Hartos e indignados. Así se sienten los comerciantes del barrio de El Cabanyal (Valencia) tras meses de bloqueo económico por parte del ayuntamiento. El pasado abril, el Tribunal Constitucional suspendió por segunda vez, a instancias del Gobierno, los planes de la alcaldesa, Rita Barberá (PP), de demoler 1.600 casas de alto valor histórico para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La primera edila contraatacó y suspendió todo tipo de licencias en la zona afectada. Desde entonces, los vecinos no pueden hacer obras en sus casas ni abrir o traspasar negocios.

Esta medida provocó ayer un hecho sin precedentes. La Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (Acipmar), que reúne a cerca de 150 socios, emitió un duro comunicado contra la suspensión de las licencias. El texto acusa al ayuntamiento de alentar "la degradación social y económica" del barrio e insta a Barberá a "desbloquear la actual suspensión del otorgamiento de todo tipo de licencias en el ámbito del PEPRI [el plan de El Cabanyal], siempre que no afecten a los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración del barrio como Conjunto Histórico Protegido".

Esta tesis coincide con un informe de la Abogacía del Estado que recalca que sólo deben suspenderse aquellas intervenciones que provoquen "un expolio" de los valores artísticos del barrio. Por contra, aquellas que supongan la reactivación económica y la revitalización social de la zona no sólo deben permitirse, sino incluso alentarse.

Pero la alcaldesa no cede. Ayer mismo, durante el pleno del consistorio, los conservadores hicieron uso de la mayoría absoluta en el ayuntamiento para tumbar una moción de PSPV-PSOE para desbloquear la suspensión de licencias.