El Consejo de Ministros ha dado este jueves luz verde al Real Decreto por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual, a propuesta de los ministerios de Empleo y Seguridad Social y Educación, Cultura y Deporte.

Según ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con este decreto el Gobierno pretende "mejorar la formación y hacerla más profesional". Asimismo, ha destacado que el objetivo es "cambiar las fórmulas que permitan a más jóvenes tener una formación y que ésta esté más vinculada a la empresa", así como atender a los trabajadores "sin cualificación".

"Por primera vez se articulan de forma coherente y armónica dos ministerios para cambiar la manera de formar en España, adelantar el conocimiento de cómo funcionan las empresas, la entrada desde la edad más temprana a las mismas y la adaptación a otros europeos que están funcionando con buenos resultados en este momento", ha adelantado la vicepresidenta.

La primera parte del texto, la del contrato para la formación y el aprendiza, elaborado por el Ministerio de Empleo, regula un modelo alternativo a la educación reglada, que compatibiliza la formación con el trabajo, de manera que permite que un trabajador sin título pueda convalidar sus conocimientos con créditos de módulos de Formación Profesional de grado medio o superior.

Durante el aprendizaje los alumnos reciben una remuneración que ronda los 400 euros al mes 

La segunda parte, inspirada en el modelo alemán y desarrollada por el Ministerio de Educación, establece las bases de la Formación Profesional Dual en el sistema educativo, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. En este caso, serán las administraciones educativas autonómicas las encargadas de firmar convenios con las empresas donde los alumnos reciban formación práctica y remunerada.

Se trata de un sistema que tiene como objetivo primar la formación práctica frente a la académica en el ámbito empresarial. Tal y como se lleva a cabo en otros países, gracias a este tipo de prácticas, durante el aprendizaje los alumnos reciben una remuneración que ronda los 400 euros al mes y la mayoría obtiene su primer empleo en esa compañía.

Para el Gobierno, este modelo "mejorará la Formación Profesional a través de la conexión con las empresas" y dinamizará la empleación entre los jóvenes en un momento en el que el más del 52% de los menores de 25 años que quieren trabajar, no pueden hacerlo.

Los sindicatos manejan opiniones encontradas sobre este sistema. El pasado 6 de septiembre, los líderes de Comisiones Obreras y UGT confirmaron su voluntad de plantear, junto a organizaciones sindicales alemanas, un protocolo sobre la implantación en España de un modelo que, aseguran, habría evitado que 1,5 millones de jóvenes cayeran en las redes del desempleo. Sin embargo, las centrales advierten de las complicaciones que puede conllevar su implantación en España por la escasa dimensión de la mayoría de las empresas, pues este sistema necesita de la existencia de instructores que se responsabilicen de la formación. Asimismo, fuentes sindicales alertan sobre la posibilidad de que la falta de control fomente la "precariedad" o prácticas abusivas con las personas que están en formación.

Concretamente, CCOO advierte de que la FP dual regulada por el Gobierno generará mano de obra barata y causará distorsiones en el funcionamiento del sistema educativo.