Decenas de comercios y locales arrasados, viviendas quemadas y dos mezquitas saqueadas en tres días de disturbios; entre 1.500 y 3.000 personas desplazadas y apartadas de sus casas durante días; 500 denuncias de agresiones recogidas por Cruz Roja. Entre el 5 y el 7 de febrero de 2000, España vivió una de las mayores persecuciones de inmigrantes que se han dado en la Unión Europea.

Una década después, El Ejido y la comarca del poniente de Almería, con 220.000 habitantes, siguen asociados a la agricultura intensiva, un modelo que se considera exitoso pese a los problemas. "Aquí, como en todas partes, nadie admite que es racista", sentencia Ubaldo Martínez Veiga, antropólogo y autor de un estudio sobre la exclusión social y el racismo en la zona.

Un 11% de los extranjeros vive en almacenes, según un estudio de 2006

La persistente lluvia caída estos días ha obligado a un grupo de marroquíes a arreglar el techo de un poblado de 40 chabolas en Tierra de Almería, en el término municipal de El Ejido. Mientras observa las obras, Younes comenta cómo para conseguir agua potable tienen que ir en bicicleta a San Agustín a dos kilómetros y cargar dos bidones de agua de ocho litros cada una.

Para lavarse toman el agua de las balsas, los depósitos que junto con los invernaderos, las plantas de almacenamiento y los pequeños asentamientos de chabolas siguen formando el paisaje del conocido como mar de plástico. Según un informe dirigido por Francisco Checa, profesor de Antropología Social de la Universidad de Almería, en 2006, un 11% de la población extranjera de la zona vivía en almacenes y un 6% habitaba en chabolas. Esta realidad afecta sobre todo a marroquíes y subsaharianos.

Población segregada

"No se encuentran españoles bajo los plásticos", dice un jornalero

"El estallido racista está relacionado con esta segregación espacial", apunta Checa, "y en ese sentido no se ha avanzado". Después de los ataques de la población española a los inmigrantes, ningún municipio de la zona se quiso acoger a los planes de la Junta para realojar a la población afectada. Hoy, Níjar y El Ejido siguen siendo las ciudades con mayor concentración de chabolas en Andalucía.

Mucho antes de que el consistorio de Vic vetara el empadronamiento a inmigrantes, el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por Juan Enciso (entonces en el PP, antes de fundar el Partido de Almería) ya era conocido por la misma razón. Hoy sí se empadrona, pero los abusos son frecuentes: Aicha, una marroquí de 33 años que aguanta en su chabola con la esperanza de conseguir un contrato de trabajo y los papeles, tuvo que empadronarse en Motril porque en El Ejido los propietarios le pedían hasta 200 euros para firmar el contrato. Cerca, Abdou, un joven senegalés, paga 150 euros por una habitación y un pequeño cuarto de estar en una casa abandonada.

Detrás de la barra en su cafetería de San Agustín, Fadoulasegura que ya no hay problemas con la población local. Pero Nourdin, que vive en el asentamiento de Tierra de Almería, tercia: "Hay de todo, yo sí noto racismo cuando voy a buscar trabajo y desde lejos me gritan que me vaya". Fadoul, que estuvo escondido 40 días tras las jornadas de febrero de 2000, insiste: "El mayor problema ahora es el paro", y alrededor asienten los hombres que llenan el establecimiento un viernes a mediodía. Quienes trabajan bajo el plástico siguen cobrando entre 30 y 35 euros por jornada, por debajo de los 44 euros que marca uno de los convenios del campo más bajos de toda España.

Este convenio permite descontar hasta en un 20% el sueldo bruto, por dar alojamiento. Juan José Rul, de COAG, habla de 192 alojamientos facilitados por los agricultores en la provincia de Almería. "Es cierto que se les tiene que ofrecer servicios a la gente que llega para que no tengan que malvivir", admite, cuando se le menciona el chabolismo. El responsable de inmigración de esta organización de agricultores menciona los saturados centros de retención de Canarias y la labor de emergencia de Cruz Roja como ejemplo a seguir en la provincia.

"En realidad, el único factor que controla el empresario local es la mano de obra", analiza el profesor Francisco Checa. Los agricultores venden sus lotes a las distribuidoras a precios por debajo del coste de producción, que lleva años subiendo. "Llevamos 3 años sin cubrir los costes", remacha Rul. Los jornaleros inmigrantes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que tiene tres oficinas en la comarca, señalan que los retrasos en el pago de salarios son frecuentes.

Todos coinciden en que el estallido racista no va a reaparecer por un supuesto enfrentamiento entre jornaleros españoles huidos de la debacle de la construcción y jornaleros extranjeros. "No se encuentran españoles bajo los plásticos, los únicos que hay son capataces", responde al instante Spitou Mendy, sindicalista de la enseñanza en Senegal y ahora representante del SOC en Almería.

El fantasma de este supuesto enfrentamiento se sigue agitando como único recuerdo del racismo que llevó al pogromo antimarroquí en febrero de 2000. "¿Qué habría pasado si 1.000 marroquíes hubieran cortado los accesos a un pueblo y aterrorizado por tres días a la población española?", se preguntan Mustafa Aït Korchi y Hafid El Rachid, que vieron su bar y su locutorio arrasados durante los disturbios.

"Al final, el único que cayó fue Pimentel", reflexiona Mustafa, en referencia al entonces ministro de Trabajo, del ala moderada del PP, que dimitió dos semanas después de los sucesos.

Pese a las horas de imágenes grabadas por Canal Sur, los abundantes testimonios y las fotografías, nadie en la comarca ha sido condenado por estos actos ni por nada de lo sucedido esos días. "En Almería, se cortan de raíz los brotes que amenazan plaga", rezaban los carteles de una campaña publicitaria de la Junta de Andalucía después de los ataques.