"La melodía de la reforma suena razonablemente bien". Así ha reaccionado hoy la portavoz de la organización Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, ante las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al diario La Razón, en las que anuncia que la malformación del feto no será uno de los supuestos que permita abortar de forma legal. 

Gallardón no sólo eliminará, pese a las recomendaciones internacionales, el aborto libre (permitido –desde 2010– entre las 14 y las 22 semanas de gestación), sino que endurecerá aún más la antigua ley de 1985, que el Ejecutivo de José María Aznar jamás tocó. Y la noticia, que sólo fomenta las simpatías de una minoría, no ha tardado en agitar la polémica con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La asociación antiabortista, ligada a la plataforma ultracatólica HazteOír, fue una de las que aplaudió el anuncio del ministro, ya que considera la inminente reforma "un progreso histórico en la protección de la dignidad humana". "El fin del aborto eugenésico –así denominan los provida a la IVE por malformación fetal– conllevará salvar vidas de niños y niñas que, de otro modo, serán eliminados por tener una discapacidad", argumentan desde Derecho a Vivir.

El Gobierno quiere hacer aún más restrictiva la anterior ley, de 1985

"Cuando le contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño o una niña por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viniéramos de una época bárbara y oscura", continúa el documento. En el mismo sentido se ha expresado también el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que opina que el "aborto eugenésico es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto".

Pero, pese a apoyar el anuncio del ministro, Derecho a Vivir no cree que Gallardón cubra, con esa medida, todas sus pretensiones. "Es vital que el ministro no espere al otoño para presentar la nueva ley", añaden en un comunicado en el que instan al titular de Justicia a presentar ya sus propuestas para que la nueva normativa esté vigente en agosto.

Por si fuera poco, Gádor Joya también insiste en la supresión del "coladero" que, a su juicio, supone que el riesgo para la salud mental de la madre se considere –junto a la malformación fetal y el caso de violación– un supuesto de aborto, informa Efe. Su reclamación es, en resumen, "que el aborto no sea un derecho" en ningún caso.

"Hipocresía" del Ejecutivo y retorno al franquismo

Los partidos de la oposición y las plataformas feministas, en cambio, no han tardado en criticar ferozmente la "hipocresía" del Gobierno a este respecto. 

Así, desde el PSOE –la primera organización en poner el grito en el cielo ante el anuncio de Gallardón–, tanto la vicesecretaria general, Elena Valenciano, como la secretaria de Igualdad del partido, Purificación Causapié, manifestaron que la nueva ley sólo empujará a las que quieran interrumpir su embarazo a la "clandestinidad" y servirá para que se retorne a la "hipocresía" de la España de los 70, cuando las mujeres tenían que escapar a Londres para poder interrumpir su gestación. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, acusó al PP de querer imponer a toda la sociedad su "integrismo radical y peligroso".

IU cree que el ministro busca destacar entre la crisis y apretar las filas del PP

Aún más indignación que el PSOE mostró Izquierda Unida, que ligó las intenciones del ministro con su querencia al "fundamentalismo" religioso. "Cuando la religión y el poder financiero deciden la política del Gobierno, la democracia ha sido enclaustrada. En el Gobierno crecen los Torquemada. Ahora, Gallardón", escribió Cayo Lara, el coordinador federal, en su cuenta de Twitter. También en las redes sociales expresó primero su opinión el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares: "Primero fue el aborto en las menores, luego dijeron que sólo por indicación médica y ahora ni la malformación del feto. ¡Todas a la cárcel! Gallardón se convierte en el ariete del fundamentalismo religioso. El populismo penal para ocultar el asalto al Estado social". 

"Ni el programa más duro de la derecha plantea lo que hoy ha planteado el ministro". Llamazares, contactado esta tarde por Público, irradiaba irritación: "Su fundamentalismo dogmático nos va a colocar fuera del entorno occidental, fuera de las coordenadas del Derecho comparado". Por no hablar de que fomentará la desorientación de las gestantes, pues el siguiente paso que podría dar Justicia, anticipa, es eliminar el consejo genético (o sea, las pruebas que determinan si el feto está sano o no).

