El Gobierno ha calificado la operación como un 'éxito' y ha defendido la la actuación 'modélica' de los agentes de la Guardia Civil que esta madrugada han desalojado a 83 subsaharianos que ocupaban desde el miércoles la Isla de Tierra.

Sin embargo, el proceder de las autoridades españolas no ha tardado en suscitar las primeras dudas sobre la legalidad o la posible vulneración de derechos fundamentales de las personas que llegaron al pequeño terreno de soberanía española situado a tan sólo 30 metros de la costa marroquí.

La secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, considera que el Gobierno 'ha violado la legislación española e incumplido sus compromisos' en materia de inmigración al deportar en grupo a las más de 70 personas que se encontraban en Isla de Tierra, por lo que la organización estudia denunciar el caso ante los organismos internacionales.

Galán ha explicado que con la expulsión a Marruecos de estas 73 personas que habían llegado en los últimos días al citado islote español 'no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería -que prohíbe las expulsiones colectivas-, ni se ha permitido que posibles solicitantes de asilo puedan hacer su petición'.

'No puede ser que con el fin de evitar el supuesto efecto llamada y el freno a las mafias se violen los derechos humanos de las personas migrantes', ha apuntado Galán, para incidir en que Marruecos 'hoy por hoy es un país donde no se garantizan los Derechos Humanos y no es, por tanto, un lugar seguro para poder hacer una devolución de personas que puedan proceder de lugares donde no haya garantías'.

Además, Galán ha asegurado que si los expulsados desde Isla de Tierra siguen 'el mismo destino' que otros en su situación, 'se les dejará en la frontera con Argelia, donde los subsaharianos son bastante vulnerables porque hay mucha susceptibilidad contra ellos'.

'Vamos a intentar localizarles y entrar en contacto con ellos. Queremos tener la certeza de qué ha pasado con esas personas y estamos en proceso de valoración para ponernos en manos de organismos internacionales de derechos humanos y ver si se puede condenar esta situación', ha concretado.

Los socialistas, por su parte, han mostrado su apoyo al Gobierno tras la operación, si bien ha lamentado que el cauce de diálogo con Marruecos se haya abierto ahora y no en junio, ya que 'se podrían haber ahorrado algunos disgustos'.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el diputado adscrito a la Oficina Parlamentaria de Melilla y Secretario de Ciudades y Política Autonómica de la Ejecutiva del PSOE, Antonio Hernando, que se encuentra en la ciudad autónoma en unas jornadas de trabajo del partido.