@JoanCantarero

ALICANTE. La situación legal de la Isla de Benidorm es mucho más compleja que un simple conflicto turístico local; es un paradigma -quizá otro más- de un país que deja pasar los años sin reconducir asignaturas pendientes hacía la normalidad democrática, ahora que vamos a cumplir 40 años de las primeras elecciones libres desde la dictadura.

El caso denunciado de la Isla de Benidorm, que podría denominarse -por su singularidad- como un destacado ejemplo de nepotismo franquista, pone también de manifiesto el talante de sucesivos gobernantes que no se han atrevido, o no han querido, poner coto a ilegítimos privilegios de sagas y castas, que ejercen como propietarios de bienes y espacios públicos, llegando incluso a mirar para otro lado, dejando que estos perpetúen sus privilegios y leguen a sus vástagos concesiones y adjudicaciones del Estado, que estos mismos políticos les han concedido por mor a sus atribuciones.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, a instancias de la asociación Costa Blanca Marine, con el apoyo de Ecologistes en Acció, es la primera acción legal que se emprende desde 1990. En junio de ese año, siendo Carlos Solchaga ministro de Hacienda de Felipe González, se ordenó investigar la actividad opaca al fisco por parte de “un restaurante ilegal de la Isla de Benidorm”, tras recibirse entonces varias denuncias a la delegación de Hacienda de Alicante.

No sería hasta 2004 cuando el Ministerio de Medio Ambiente, a cuyo frente se encontraba la ministra socialista Cristina Narbona, prestara atención a la ahora denominada “Isla Pirata” para intentar su recuperación, ya que legalmente la ínsula es propiedad del Estado y no del municipio de Benidorm.

"El ocupante de la isla había creado un monopolio ilegal que impedía la libre empresa a terceros, habiéndose apropiado ilegítimamente de la isla y de su puerto", señala la denuncia

La investigación iniciada por el Ministerio de Medio Ambiente partió de una denuncia. La intención del ministerio entonces era revertir la ocupación, investigar tanto las construcciones ilegales como las actividades empresariales opacas montadas en torno a la isla y cuantificar los daños medioambientales causados. Exactamente lo mismo que ahora trece años después persiguen los denunciantes ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

A tenor de la documentación obrante que tanto el Ayuntamiento de Benidorm como la Generalitat Valenciana -bajo la presidencia de Francisco Camps-, ambos en manos del Partido Popular en aquellas fechas, prestaron muy poca colaboración limitándose a “cuestiones básicas” a los requerimientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Los denunciantes de 2004 fueron los empresarios David de Haro, junto a su padre, Juan Carlos de Haro, propietarios de Mundo Marino de Denia. En su denuncia pusieron de manifiesto a la ministra Narbona que “el ocupante de la isla, José Cervera, había creado un monopolio ilegal que impedía la libre empresa a terceros, habiéndose apropiado ilegítimamente de la isla y de su puerto, recibiendo un trato privilegiado por parte de los funcionarios de Puertos y Costas con adjudicaciones de rutas marítimas técnicamente perpetuas, ya que nunca salen a concurso”.

La denuncia

La denuncia sobre la que ha empezado a trabajar la Fiscalía de Medio Ambiente fue registrada el pasado 19 de diciembre de 2016 en Valencia, por Jorge Palacios, presidente de la asociación Costa Blanca Marine, que reúne a un numeroso grupo de pequeños empresarios y trabajadores autónomos de actividades náuticas, turísticas y subacuáticas de la costa valenciana.

Los hechos denunciados ante la Fiscalía lo son por delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, “en defensa del ecosistema de la Isla de Benidorm, en el entorno del Paraje del Parque Natural de la Serra Gelada, declarada como zona de especial protección ambiental por el Decreto 58/2005 del 11 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana y en defensa del medio ambiente, así como de prácticas corruptas y tratos de favor en el favorecimiento y omisión de medidas al respecto”.

