Garzón recurre para defenderse a juristas de prestigio mundial

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recurrió ayer el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que la semana pasada declaraba confirmados los indicios de que había prevaricado por haber abierto la primera causa penal contra los crímenes del franquismo. "Un auto que resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal", asegura el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su recurso. Lo resolverá la Sala de lo Penal del Supremo que admitió la primera querella en su contra.

A lo largo de 46 páginas, la defensa de Garzón, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, solicita nuevos testimonios, entre ellos, los de prestigiosos juristas extranjeros especializados en crímenes contra la humanidad, como Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, o Juan Guzmán, el juez chileno que abrió varias causas contra el dictador Augusto Pinochet.

Acusa al instructor de tener una idea preconcebida y una visión sesgada

Todos estos testimonios, entre los que también figuran los de los magistrados de la Audiencia Nacional que compartieron el criterio de Garzón en un voto particular, y el del fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que se opuso a la investigación, pretenden corroborar el pilar de la defensa. Consiste en que Garzón pudo equivocarse al abrir la primera causa penal contra los crímenes franquistas, pero no prevaricó, porque no hay este delito cuando la decisión acordada no es "jurídicamente indefendible". Y mal casa con esta definición que los jueces y fiscales mantengan abierto un debate jurídico sobre la materia.

Visión sesgada

En su recurso, Garzón niega los argumentos utilizados por Varela para atribuirle un delito de prevaricación que está penado con hasta 20 años de inhabilitación, porque ofrece "una visión tan sesgada de la instrucción llevada a cabo" por el juez de la Audiencia Nacional, "que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto".

La defensa califica el auto de Varela de

Es decir, según la defensa, "se ha considerado inaceptable que juez Garzón abra una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y a partir de ahí todas las decisiones tomadas en el seno de esa causa son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles".

Y, con "calificativos peyorativos" sobre su conducta, "el auto no duda en dar por sentadas unas conclusiones a priori", como que "sólo pretendería dirigir la apertura de las fosas (aunque no haya abierto ninguna), eludir las previsiones de la llamada Ley de la Memoria Histórica (a pesar de que ésta se promulga un año después de iniciarse la causa) y dar pábulo a unas asociaciones de víctimas que al presentar sus denuncias sólo habrían pretendido tomar el atajo más corto para localizar los restos de sus familiares".

Olvidarse de Falange

El recurso denuncia el uso de "calificativos peyorativos"

El recurso justifica en "esta idea preconcebida" que el auto de Varela sea "tan selectivo y parcial", como para obviar que no sólo el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad también de corte ultraderechista acusan a Garzón. Falange Española de las JONS se querelló contra el magistrado por "vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad", en referencia al dictador Francisco Franco y los generales que dieron con él el golpe de Estado contra la Segunda República que inició la Guerra Civil. La resolución de Varela no menciona a esta parte, a la que aún no ha fijado fianza.

El recurso se queja de que las asociaciones de víctimas del franquismo no hayan podido intervenir en el procedimiento abierto contra Garzón, "pero Falange Española, sí".

Tampoco incluyó el magistrado del Supremo ninguna referencia al rapto de niños durante la Guerra Civil y la posguerra, pese a que preguntó expresamente por ellos a Garzón cuando declaró en el Alto Tribunal el pasado 9 de septiembre. El recurso se pregunta por qué no aparecen: "¿Son delitos políticos? ¿Han prescrito?"

Subraya que Garzón pudo equivocarse, pero no prevaricó

El no mencionar las normas de reparto por las que correspondieron a Garzón las denuncias por los crímenes franquistas lo entiende la defensa "como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Garzón en ese procedimiento odioso era irregular".

Y entre las continuas críticas al auto del pasado 3 de febrero se recuerda que imputó a Garzón resoluciones que no firmó él, sino el juez Santiago Pedraz que le sustituyó durante la baja que sufrió, periodo que también parece que Varela cuestiona en su resolución. Pero la que no deja de ser paradójica es la relativa a desoír "las advertencias" de la fiscalía, que se oponía a la instrucción penal.

"Todas estas reflexiones, que parecen residenciar en el ministerio público el control de la legalidad procesal, chocan con la evidencia de que este mismo instructor está actuando en la misma forma que reprocha a mi mandante", señala el escrito para recordar que el fiscal no ve delito ni en este procedimiento ni en el también seguido contra Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en Nueva York.

Pertur y Ruano

Para rebatir jurídicamente las conclusiones de Varela sobre la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo, Garzón acude a las resoluciones dictadas en relación con la desaparición del etarra Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, y la muerte del estudiante Enrique Ruano, ambas producidas antes de la Ley de Amnistía del 77.

Los testimonios que el juez aporta en su descargo

Carla del ponte. Ex fiscal en La Haya  

La actual embajadora de Suiza en Argentina fue fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 

Eugenio R. Zaffaronni. Juez del Supremo argentino

Fue uno de los redactores de la sentencia que declaró la nulidad de la Ley argentina de Punto Final y Obediencia Debida. 

Juan Guzmán Tapia. Ex juez de instrucción 

Abrió causas a los responsables de la dictadura chilena y ordenó la exhumación de cadáveres de represaliados. 

Hugo Relva. Amnistía internacional 

El testigo es coordinador del Programa de Justicia Internacional de la organización Amnistía Internacional.  

Sergio García Ramírez. Magistrado 

Este juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue presidente de dicha institución hasta el año 2007. 

Carlos Jiménez Villarejo. Ex fiscal jefe anticorrupción 

El ex fiscal fue uno de los expertos a los que el juez Garzón acudió para hacer un censo de víctimas de Franco.