El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado hoy al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede "embozar" si "corta el grifo" de la financiación a Cataluña.

El Gobierno ha anunciado hoy que comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum que quiere celebrar el 1 de octubre, de modo que suspenderá las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si corrobora que destina recursos públicos para ello.

Pere Aragonès ha calificado de "irresponsable" al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de "propaganda y amenaza" sobre los trabajadores públicos, los proveedores y los servicios públicos.

"Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado", ha denunciado Aragonès, que cree que éste "trata diferente" a los catalanes porque "votan de manera diferente a lo que ellos quieren".

"Esto demuestra que el Estado español no es un Estado de derecho ni respeta la libertad ideológica de los ciudadanos", ha incidido el secretario de Economía en declaraciones a los medios.

El Govern, ha comentado Aragonès, ya sabía que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "pondría todos los obstáculos posibles" a la celebración del referéndum, pero cortando el acceso de Cataluña al FLA, ha añadido, pondría en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales y el cobro puntual de funcionarios y proveedores.

En este sentido, Aragonès ha advertido al Gobierno de que "si algún día corta el grifo a Cataluña, su Estado se emboza". "No pueden hacerlo porque les afecta directamente a ellos. Las reputaciones están absolutamente cruzadas y la lectura que harían los mercados financieros es que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad", ha añadido.

El responsable económico del Govern ha recordado que la Generalitat, "de facto, está intervenida" desde que se acogió al FLA el año 2012 y que mensualmente tiene que hacer llegar al Gobierno un informe sobre el gasto.

El hecho de que ahora el Gobierno quiera comprobar semanalmente que la administración catalana no financia el referéndum que planea hacer el 1 de octubre con dinero público supone "más carga burocrática, más obstáculos y más dificultades" y un intento por "colapsar administrativamente" la Generalitat.

"Si tenemos que estar toda la semana preparando informes para ellos no nos dedicaremos a otra cosa", ha indicado Aragonès.

Ha subrayado, no obstante, que los dirigentes catalanes actuarán "con inteligencia y con responsabilidad" y que no caerán en la "trampa del miedo" que pretende tejer el Gobierno por la vía de la "amenaza".

"Si el Govern quiere comprar urnas lo puede hacer perfectamente", ha apuntado Aragonès, que ha insistido en que el ejecutivo catalán cumplirá con el mandato de los ciudadanos y celebrará un referendo el próximo 1 de octubre.