutos para subrayar que IU no tiene “conocimiento” del auto de la jueza, más allá de lo publicado por 'algunos medios', por lo que “es pronto para emitir un juicio con solvencia”. Sí advirtió de que el caso “es serio” y de que seguirá atento: “Respetaremos la decisión de la Justicia. Intentaremos responder lo antes posible, sea cual sea la evolución de los hechos”. Y expresó su “plena confianza” en la honestidad de todos sus cargos, en Sevilla y en España. Tras el acto, el líder, escoltado por los suyos, se escabulló y se negó a responder las preguntas de los periodistas.

Lara no deslizó críticas a la jueza. Sí lo hizo Andrés Ocaña, alcalde de Córdoba. Alaya, recalcó, tiene “cierta inquina” al grupo municipal de IU: ha imputado a dos de sus tres concejales en el Ayuntamiento de Sevilla.

Una dirigente dice que se marchará de la ejecutiva federal si el edil no se va

En la presentación del decálogo ético, un interviniente tras otro enarboló la bandera del “No todos somos iguales”, insistiendo en que IU es capaz de ir “más allá” que PSOE y PP en la lucha contra la corrupción. Lara renovó el “firme compromiso” de su formación con los ciudadanos para continuar con la “política de manos limpias y de intolerancia” frente a los que “envilecen y pervierten la democracia”, una lacra, abundó, 'inadmisible, indecente e incompatible' con el sistema. “Nuestro código ético no es papel mojado”, solemnizó, para contrastar con PSOE y PP. Sobre todo con este último, un partido que ha firmado también un manifiesto anticorrupción y que 'carece de credibilidad' en esta guerra. 'No se puede confiar en ellos', clamó.

La actitud de Lara incomodó a parte de la dirección federal, la que visibilizaron las dos redactoras del código y organizadoras del acto, las secretarias de Política Institucional y Municipal, Montse Muñoz –que recordó que el texto es 'de obligado cumplimiento' para toda IU– y Encarna Páez. Esta, en su introducción, avisó de que deberían dimitir los “imputados o procesados” por corrupción, y no sólo los segundos. Después, Páez, también alcaldesa de Villanueva de Tapia (Málaga) y perteneciente como Muñoz a IU Abierta (el ala cercana a Gaspar Llamazares), se desmarcó del coordinador en declaraciones a los medios. “No podemos caer en la incoherencia –dijo–. Si yo fuera Torrijos, dimitiría ya. Si exigimos lo máximo, tenemos que aplicar lo máximo, aunque nos duela”. La dirigente pidió diferenciar entre la 'responsabilidad política' y la penal, que debe dirimir la Justicia. Y en la primera los partidos deben actuar, 'por transparencia'. Todo ello, incidió, presuponiendo la inocencia del primer teniente de alcalde hispalense. 

Por la tarde, confesó a Público que si no se fuerza la marcha del edil, ella se iría de la ejecutiva federal. Su paso entonces por su responsabilidad en la cúpula habría sido fugaz, pues se integró en ella el pasado diciembre

IU ha reclamado dimisiones para cargos no siempre imputados

Hasta ahora, IU siempre había reclamado la salida de todos aquellos candidatos o cargos imputados. Obviamente, también de otros partidos. Ha pedido la dimisión de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana imputado por el caso de los trajes, entre otros cargos del PP afectados por la Gürtel, e incluso de dirigentes aún no imputados formalmente, caso del presidente andaluz, José Antonio Griñán, o su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. En los dos, por el caso de los ERE

Además, la doctrina de que todo imputado (sin que esté procesado) debe irse ya figuraba en su código ético de las elecciones de 2007 y en el plan integral contra la corrupción que Gaspar Llamazares y Joan Herrera, entonces portavoz de ICV, registraron en el Congreso en diciembre de 2009. Ese texto, que se convirtió en la referencia para Muñoz y Páez en este 2011,  comprometía a los partidos a 'solicitar la dimisión cautelar o imponer la separación provisional de la organización los cargos electos y de las instituciones los cargos de libre designación que tras su imputación por delitos vinculados a la corrupción estén inculpados o sean objeto de medidas judiciales cautelares'. Añade la iniciativa: 'La separación será definitiva cuando sean condenados por esos delitos; la dimisión cautelar no implica reconocimiento de responsabilidades penales, y tiene como objeto establecer un cordón sanitario entre la política y la peripecia judicial de los interesados'. En este caso, se acompañaba a la condición de imputado el apellido de las medidas cautelares. 