Según Costa Blanca Marine la denuncia ante Fiscalía es consecuencia de los oídos sordos de la Consellería de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana “a la que hemos denunciado reiteradamente esta situación, tanto de la isla, como de las adjudicaciones, los tratos de favor y amiguismo por parte la de los altos funcionarios de puertos y costas que llevan ocupando sus cargos a dedo desde hace más de 25 años”.

La denuncia va dirigida contra “los promotores, propietarios, constructores, técnicos y directores del Complejo de Restauración que gestiona el jubilado y pensionista D. José Cervera"

La denuncia va dirigida contra “los promotores, propietarios, constructores, técnicos y directores del Complejo de Restauración que gestiona el jubilado y pensionista D. José Cervera Rodríguez, denominado “Restaurante L´illa” ubicado en la Isla de Benidorm, incluida y definida como zona de especial protección ambiental, dentro del Parque Natural de la Serra Gelada y contra las autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, bien por acción o por omisión, hayan informado favorablemente para la construcción y funcionamiento de la citada instalación, hayan permitido la obtención de las correspondientes licencias o no hayan realizado las acciones necesarias para restituir el orden legal”.

Esta denuncia convertida en Diligencias de Investigación 417/2017, que ha sido trasladada a la Fiscalía de Denia-Benidorm por tener sede la Fiscalía de Medio Ambiente, conllevará también la investigación patrimonial de José Cervera -y familia-, amigo personal y familiar de Eduardo Zaplana, tras décadas sin pagar impuestos por su negocio de restauración montado sin autorización alguna en la Isla.

Una parte clave de esta denuncia lo representa el informe de investigación realizado por la agencia Detectives Distrito 46 a lo largo del pasado verano-otoño en el que se pone de manifiesto en más de 200 folios y anexos documentales y video gráficos que el empresario José Cervera y su familia no solo han construido un espacio de restauración ilegal en una isla protegida, sin los correspondientes permisos -que por otro lado sería imposible conseguir al tratarse de un paraje de especial protección-, sino que no han hecho nada por mantener el mínimo respecto al medio ambiente.

Según el informe de la agencia de detectives es fácil ver “ruedas de vehículos, garrafas de productos tóxicos, somieres, tuberías, ladrillos, ropa tendida, plásticos, etcétera, lo que contraviene cualquier directriz de higiene y seguridad en un entorno protegido”.

Asimismo, añade el informe de los detectives que “se vierte agua sin depurar al mar y se bombea agua del mar para el uso particular de un establecimiento hostelero”. El informe incluye entre otras muchas fotografías de sendos motores diésel de gran tamaño, donde se observan charcos de aceites y combustibles que empapan el entorno del restaurante.

Preocupación en Compromís y Podemos

La diputada autonómica y portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Graciela Ferrer, ha manifestado a Publico que “ante las informaciones que denuncian la existencia de actividades hosteleras y turísticas irregulares en la Isla de Benidorm –incluida en el Parque Natural de la Sierra Gelada- así como irregularidades en la gestión de los amarres en el Puerto de Benidorm, desde el Grupo Parlamentario Compromís pediremos información a las administraciones competentes en relación con los hechos denunciados y las actuaciones que, en su caso, se estén llevando a cabo”.

“Así mismo -señalada la diputada- pediremos tanto al Consell como al Gobierno central que tomen todas las medidas oportunas para garantizar la protección del patrimonio natural y que las actividades económicas que puedan desarrollarse en este entorno protegido se ajusten estrictamente a la legalidad vigente”.

Por su parte Antonio Montiel, secretario general de Podemos en el País Valenciano y portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en Les Corts Valencianes, ha manifestado a este diario que “ante los hechos denunciados y que ha comenzado a investigar la Fiscalía formularemos preguntas parlamentarias al Consell y a través de nuestros diputados y diputadas en el Congreso, también trasladaremos al Gobierno estatal este asunto en función de sus respectivas competencias en la materia”.