Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación de Empresarios Españoles (CEOE) entre junio de 2007 y diciembre de 2010, está acusado de delitos en la Audiencia Nacional, sólo en la causa por la que ha sido detenido este lunes, que suman 16 años de cárcel.

El procedimiento que ha conducido a su arresto fue instado a través de una querella por las empresas turísticas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia (viajes Iberojet), que reclamaban 45 millones de euros a Díaz Ferrán, su socio (ya fallecido) Gonzalo Pascual, y quien se hizo con Viajes Marsans tras su quiebra, el empresario valenciano experto en liquidaciones Angel de Cabo.

El juez Eloy Velasco acusa al expresidente de la patronal de delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de dinero. Las penas máximas de estas conductas que suma el Código Penal alcanzan los 16 años de prisión.

El alzamiento de bienes se sanciona en el artículo 257 del Código Penal, que impone una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores", y también a quien, "con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación".

El delito de insolvencia punible del artículo 260, por su parte, señala: "El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre".

En cuanto al blanqueo de capitales, su pena se extiende de seis meses a seis años de cárcel, e incluye inhabilitación profesional de hasta diez años. Según la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía, Díaz Ferrán y De Cabo desviaron 4,9 millones de euros a cuentas suizas, aunque no se descarta que tengan más dinero en otros paraísos fiscales, para lo que el juez ha cursado comisiones rogatorias a otros países como Irlanda, Chile, Liechenstein o Panamá para buscar el rastro de su posible patrimonio oculto.

El expresidente de la CEOE comparecerá ante el juez Velasco seguramente este miércoles, y tras su declaración la Fiscalía y las acusaciones --en nombre de las empresas turísticas querellantes-- deberán pedir su prisión, bajo fianza o incondicional, o bien su libertad.

La edad de Díaz Ferrán --cumple 70 años el próximo 27 de diciembre-- puede jugar a su favor, ya que el Reglamento Penitenciario vigente favorece que el juez estudie inclinarse por la libertad condicional en caso de inculpados septuagenarios.

La causa que investiga el juez Velasco es sólo una de las siete que tiene abiertas el expresidente de la CEOE, dos de ellas también en la Audiencia por la quiebra de Marsans --pero instada por los minoristas afectados-- y por la compra de Aerolíneas Argentinas.

En el registro efectuado en el domicilio de Díaz Ferrán, la Policía ha hallado 150.000 euros en metálico y un kilo de oro valorado en 60.000 euros.

No es buena época para los representantes de los empresarios. El sucesor de Díaz Ferrán al frente de la patronal en Madrid, Arturo Fernández, declarará como imputado el próximo 14 de diciembre ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, por su condición de exconsejero de Bankia.