Punto número 8 del 'Compromiso ético por la regeneración democrática', de Izquierda Unida federal, presentado el 8 de abril de 2011:

'Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística'. 

Punto número 2 del 'Decálogo por la ética, la transparencia y la austeridad en las entidades locales', presentado por Diego Valderas el 25 de marzo de 2011: 

'Imposibilitar la inclusión en las candidaturas municipales de tránsfugas e imputados por casos de corrupción'. 

 


Autonómicos y municipales // En el acto político de ayer en la sede federal de IU, más vistoso que otros similares y bajo un sol implacable, participaron miembros de la cúpula federal (Lara, Muñoz y Páez) y más de 40 candidatos de toda España. Ocho fueron autonómicos: Gregorio Gordo (Madrid), Marga Sanz (País Valencià), Jesús Iglesias (Asturias), Adolfo Barrena (Aragón), José María González (Castilla y León), José Miguel Nuin (Navarra), Manel Carmona (Balears) y Daniel Martínez (Castilla-La Mancha). Entre la treintena larga de aspirantes municipales, Ángel Pérez (Madrid), Andrés Ocaña (Córdoba), José Manuel Alonso (Zaragoza), Aurelio San Emeterio (Toledo), Jorge Espina (Gijón), Manuel Fuentes (Seseña, Toledo), Pedro Moreno (Málaga) o Amadeu Sanchis (Valencia). Estaba previsto que a Torrijos le sustituyera el portavoz adjunto municipal de IU, José Manuel García, pero ayer no compareció en Madrid. 

Las palabras del federal // De 'día histórico' calificó Encarna Páez la jornada de ayer, incidiendo en que el código ético no iba a quedar en 'papel mojado'. 'La ética está dentro de las señas de identidad de IU. Pero hace falta ahondar, somos capaces de ir más allá'. Tras presentar los 10 puntos del documento, la secretaria de Política Municipal presentó a IU como 'la única fuerza en condiciones de firmar' un texto que es 'público' y 'obliga a todos'. Cayo Lara, por su parte, relacionó la corrupción con el modelo de desarrollo, que ha hecho que muchos vean en la política la 'mejor manera para enriquecerse de forma ilícita'. El coordinador subrayó que ayer se ponía 'negro sobre blanco' el compromiso de IU con unas 'instituciones limpias', y con la 'defensa a ultranza' de los intereses de los ciudadanos. 

Desfile de candidatos // El asturiano Jesús Iglesias recordó que 'en el ADN de IU está la honradez'. La valenciana Marga Sanz contrapuso el modelo de IU con el del PP de Camps, 'líder en opacidad y manipulación', ejemplo de 'ausencia de ética y corrupción' que ha montado un 'circo' en Valencia. El madrileño Gregorio Gordo dibujó una pintura de la Comunidad similar al País Valencià, pues Esperanza Aguirre ha hecho de la región un retrato de 'degeneración política insoportable'. Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y héroe para IU de la lucha contra los corrupción, advirtió de que esta práctica pone en juego 'la perversión de la democracia'. Y, por último, Andrés Ocaña, regidor de Córdoba, se refirió a la 'inquina' de la jueza Alaya y a la necesidad de cumplir el código interno: 'A pesar de que nos encontremos con situaciones dolorosas, cien veces firmaría [el texto]'. Es decir, que no debe haber excepciones en su aplicación para nadie. 

Más noticias en Política y Sociedad