Garzón dice que las escuchas no tuvieron efecto en la Gürtel

Las conversaciones intervenidas a los tres imputados en el caso Gürtel en prisión que pudieron afectar a cuestiones relativas a la estrategia de defensa "no han tenido ningún efecto en el curso del procedimiento". El juez Baltasar Garzón explica en un escrito ante el Tribunal Supremo, en el que se adhiere al recurso del fiscal contra la admisión a trámite de la tercera querella en su contra, que de esas escuchas no ha partido diligencia alguna de las realizadas en la causa, ni su contenido trascendió "de ningún modo en posibles preguntas del instructor o del ministerio público".

Es decir, no se ha vulnerado el derecho de defensa y por eso la querella de Ignacio Peláezex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario imputado José Luis Ulibarri es "incapaz de poner un solo ejemplo" de que Garzón "hubiera aprovechado" para instruir el caso la estrategia de defensa que iban a desarrollar los imputados.

Sostiene que las charlas entre presos y letrados no son inviolables

El escrito del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, no menciona la posibilidad de que las intervenciones sean anuladas, porque esta decisión no corresponde al Supremo, sino al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que hoy seguirá deliberando los recursos planteados por 23 defensas.

Sin embargo, niega implícitamente esta posibilidad al explicar que el ordenamiento jurídico no declara "la inmunidad absoluta de las conversaciones entre los internos de centros penitenciarios y los abogados que les visiten". Sobre todo, porque las ordenadas en el caso Gürtel se dirigían a evitar que se siguiera cometiendo el delito de blanqueo de capitales, que las detenciones habían puesto de manifiesto.

Las escuchas sobre la estrategia de las defensas fueron eliminadas, alega

En su recurso, la fiscalía explicaba que el primer abogado de Francisco Correa, el imputado en el procedimiento José Antonio López Rubal, fue quien escogió a sus sucesores y quien se reservó "un papel fundamental en la dirección y coordinación" de los letrados del caso. El alegado desconocimiento sobre la imputación de López Rubal es uno de los aspectos de la querella criticados por la defensa, por el que atribuye "mala fe" al querellante.

La defensa defiende que la querella sea rechazada, como sostenía la fiscalía en su recurso, porque no supera el necesario juicio de verosimilitud. "Ha faltado a la verdad y manipulado groseramente los hechos", señala.

Y, en cualquier caso, propone abrir el cauce del artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para comprobar, sin necesidad de tramitar la querella, que los actos de Garzón "están lejos de cualquier irregularidad flagrante o indefendible que pudieran ofrecer viso alguno de un delito de prevaricación o de un delito de escuchas ilegales".

Insiste en que su fin era destapar la trama de blanqueo de los imputados

Así, el Supremo podría recabar los antecedentes necesarios para rechazar la querella. Según el letrado, esta posibilidad se utilizó en los otros dos procedimientos abiertos contra Garzón el de la Memoria Histórica y el de los cobros en Nueva York, pese a que "costará trabajo encontrar un supuesto de hecho que se ajuste con más idoneidad a este precepto" que la querella de las escuchas, cuyo objetivo último es acabar con el caso Gürtel.

El escrito insiste en que el juez de la Audiencia Nacional autorizó las escuchas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y que el actual instructor del procedimiento, Antonio Pedreira, no sólo las ha avalado, al rechazar el recurso de reforma presentado por algunas defensas, sino que las prorrogó el 20 de abril, al hacerse cargo del caso. El dictamen definitivo está en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

La defensa argumenta que las conversaciones sobre la estrategia de defensa fueron apartadas de la causa o quedó fuera de la competencia de Garzón el hacerlo, al dejar de ser el instructor. Como han sido retiradas, no podrán ser tenidas en cuenta por el tribunal que juzgará la Gürtel, porque estará formado por jueces distintos a los instructores.

El Tribunal Supremo ha permitido que acusen al juez los dos principales imputados: Correa y su supuesto lugarteniente, Pablo Crespo. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se refirió ayer a esta circunstancia, admitiendo que, aunque pueda "extrañar", tienen derecho como "supuestamente ofendidos".