El fiscal tacha la instrucción contra Garzón de "insólita e insostenible"

Los que durante la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo calificaron de "insolente" la actitud de la defensa del juez Baltasar Garzón hacia el Tribunal Supremo ayer debieron llevarse una sorpresa. El fiscal de Sala del Alto Tribunal Luis Navajas fue quien profirió las mayores críticas hacia el magistrado que instruyó el proceso, Luciano Varela.

"La actuación del instructor es insólita e insostenible. En mis 36 años de experiencia, 25 de ellos en juzgados, jamás he encontrado una resolución semejante", aseguró el representante del Ministerio Público, al adherirse a la primera cuestión previa planteada por la defensa de Garzón. En esta causa la ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, quien tachó de "irregular" la labor que desarrolló Varela y que propició la apertura del juicio oral, con "efectos devastadores" para Garzón, señaló.

Defensa y fiscal insisten en que la acusación popular no basta para abrir juicio

Esa cuestión previa pretende la anulación de todo lo actuado desde que, en abril de 2010, el juez Varela dio instrucciones a las acusaciones populares para que corrigieran sus escritos de calificación, en los que solicitan 20 años de inhabilitación para Garzón. Para Martínez-Fresneda el escrito de la acusación, que ejercen bajo una misma representación Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ambos de corte ultraconservador, no era "válido", por lo que el instructor debería haberlo rechazado, lo que habría supuesto el fin del procedimiento. Lo mismo ocurría con el de la otra acusación, la ejercida por Falange Española de las JONS, que quedó fuera de la causa al no presentar en plazo su escrito rectificado.

"El escrito era inválido para acusar, pero, en lugar de limitarse a no admitirlo, el instructor optó por dar una segunda oportunidad a las acusaciones", explicó Martínez-Fresneda, que hizo hincapié en que el definitivo fue "un corta y pega" del auto de 3 de febrero de Luciano Varela, lo que "pone de manifiesto que no hay una acusación autónoma".

Más de lo que la ley permite

Plantean que se aplique la doctrina Botín' y Garzón quede exonerado

Navajas recreó lo ocurrido con un símil taurino. "Lo que hace el juez instructor es devolver el toro a los toriles, porque el morlaco no está bien presentado: carece de elementos para ser lidiado en una plaza de primera. Pero las facultades del presidente en una plaza son más amplias que las que la ley otorga al instructor", abundó. Tanto él como la defensa sostuvieron que las indicaciones de Varela fueron mucho más allá de las funciones de un instructor. "El juez colabora de una manera definitiva en reconstruir lo que era irreconstruible", afirmó Navajas.

Pero, además, el Ministerio Público no sólo criticó a Varela, también se refirió a la Sala de Admisión de la querella que dio origen al procedimiento, cuyas resoluciones vio "con cierto desasosiego", al parecerle que respondía "con sarcasmo" a los recursos de Garzón, cuando dijo que Varela "sólo sacó elementos sobrantes, en beneficio del acusado".

A juicio del fiscal, Varela lo que hizo fue "castrar el escrito de acusación" y depurarlo "de elementos sobrantes", pero esa actuación "no sólo es nula porque contradice la norma jurídica, sino que genera indefensión". Muy expresivo, Martínez-Fresneda señaló: "Si la acusación que hay contra mí no vale, prefiero no conocerla".

"¿Qué mayor beneficio para el imputado que se excluyesen los escritos de acusación?", preguntó Navajas, antes de señalar que, por eso, apoyó la recusación de los cinco magistrados de la Sala de Admisión, "acto insólito" que nunca habría pensado que tendría que utilizar.

"Lo que queríamos evitar es el bochornoso espectáculo de que un tribunal extranjero venga luego a corregir a nuestro Tribunal Supremo", aseguró el fiscal ante un centenar de incondicionales de Garzón, que asistieron a la vista cómo público, entre ellos, tres observadores internacionales.

No hacen falta más corredores

El fiscal también apoyó a la defensa a la hora de pedir que tampoco se continúe adelante con el juicio que está previsto que se reanude el próximo martes, con el interrogatorio de Baltasar Garzón, al aplicar la doctrina Botín, por la que el propio Tribunal Supremo estableció que la acusación popular no es suficiente para abrir juicio oral.

Navajas sostuvo que la Constitución otorga a la Fiscalía la defensa del interés público y se basta y se sobra para hacerlo, sin necesidad de que se "sumen corredores ahora al pelotón". Es decir, que no es necesario que la acusación popular actúe donde no considera oportuno hacerlo el fiscal, como ocurre en las tres causa abiertas contra Garzón.

La acusación califica de "fuego de artificio" la estrategia del juez

El fiscal y Martínez-Fresneda insistieron en que no se puede abrir juicio oral sólo a petición de la acusación popular, como ha ocurrido en este caso, donde no existen acusaciones particulares. La defensa añadió que "no hay ningún particular ofendido, porque no ha habido delito".

El Ministerio Público, que recordó que la doctrina Botín está pendiente de recurso ante el Constitucional, añadió que las acciones populares sólo pueden actuar de "forma adhesiva" al fiscal o a la acusación particular, que es la que representa al particular afectado por el delito investigado, circunstancia que no se da en la prevaricación imputada a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En lo que sí se quedó sola la defensa de Garzón fue en la necesidad de que la Sala cite a una quincena de juristas internacionales especializados en justicia universal, para acreditar el debate jurídico que vetaría que la decisión de declararse competente para abrir una investigación fue prevaricadora.

Manos Limpias, por su parte, calificó de "fuego de artificio" las cuestiones previas planteadas por Garzón y pidió que fueran rechazadas. Argumentó que la Sala Segunda del Supremo ya había refrendado las indicaciones que le hizo Varela para mejorar su escrito de calificación, del que se vio obligado a retirar 43 páginas, por lo que el tribunal no debe volver a pronunciarse.