El diputado está convencido de que en el anuncio de Gallardón confluyen razones personales y políticas: "Él tiene la obsesión por aparecer con un perfil duro, la única imagen que le permite destacar e imponerse a la gravedad de la crisis. Así logra epatar, aparecer, y por eso cada cierto tiempo se saca una posición pública que, por cierto, no se compadece con su iniciativa parlamentaria, pues nada ha llegado a la Cámara de su contrarreforma penal. Por otro lado, subyace una cuestión de partido, pues con ese tipo de anuncios el PP cohesiona las filas de la extrema derecha que ve deshilachada por la crisis. Juega un papel de amalgama y abanderado ideológico de la derecha extrema, como si fuera un lefebvrista francés o el cabecilla de los provida".

"Quieren que las mujeres estén en casa con la pata quebrada", dice la feminista Infante

Sin embargo, ser punta de lanza de los ultras tiene, para Llamazares, una clara contrapartida: "Gallardón arruina definitivamente esa falsa imagen de moderado, y él lo sabe. Saca su cara de monstruo más amenazante". No obstante, IU confía en que las tesis del titular de Justicia se arrumben antes de ver la luz y sufran un viraje durante su trámite legislativo. "Es consciente –argumentó– de que aprobar eso nos retrotraería al franquismo". Llamazares ya tiene pedida la comparecencia del ministro en el Congreso. Partido Aragonés y Chunta Aragonesista pidieron su rectificación inmediata. "Es un insulto a las mujeres", condenó Nieves Ibeas, portavoz de CHA.  

Alto grado de mortalidad materna

"Gallardón hace caso omiso de los datos de la Organización Mundial de la Salud que demuestran que los abortos realizados en condiciones irregulares suponen un alto grado de mortalidad materna", lamentó la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. "Y no se da cuenta de que el aborto es un problema de salud pública de primera magnitud y que, por muy restrictivas que sean las leyes, no se evita", añadió.

"El Gobierno quiere que las mujeres vuelvan a estar en casa con la pata quebrada"

Su homóloga en el Fórum de Política Feminista, Nina Infante, también denunció el "atentado contra los derechos de las mujeres y del conjunto de la sociedad en general" que supone la contrarreforma del ministro. Además, Infante fue más allá y también criticó la "contradicción" que supone eliminar la malformación fetal como supuesto para el aborto y, a la vez, recortar las ayudas a la Ley de Dependencia. "Si no vamos a tener la posibilidad de tener menos personas con discapacidad y luego no vamos a poder darles la atención que necesitan, ¿qué pretenden?", se preguntó. "No lo dicen, pero está claro que el Gobierno quiere que las mujeres vuelvan a estar en casa con la pata quebrada", sentenció.

"Tiene gracia que justo cuando eliminan las ayudas para la Dependencia, Gallardón haga ahora este anuncio. ¿Eso es coherencia?", se preguntó también la directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Laura Nuño. "Con esa ley, el ministro sólo conseguirá crear un doble trauma en las mujeres que, ante semejante dilema, tengan que decidir entre irse del país para abortar o hacerlo aquí, en condiciones peligrosas para ellas, legal y sanitariamente hablando", concluyó.

El PP interpreta que el titular de Justicia "amplía derechos" y defiende "a los más débiles" Un auténtico raudal de críticas que el PP intentó frenar dando la cara por su compañero de partido, como ya hiciera en anteriores polémicas sin pestañear. El anuncio en La Razón cabe interpretarlo, dijo Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del PP, como una "defensa de los más débiles" y una "ampliación de derechos". "No hay ninguna normativa internacional que defienda la existencia de vidas de primera y de segunda", al contrario que la vigente Ley de Plazos del PSOE, aseveró Moneo en un comunicado. Más aún, la dirigente conservadora acusó a los socialistas de seguir estancados en un discurso del "siglo pasado" porque el aborto "no es un derecho", informa Efe.